La entidad será el punto de validación de la propuesta a entregar al Ejecutivo en 2018.
Diálogo permanente, inclusivo y temprano, resolución de controversias, institucionalidad, evaluación integral de impactos y rol del Estado, son, entre otros, los conceptos que resuenan en el marco de la construcción de la política pública a entregar al nuevo Gobierno, en la búsqueda de ordenar la relación entre las empresas, las comunidades y el Estado cuando se trata de grandes proyectos de inversión.
IDT, “Institucionalidad de Diálogo Territorial”, como se le ha llamado al proyecto articulado por Alianza Valor Minero, constituyó este mes de septiembre un Consejo Consultivo, con el encargo de co-construir y trabajar sobre la modelación de la propuesta y los hallazgos de los cuatro estudios base de sus componentes estratégicos, que se encuentran realizando Espacio Público, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, la Universidad Alberto Hurtado y Fundación Casa de la Paz, con apoyo internacional de la Universidad de Queensland de Australia.
A la instancia fueron congregados los representantes de los sectores productivos que componen las grandes inversiones en el país y un grupo amplio de dirigentes sociales, líderes, representantes indígenas y expertos en políticas publicas, medio ambiente y participación. Destacan el ex Subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez; Javier Hurtado de la CCHC; Rafael Palacios de la SOFOFA; Juan José Donoso de la CPC, Juan Pablo Schaefer de Colbún; Carlos Finat de la Asociación Chilena de Energías Renovables; la experta en asuntos indígenas, Antonia Urrejola; Ignacio Larraechea de Acción Empresas; Dante Pesce del Centro Vincular de la Universidad Católica, y los dirigentes sociales Rolando Humire, Sergio Márquez y Nancy Lulion, entre otras personalidades.
“El contexto actual deja de manifiesto la urgencia de avanzar hacia una institucionalidad que promueva una inversión sostenible, que converse de forma exitosa y temprana con su entorno. Tarea que no puede ser sólo del sector privado, del Estado o de las comunidades. Tiene la obligación y la responsabilidad de construirse en forma conjunta”, señaló al respecto el Presidente Ejecutivo de Alianza Valor Minero.
“Estamos conscientes de que éste es un tremendo desafío, que debe conjugar un montón de variables que por su cantidad y magnitud son casi inabarcables en una sola política pública. Pero estamos trabajando junto a cuatro Ministerios del sector Público, el Poder Judicial, los gremios, ONG´s y líderes sociales con el espíritu de avanzar hacia la confluencia de las brechas en una respuesta sólida y robusta”, concluyó la Gerenta del Proyecto Danae Mlynarz.
Fuente: Valor Minero