Un nuevo capítulo se escribió en la acontecida tramitación del proyecto minero-portuario Dominga. En una sorpresiva movida, el Ministerio del Medio Ambiente comunicó a primera hora de ayer su decisión de no asistir a la inédita conciliación que propuso el Primer Tribunal Ambiental, instancia a la que reclamó Andes Iron -dueña de la iniciativa-, luego que la administración Bachelet rechazara la construcción de la faena de hierro y cobre.

Desde la cartera liderada por la ministra Marcela Cubillos plantearon sus dudas respecto de que una medida como la conciliación fuera apta, considerando que la reclamación de la compañía apuntaba a una eventual ilegalidad en un acto administrativo, como fue, a su juicio, la decisión del Comité de Ministros.

Por eso, decidieron esperar el fallo del tribunal, puesto que la conciliación podría agregar más incertidumbre a todo el proceso.

«No contribuye a fortalecer la institucionalidad, que es tarea primordial del gobierno, entrar al final del proceso en una negociación directa con la empresa Andes Iron», señaló Cubillos.

Y añadió: «Reconocemos que el proceso de evaluación ambiental tiene falencias y debilidades (…) y lo queremos corregir por la vía legal, y no por esta vía, sino corremos el riesgo de que haya mucha mayor incertidumbre».

Si bien en la tramitación del recurso participan otras organizaciones interesadas -como lo son comunidades y grupos ambientalistas-, el tribunal con sede en Antofagasta había resuelto también ayer temprano que estas no podían oponerse a un hipotético acuerdo entre las partes principales, es decir, la empresa y el Comité de Ministros, representado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La conciliación era una instancia de carácter voluntario, por lo que la decisión del gobierno echó por tierra la idea del tribunal de explorar un acuerdo, algo inédito para este tipo de reclamaciones en los tribunales ambientales.

Cubillos señaló que si bien existe la conciliación para casos, por ejemplo, de compensaciones tras un daño ambiental, no correspondería para la discusión sobre el futuro de Dominga. «Dada la materia sometida a la discusión del tribunal, como es la legalidad de este acto administrativo, no contribuye a fortalecer la institucionalidad que este proceso se zanje vía conciliación», dijo.

Algunas fuentes señalaron que también existían dudas sobre la legitimidad legal que tendría cualquier eventual acuerdo al que se llegara, pues abriría un camino para que otros organismos lo impugnaran en instancias superiores.

Asimismo, indicaron que no seguir el camino trazado por la institucionalidad podría abrir la puerta para que los titulares de proyectos «jugaran sus últimas cartas» en un conciliación al final de la tramitación de las iniciativas, lo que impediría evaluar los impactos de las modificaciones acordadas.

Lo que viene

Tras declararse fallido el intento de conciliación (ver recuadro), ahora habrá que esperar el fallo del Primer Tribunal Ambiental, el que se conocerá durante abril.

«A partir de mañana comienza una nueva etapa procesal para nosotros como tribunal y entramos a una fase de sentencia. La ley contempla un plazo de 30 días, por lo tanto, creemos que (…) en abril sacamos la sentencia», sostuvo el ministro vocero del tribunal, Mauricio Oviedo.

De ser acogida la reclamación de la compañía, la sede judicial decretaría que se retrotraiga el proceso a una etapa anterior al rechazo, es decir, en su revisión en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo o al Comité de Ministros.

La Sofofa, a través de una declaración, valoró que el tribunal propusiera una conciliación, aunque también dijo entender los motivos del SEA para desistir. En el gremio empresarial recalcaron que es importante que el gobierno dé señales tempranas de que los proyectos son coherentes con la necesidad de inversión y el cuidado del medio ambiente.

US$ 2.500 millones es la inversión prevista para desarrollar Dominga si fuera aprobado.

»No contribuye a fortalecer la institucionalidad, que es tarea primordial del gobierno, entrar al final del proceso, en una negociación directa con la empresa Andes Iron».

»El proceso de evaluación ambiental tiene falencias y debilidades (…), lo queremos corregir por la vía legal, y no por esta vía (de conciliación)». MARCELA CUBILLOS MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE

( El Mercurio)