Pese al interés declarado de los dos últimos presidentes del directorio de Codelco, Oscar Landerretche y Juan Benavides, por involucrarse en detalle en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la estatal, y por introducir mejoras en los mecanismos de contratación y compra, la corporación no logra salir del foco de los organismos que la fiscalizan, como Cochilco y la Contraloría, ni de Ministerio Público.

En el pasado reciente, la cuprera vivió situaciones reñidas con la probidad y la transparencia, como la adjudicación de contratos en la división El Salvador -que terminaron salpicando incluso al ex presidente ejecutivo Nelson Pizarro- la contratación de seguros en la división Chuquicamata, así como otros procesos irregulares destapados por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) del directorio de la minera, que terminaron incluso con la salida de ejecutivos de la primera línea de la cuprera.

Todo esto ha opacado el proceso de modernización que la estatal inició en 2016, y que este año mostró avances, que la firma certificó y que le valen ahorros anuales por unos US$380 millones.