El Ministerio Público inició la indagatoria tras la querella interpuesta por el abogado Luis Gálvez en representación de Tecnocys, contra cuatro directivos del grupo internacional de ingeniería, con sede en Canadá. Ya fueron despachadas las primeras citaciones y diligencias.

Martes, 25 junio del 2019.-

Luego de tres meses desde que Codelco Chuquicamata pusiera fin anticipado al contrato con la empresa canadiense SNC Lavalín por las demoras en la construcción de dos plantas de ácido sulfúrico para la Fundición Chuquicamata por US$ 260 millones –lo que significó para para la minera estatal millones de dólares en pérdidas, la firma extranjera comenzó a ser investigada penalmente por el Ministerio Público.

Ello, porque la empresa subcontratista Tecnocys –que presta servicios de construcción y montaje industriales – interpuso una querella en su contra por el delito de estafa por más de $7 mil millones.

La acción penal fue ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado de la Corporación Luis Gálvez, y apunta a la responsabilidad penal de cuatro directivos de la firma extranjera.

Se trata del vicepresidente en Chile de la compañía canadiense, César Inostroza; del gerente general Andrew Curtis; del gerente de Finanzas Máximo Aybar; y del gerente de contratos Fruvio Ravolahy, quienes ya fueron citados por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente para que presten declaración en calidad de imputados ante la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile, BRIDEC.

A todos, de acuerdo a la querella, les cabría participación en el delito consumado de estafa, en calidad de autores, lo que deberá ser determinado en el transcurso de la investigación.

La querella

Según explica el abogado Sr. Luis Gálvez, la querellada “se presentó en Chile como una empresa importante para Codelco que permitiría implementar e iniciar una producción al 100% de la fundición Chuquicamata una vez que se cumpliera con las normas legales de emisión de gases, para lo que se requería la construcción de dos plantas de tratamiento de ácido sulfúrico para adecuarse a la normativa ambiental vigente”.

Lo que ocurrió, agrega el abogado querellante, “fue que se adjudicaron grandes contratos a SNC Lavalín Chile por parte de Codelco que nunca fueron ejecutados por la firma Canadiense, sino que eran derivados a terceros, subcontratistas, entre los cuales está mi representada, a los que se les informó siempre que SNC Lavalín era una compañía de gran viabilidad tecnológica y económica y que, el mega proyecto adjudicado directamente por parte de Codelco, estaba siendo pagado a medida que avanzaba en sus etapas”.

Asimismo, el abogado Luis Gálvez detalla que “mi cliente y otros proveedores y subcontratados, realizaron de buena fe todas las gestiones pertinentes para el desarrollo del proyecto, sin embargo, tomamos conocimiento luego que, con fecha 25 de marzo, Codelco Chile ya dados los incumplimientos graves y reiterados por parte de Lavalín Chile, decidió, de manera muy inusual en el ámbito de la minería, ponerle término anticipado a toda relación comercial con la firma extranjera, lo que significó su expulsión, al tiempo que la división Chuquicamata quedó con un retardo grave en la ejecución de la obra, generando pérdidas millonarias incluso ya reconocidas por la estatal.

“Ello también provoco un gran impacto social, ya que más de 1.400 trabajadores que dependían del contrato firmado entre la Corporación Tecnocys, con SNC Lavalin, quedaban en el más absoluto desamparo”.

Lo mismo ocurrió con los pagos correspondientes a los proveedores y subcontratados, para ejecutar el proyecto de la canadiense, quienes han sufrido las consecuencias del no pago por sus servicios.

El abogado Gálvez, puntualizando que “no es posible que una empresa Internacional logre adjudicarse contratos millonarios con Codelco, y simplemente un día, decida no cumplir sus acuerdos comerciales, toda vez, que no se trata de un simple incumplimiento comercial, por ello, en principio, debe investigarse la existencia de una modalidad de estafa a través de mecanismos sofisticados de negocios”.

La causa, en tanto, está en manos del fiscal Marcelo Acuña, quien ya despacho una orden de investigar, y en los próximos días se espera recibir las declaraciones de los propios imputados, y demás testigos de los hechos, no descartando la citación de ninguna persona.