El Ejército avaluó en $ 5 mil millones el monto al que llegó el fraude cometido por funcionarios militares con los dineros de la Ley Reservada del Cobre.

Así se desprende de los resultados del sumario administrativo que realizó la institución castrense por el caso y que fue revelado ayer por radio Bío-Bío.

El documento también indica que el alto mando decidió remover a seis de sus funcionarios implicados, varios de los cuales ya están en prisión preventiva en un recinto militar en Peñalolén. Entre los sancionados se encuentra el coronel Clovis Montero, quien ha entregado información relevante en la causa.

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El informe señala que el monto exacto del fraude es de $ 5.483.709.087, lo que se produjo con la complicidad de cinco proveedores: Francisco Huincahue Necuñir, Inversiones y Comercio Capellán S.A., Pedro Antonio Salinas Reyes, Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Víctor Pinto Gaete.

Junto al llamado a retiro de la institución de Montero, se pide la baja del cabo segundo Juan Carlos Cruz Valverde, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, el sargento primero Luis Meléndez Carrillo y la sargento segundo Liliana Villagrán Vásquez.

La investigación dejó sin sanciones a los coroneles Ricardo Márquez López y Milko Maturana Mena, por acogerse a retiro antes de iniciada la investigación interna.

Esto último provocó las críticas del abogado querellante Cristián Cruz. «Es muy grave lo que aquí ha acaecido y el Ejército ha decidido cortar por lo más delgado del hilo y, por lo tanto, dar una señal a toda la institución que no deben entregar antecedentes que incriminen a los altos mandos en estos ilícitos constantes en el Ejército de Chile, que han significado la defraudación al patrimonio fiscal», afirmó el abogado a la citada emisora.

Junto a ellos hay otros 20 efectivos, entre coroneles, comandantes, sargentos y cabos, que resultaron implicados en el caso y que también recibieron diversas sanciones, entre las que se encuentran días de arresto, amonestación y suspensión del empleo, entre otras.

Tras revelarse este sumario, el Ejército informó, a través de un comunicado, que las causas por las que los funcionarios militares y civiles fueron sancionados fueron «faltas de control jerárquico, probidad administrativa y negligencia».