La hasta ahora exitosa jugada que Julio Ponce realizó en el Tribunal Constitucional (TC) a través del grupo Pampa, para suspender el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi -que permite que esta última adquiera el 24% de las acciones que Nutrien posee en SQM-, podría no ser el último movimiento que se realiza frente al caso.

Así se desprende de los escritos presentados por Tianqi y Nutrien ante el TC, en los que esgrimen que, pese al acuerdo que hoy está congelado en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tanto Pampa como cualquier tercero interesado pueden iniciar nuevos procesos judiciales.

“Grupo Pampa y cualquier tercero interesado son libres de iniciar los procedimientos judiciales que estimen pertinentes, incluyendo procesos de libre competencia para objetar potenciales efectos del acuerdo”, señaló Nutrien, que es representada por el abogado José María Eyzaguirre ante el TC.

La firma canadiense fue más lejos e indicó que mediante dichos procesos, y en un escenario en el que la operación esté concretada, se “puede solicitar los remedios que estimen necesarios, incluso la desinversión de Tianqi en SQM”.

“Si en un proceso subsecuente se estimara que esta adquisición, pese a las medidas acordadas, no debió realizarse, esta compra puede deshacerse mediante una venta forzosa”, admitió.

De igual modo Tianqi -que cuenta con la representación de Arturo Fermandois-, señaló que el acuerdo alcanzado con la FNE, no extingue los derechos de los interesados de impugnar.

“El ordenamiento relativo a la libre competencia les otorga atribuciones a terceros para ventilar cuestiones atentatorias a la libre competencia”, dijo, insistiendo que la suspensión del acuerdo, le causa un menoscabo irreparable a la compañía, ya que se encuentra circunscrita a un Share Purchase Agreement que implica periodos acotados de tiempo para poder materializar la operación.

“La recurrente (grupo Pampa) podrá iniciar en cualquier momento (y pudo haberlo hecho ya) un proceso de lato conocimiento ante el TDLC para efectos de determinar cualquier posible efecto contrario a la libre competencia”, determinó.

Lo que viene

Así las cosas, el próximo 22 de octubre el TC desarrollará la audiencia de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ponce, en la que determinará si decide o no revisarlo. De admitirlo, el proceso, en el que se revisaría el fondo del asunto, podría durar meses y no implicaría que las partes desarrollen otras acciones.

El grupo Pampa -representado por el abogado Sebastián Oddo- ingresó dicho requerimiento por considerar que la norma que estableció el sistema procesal del mencionado acuerdo judicial, vulnera la garantía del debido proceso legal, en el fondo el derecho a defenderse.(LaTercera)