El viernes 16 de noviembre fue un día negro para Mina Invierno. Al mirar la página web del Tribunal Ambiental de Valdivia vieron que la aprobación al uso de tronadura para la extracción de carbón en Isla Riesco nuevamente estaba en duda. Tema no menor para la continuidad operacional de Mina Invierno, firma cuyos controladores son el Grupo Angelini y la familia Von Appen, y quienes han luchado por operar bajo esta forma de extracción desde noviembre del año 2015.

Días previos a ese viernes conocieron la nueva arremetida de la Asociación Alerta Isla Riesco, históricos opositores del proyecto junto con la familia Stipicic, quienes presentaron un recurso de reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental, quien cinco días después revirtió la aprobación del uso de tronadora obtenido en septiembre, a través de una medida cautelar.

El no poder hacer uso de esta herramienta de extracción los deja sin capacidad productiva, situación que quieren revertir para evitar un cierre de la operación, lo que podría suceder durante el primer semestre de 2019, fecha en que se terminan los compromisos contractuales de la iniciativa. De hecho, la firma emitió el viernes un comunicado interno donde anuncia la suspensión del proceso de contratación de nuevo personal que había iniciado para estar en condiciones para operar a máxima capacidad, y también la suspensión de la adjudicación de licitaciones para ampliar la capacidad de alojamiento del campamento.

También anuncia a sus empleados que agotará todas las herramientas judiciales para evitar el cese de la operación. Y fue así, pues ese mismo día presentó un recurso de reclamación ante el mismo tribunal, buscando revertir la medida cautelar, argumentando que dicha operación no es “accesoria”, como la califica el tribunal ambiental de la zona sur del país. “Hoy es la esencia misma de la continuidad de operación, y si no se inicia, hay un cierre inminente de la operación”, enfatiza el presidente del directorio de Mina Invierno, Marcos Büchi.

El conflicto y la demora en poder obtener el permiso -que comenzó a tramitarse en noviembre de 2015- tiene a Marcos Büchi “descorazonado”, pues señala que “la institucionalidad debe separar las oposiciones que van al fondo de aquellos que están usando el recurso para algo que no corresponde”. Añade que “en nuestro caso ha habido una oposición que tiene más el objeto de producir un cierre, por producirlo, que cuidar el patrimonio medioambiental” de la zona. Esto, porque el principal argumento del movimiento en contra de la Mina Invierno es el resguardar el patri- monio paleontológico de la formación geológica de Mina Loreto, lugar donde se está desarrollando la explotación de carbón de la iniciativa.

¿Cuáles son los puntos que, a su juicio, el tribunal no vio?

-Hay que reconocer que el tribunal determina esta medida cautelar con muy poco plazo. Yo entiendo que no tiene ninguna obligación de entender las externalidades, porque, además, no ha tenido tiempo de estudiarlas. Pero esta no es una operación accesoria, pues hoy día es la esencia misma de la continuidad de operación, y si no se aprueba e inicia, hay un cierre inminente de la operación. Eso es lo que queremos hacerle ver al tribunal y creemos que tenemos buenos argumentos, pues ese fallo tendrá su dictamen final con posterioridad a que se cierre la mina, es decir, no habrá una operación a la que se le aplique si es que no se revierte la medida cautelar.

Este no es el primer obstáculo que vive Mina Invierno…

-Esta operación minera ha tenido distintos obstáculos y hoy se nos presenta uno que es muy importante. La tronadura en la minería es algo natural. La razón por lo que ha sido conflictivo es porque hemos tenido reveses a nivel de la institucionalidad. Llevamos tres años en un proceso que a lo mejor pudo haber demorado seis a ocho meses y que hubiera significado que a fines de 2016 ya estaríamos utilizando la tronadura y estuviésemos aprovechando de producir a mayor tonelaje, contratando más personal y siguiendo adelante con nuestro plan.

Pero sabiendo el rechazo que generan, ¿no pecaron de ingenuos al darse victoriosos tan rápido?

-Si alguien alguna vez pudo haber tenido una sensación de victoria, no va por mi lado. Hemos sido muy cautos y humildes en entender que cada opositor tiene sus derechos y que lo pueden ejercer.

¿Hay cierto grado de frustración de parte de la compañía?

-¿Se nota?, yo estoy descorazonado, obviamente, porque problemas reales existen en toda operación y con estos temas de oposición, uno está dispuesto a sobrellevarlos y hacer diálogos, que en este caso no han tenido éxito. Pero mi preocupación es que es distinto decir que yo me preocupo de la continuidad del huemul -que no es el caso- a que usen como excusa ciertos elementos medioambientales donde el fin es otro y que es “yo no te quiero”. Ahora, ¿por qué razón?, si yo tengo una operación que cumple con la normativa, que es un lujo del punto medioambiental, que produce empleo de muy buena calidad y que se proyecta tal vez no a tantas décadas, y que usa un recurso regional. Ahí es donde no estoy de acuerdo.

¿Cuál es el uso que hacen sus detractores de la institucionalidad ambiental?

-En la región, cuando se hacen encuestas, más de dos tercios está muy de acuerdo con el proyecto, hay personas que están indiferentes y otros que están en contra, lo que es legítimo. Pero no es nuestro caso que las comunidades cercanas se opongan al proyecto, sino que tenemos ciertas personas donde algunos de ellos ni siquiera viven en la isla, pero usan ese argumento para cerrar la mina, no los entiendo. Esa persona que toma esa actitud no está teniendo en cuenta que existen mil trabajadores que están en una faena, operación que tiene estándares de calidad ambiental extraordinarios. Cuando uno habla que les va a quitar el trabajo a mil trabajadores directos, yo no los entiendo y ahí es donde digo que se usa la institucionalidad para efectos que no son los que se dicen.

¿Ese uso de la institucionalidad es el que genera incertidumbre en el empresariado?

-Cuando empezamos con la actividad operacional y determinamos que había que incorporar tronadura, ahí hemos sentido que hemos tenido reveses en la institucionalidad y de cómo se ha usado, y creemos que no debería ser el estándar para el desarrollo de proyectos. Una inversión de este estilo (US$ 830 millones) requiere de certeza jurídica y acá nos hemos dado cuenta de que la aprobación en los órganos administrativos, una y otra vez han sido revertidos.

Y eso para los inversionistas es una señal que no es correcta. Si vamos al tema de qué debe sentir el inversionista cuando entra a una actividad, además de tener que cumplir con lealtad y fidelidad lo que se le pide, debe sentir también que la aplicación de la normativa le permite operar, lo que no nos ha ocurrido en el último tiempo. Pero eso no significa que estemos pensando hoy que no podamos ser capaces de revertir esta medida.

¿La compañía no ha analizado cómo ha actuado en este proyecto?, ¿han sacado lecciones?

-En todo desarrollo empresarial uno saca aprendizajes y por supuesto que hay que preocuparse más de quienes pueden ayudarte y ser promotores del proyecto. ¿Hemos hecho todo lo que se podía?, la respuesta es no, pues pudimos haber hecho más, sin perjuicio de que hemos hecho mucho. Lo que pasa es que hace 30 años teníamos que hacer bien las cosas técnicas, pero hoy eso no es así y hay que hacer las cosas bien técnicamente y también hacer sentir que las personas que están involucradas en esto ganan con la actividad y hacerlas parte de.

Usted dice que la gente que está en contra del proyecto no vive en la zona, pero ha habido otros proyectos que han caído y cerrado por lo mismo. De hecho, HidroAysén es un ejemplo emblemático, ¿no sacaron lecciones de eso también?

-No voy a opinar de HidroAysén, pero creo que a ellos, tal vez, les faltó involucrar más a la comunidad de los beneficios. Nuestra relación con la comunidad magallánica es muy buena. Proyectos como este siempre tendrán oposición, pero la idea de uno es que ellos dialoguen y ofrecer en qué te puedo hacer parte para que todos ganemos.

¿Qué han ofrecido en la zona?

-Nosotros tenemos el invernadero más grande de la Patagonia y tenemos 200 mil plantas que se han usado en zonas de reforestación. Incluso, les hemos ofrecido plantas al Parque Torres del Paine y hemos reforestado otras zonas. El activo social para la comunidad que genera un proyecto como este, que es minero, es de mucho valor, y cuando se dice ¿podemos hacer algo más?, eso lo hemos hecho muy bien, tal vez debimos haber comunicado incluso más lo que hacíamos.

La decisión de los accionistas

¿Hicieron tronaduras antes de la medida cautelar?

-Ninguna. Con la rapidez que actuó el tribunal, nosotros ni siquiera hemos hecho llegar el material necesario a la mina para la ejecución de las tronaduras- y porque una vez que tuvimos la RCA, hay que pedir permisos sectoriales, en este caso a Sernageomin, que tenía que aprobar una serie de medidas que fueron recibidas recién la semana pasada.

¿En todos estos años en que han operado, Mina Invierno ha tenido números azules?

-Un año bueno, en el contexto de que el capital ha rentado al nivel que esta operación requiere, eso nunca ha pasado. Este año ha sido un año positivo. Los años anteriores incluso hubo pérdidas y al mirar los balances, se castigaron sobre US$ 200 millones como deterioro, eso dice el tremendo impacto que ha tenido la mala situación de precios y de proyección de la operación. Pero a partir de este año el problema es no poder hacer tronadura.

¿Inicialmente cuándo se proyectó el tener rentabilidades?

-El precio del carbón estuvo a un cierto nivel hasta el año 2011, 2012 y 2013 y luego comenzó a bajar. Lo que ocurre es que la empresa proyectó un precio del carbón que durante tres años no se dio y ese período fue excepcionalmente malo y aquí es importante destacar la importancia de la certeza jurídica, porque los proyectos no son independientes del tiempo, entonces cuando se producen las incertidumbres y no puedo operar cuando debiera hacerlo, cuando lo puedo hacer, eventualmente las condiciones de mercado son distintas. Las dilaciones a Mina Invierno le han sido especialmente nocivas. Hoy día tenemos una situación de mercado del carbón mejor y esperamos que se proyecte y que podamos usar tronadura y con eso podremos subir producción, aumentar el número de trabajadores y proyectarnos por un plazo razonable. Esperamos eso.

¿Nunca han podido operar a máxima capacidad?

-La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es sobre seis millones de toneladas. Se pudo operar a cuatro millones un año. Hoy día estamos a poco más de dos millones de toneladas, lo que indica que estamos a un tercio de lo planificado. Con eso, los costos fijos es algo que hace que uno termine en números rojos, entonces es fundamental poder volver a cifras sobre los cuatro millones de toneladas, lo que se logra con tronaduras y ojalá con un mercado razonable. Eso puede permitir proyectar la operación por un período que es el que permita el proceso de descarbonización chileno.

¿La compañía entonces solo ha subsistido por las espaldas financieras de los accionistas (Von Appen y Angelini)?

-Creo que la calidad de los accionistas ha sido fundamental, pero también debemos reconocer a los trabajadores, con la camiseta de continuar y una organización muy incentivada y mirando al futuro. Pero, por supuesto, los accionistas son fundamentales.

¿Hasta cuándo ellos quieren seguir solventando la operación?

-Entendemos que el tribunal va a conocer nuestras razones y revertir la medida cautelar, lo que tiene que suceder con mucha rapidez. Así, el año que viene la empresa puede desarrollar una operación que es con margen positivo, lo que permite aumentar la producción, contratar más gente y llegar al nivel de los cuatro millones de toneladas, lo que podría suceder ya para el año 2020. En ese caso, los accionistas, afortunadamente, no debieran sostener la operación, pues debiese ser totalmente autónoma. Ahora, si la situación de la tronadura no se resuelve, los accionistas están conscientes de que no se puede continuar, no es más que eso y van a tomar las decisiones que correspondan.

¿Vale la pena seguir dando una pelea tan larga y desgastante para un proyecto que ahora, dadas las condiciones del país, tiene una vida útil mucho más acotada que la diseñada?

-Estamos hablando de inversiones que generan trabajo, desarrollo, proyección, bienestar y calidad de vida, creo que la institucionalidad debe separar las oposiciones que van al fondo de lo que quieren de aquellos que están usando el recurso para algo que no corresponde. En mi opinión personal, en nuestro caso ha habido oposición que tiene más el objeto de producir un cierre, por producirlo, que cuidar un patrimonio medioambiental.

¿Esta será la última carta que se jugarán para la viabilidad del proyecto?

-La operación se acomodó a no tener tronadura, extrayendo carbón de todas las partes que podía. Hemos llegado el límite. Tenemos stock para cumplir con los compromisos contraídos, lo que es muy relevante. El primer semestre del 2019 se terminan los compromisos y, por otro lado, nosotros no podemos seguir explotando carbón en otras zonas, porque ya están bajos los mantos potentes de arenisca. Lo concreto es que nosotros no vemos posibilidad de que no se revierta esta medida, no hay proporcionalidad en ella.

¿No siente que la herramienta de cierre ha sido mal utilizada y que ha perdido validez?

-Yo hablé de cierre en febrero de este año por primera vez en mi historia profesional en Mina Invierno. Cuando partimos con esta indicación, a partir de febrero, se usó reiterativamente y hubo un lapso en que no lo hicimos y fue mientras el proyecto estaba siendo evaluado por el nuevo director ejecutivo de la institucionalidad ambiental para no interferir y hemos vuelto a hablar del asunto ahora. El decir la verdad no es el mal uso y no es presión ilegítima. Si como profesional no digo la verdad hoy y en cuatro o siete meses más cierro, fui deshonesto.(LaTercera)