Inversiones por US$ 754 millones y 650 empleos calificados están detenidos a la espera de la decisión de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que acogerá el arbitraje entre Corfo y Albemarle.

La decisión de acudir a esa instancia no fue fácil, según reconoció el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, durante una visita a Antofagasta.

Las tres empresas que se adjudicaron la cuota del 25% de la firma norteamericana a precios preferenciales deberán esperar entre uno y dos años para conocer el resultado de esa mediación.

El impasse tiene un impacto directo en la II Región, toda vez que al menos dos de esas firmas tenían previsto instalarse en Antofagasta.

En entrevista con `El Mercurio de Antofagasta`, Sichel reafirmó la posición del gobierno chileno en esa materia, adelantó detalles de la próxima licitación de la cuota de SQM Salar y los alcances de la licitación del «Instituto tecnológico de energía solar, minería de bajas emisiones y materiales avanzados de litio y otros minerales».

– ¿Cuál es la expectativa de Corfo en torno al hito de lanzamiento de la manifestación de intereses?
– La primera es que se armen consorcios con los grandes actores nacionales e internaciones en materia de investigación científica e industriales para presentarse a este concurso, y que sean capaces de abordar los tres desafíos técnicos que propusimos (energía solar, minería de bajas emisiones y materiales avanzados de litio).

Pero también queremos que aborden los desafíos más institucionales, es decir, la generación de emprendimientos de base tecnológica. Que demuestren en su manifestación de intereses que entienden lo que queremos: que el péndulo se mueva completo y no se quede atrapado solo en líneas de investigación, sino que ésta salga al mercado para generar industria en Chile.

– En esa materia las bases impusieron metas a los consorcios…
– Así es. Hay dos metas claras, la primera y más importante es que les pedimos que destinen parte del financiamiento privado a generar capital de riesgo para el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica que partan de la investigación de este centro. Y el segundo, es que al menos se financien 100 starups que emerjan de esa investigación. Eso es un gran cambio en la política pública que hemos hecho como Estado, sería una lástima que una vez que se acabe el financiamiento para este centro en 2030, no haya quedado nada y la forma de asegurarnos que eso no ocurra es generando emprendimiento.

– Respecto de las startups ¿Habrá requerimientos para que tengan alguna base regional?
– En esta etapa de manifestación de interés, no. Queremos que el consorcio nos diga el cómo. Pero como las bases están construidas de manera de premiar el impacto local, tendrán que demostrarnos cómo van a generar valor agregado a nivel regional. Si bien no hay una meta específica de cuánto, la pelota se la entregamos a ellos para que nos muestren el impacto que quieren generar a nivel local, porque según eso van a ser mejor o peor evaluados en la licitación.

FINANCIAMIENTO

Un aspecto que está generando dudas es el financiamiento proveniente de Albemarle, firma con la cual Corfo mantiene una disputa por otra de las cláusulas del contrato, la cual define los precios preferenciales para la manufactura de litio en territorio nacional.

Sorpresivamente, la semana pasada trascendió que el financiamiento basal del centro solo provendría de SQM Salar y no de la norteamericana, cuyo contrato fue firmado un año antes y respecto del cual ya provisionó US$ 7 millones en 2017 y proyecta una cifra similar para este año. La decisión de Corfo sorprendió incluso a la testera de Albemarle.

– El financiamiento del centro provendría de los contratos con Albemarle y SQM Salar; sin embargo, solo se cita a la segunda…
– Están ambos. El instituto que estamos licitando es con financiamiento de SQM, porque es un financiamiento basal y tenemos que ver si los privados y la academia pueden levantar el 30% necesario para eso. El aporte de Albemarle se va a gastar año a año para llamados especiales que surjan a partir del centro, ambos aportes se irán mixturando en el sistema.

Entregar todos los recursos a la gran base de investigación sin financiar los desafíos que surjan podía ser un error que ya hemos cometido y que puede terminar concentrando los aportes en los proyectos iniciales y no responder a las demandas específicas que puedan ir apareciendo.

– ¿Es algo que estuvo definido desde un comienzo o está condicionado por la disputa con Albemarle?
– Desde un comienzo. La discusión con Albemarle es con respecto al precio preferencial para los productores especializados para lo cual iremos a un arbitraje y seremos inflexibles. Si no se ofrecen precios más bajos para que se produzca una industria de valor agregado en el país no vamos a claudicar. Otra cosa son las cláusulas de I + D y otras del contrato.

– ¿Qué pasará con las empresas que se adjudicaron la licitación del 25% de Albemarle?
– Nuestra fiscalía está conversando con ellas. Las empresas están interesadas en la medida que haya un precio preferente para producir y hoy no hay acuerdo sobre eso. Ellas están esperando expectantes el arbitraje con Albemarle o bien que ésta cambie su posición.

– ¿Con la actual postura de Albemarle es imposible que se materialicen esas inversiones?
– El punto cardinal de estos contratos es la generación de valor agregado, no hay otro. No es el royalty ni la ganancia que pueda obtener el Estado, ese es el «desde». Por lo tanto, si el precio que termina ofreciendo Albemarle no es atractivo a esos productores es imposible aceptarlo, entonces no se cumple el propósito ni el espíritu del contrato y analizaremos otras posibilidades.

– Además del precio, el contrato tampoco definía bien el producto de litio que debía entregar la empresa. ¿Se solucionó ese aspecto?
– En esa materia las empresas que se adjudicaron la cuota han mostrado más flexibilidad para demandar otro tipo de producto.

– Las empresas tenían dos años para instalarse ¿Qué sucederá con esos plazos?
– Se desplazan a través de una modificación de las bases de licitación. Las empresas han sido muy colaboradoras y siguen interesadas en la medida que el precio efectivamente sea preferente.

NUEVA LICITACIÓN

Con ese antecedente, en las próximas semanas la agencia de gobierno lanzará un segundo Lithium Call, ahora para adjudicar el 25% de la producción de SQM Salar.

– Chile va a salir al mundo para llamar a una nueva licitación. ¿Cree que lo de Albemarle puede perjudicar esa convocatoria?
– No. Entendemos que una de las principales características del Estado de Chile es su estabilidad y certeza jurídica, y sentimos que con el arbitraje con Albemarle demostramos la seriedad con que abordamos estos conflictos. En ese punto la señal es clara: no estamos dispuestos a transar simplemente por llegar a un acuerdo si es que no entendemos que se cumple el propósito.

Sabemos que la decisión del arbitraje fue compleja y que posterga las inversiones, pero en realidad lo que estaba pasando es que impedía la instalación de manufactura en el país.

– ¿Cómo avanza la negociación con SQM?
– Eso lo está llevando fiscalía, están en plena negociación. Parte importante de nuestro propósito ha sido definir el precio y la cosa. Estamos avanzando de manera sostenida y probablemente la próxima semana estén listos los ribetes del algoritmo de la fórmula de cálculo del precio y los volúmenes de producto de litio con los cuales podremos llamar a licitación probablemente antes de fin de año.

– ¿Encontraron una mejor disposición para negociar?
– Encontramos disposición a negociar, cosa que con Albemarle no ocurrió.

– El contrato con SQM estipula un aporte a la región que alcanza el 1% de sus ventas. ¿Se definió la fórmula como se concretará?
– Primero, los recursos van a quedar en la región. Así está por contrato y ese es nuestro compromiso. Hemos avanzado con la Intendencia para buscar la mejor fórmula, ya que la cláusula es muy genérica. Se evalúan dos opciones: un contrato de donación o uno de transferencia.(eyn)