Una de las compañías que alega afectación en el proceso de ejecución de la Planta Recuperadora de Metales (PRM) es la Inmobiliaria y Constructora Medina y Asociados, quien además de requerir en sede civil un pago de $1.200 millones, también abrió una arista penal.

Esto porque presentó una querella por el delito de estafa contra las constructoras Alomir y Argeochil (quienes habían sido contratadas por PRM para desarrollar parte de los trabajos), pero incluyó a la sociedad propietaria de la planta y a Codelco.

El documento indica que fueron contratados por Alomir, quienes habían a su vez acordado trabajos con PRM en sus oficinas, ubicada en Los Militares 5890, «donde se da principio al delito».

«Es en estas oficinas donde suponemos se acuerda generar una red de contrataciones y subcontrataciones con el propósito de crear una red de prestadores que hiciera imposible o casi imposible el pago de las prestaciones de las decenas de empresas que fueron contratadas», dice el documento.

Agregan que Codelco se favoreció de esta trama porque permitía eludir el control administrativo de la Contraloría, ya que las licitaciones no fueron públicas al hacerlas a través de PRM. Sobre esto, la minera dijo que no han sido notificados.

( El Mercurio)