Con el cobre cotizándose en torno a los tres dólares por libra -un alza de más de 30% en los últimos doce meses-, comienza a volver el optimismo al sector minero. Consultados por este diario, varios ejecutivos de empresas constructoras vinculadas al rubro dijeron advertir auspiciosos «movimientos» en los grandes proyectos del sector, mencionando los de Quebrada Blanca, Spence y Pelambres, además de los de Codelco. En el mismo sentido, aunque con cautela, se expresaron las empresas proveedoras: aún «no llueve, pero está empezando a gotear», precisa Pascual Veiga, el presidente de su asociación (Aprimin). Pero la viabilidad de las nuevas inversiones no solo está sujeta al precio, sino también a permisos ambientales, conflictos políticos, litigios judiciales. De allí que cifren sus esperanzas «desde 2018 en adelante» y sostengan que previamente deban despejarse «las incertidumbres eleccionarias».
Lo que está en juego es crucial para el desarrollo de Chile. De acuerdo a Cochilco, hay US$ 65.000 millones en proyectos mineros susceptibles de echarse a andar. Su impacto sobre nuestra futura producción de cobre -afectada por la declinación de la ley media de los yacimientos- puede ser sustancial. Pero además, como se constató entre 2010 y 2012, sus efectos multiplicadores sobre el resto de las actividades productivas, así como sobre el empleo y los salarios en las regiones mineras y en el país entero, pueden ser muy potentes. Desgraciadamente, los permisos ambientales necesarios para llevarlos a cabo están tardando mucho y suelen ser luego objetados en las instancias de apelación política o judicial. En palabras de Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara de la Construcción, «en Chile, se ha perdido la predictibilidad».
Podría argumentarse que tal vez la demora de las inversiones no sea tan mala para Chile, si ella provoca escasez en el mercado mundial del cobre, impulsando aún más el alza de su precio y de nuestros ingresos. Pero no estamos solos en ese mercado. Perú se está transformando en competidor poderoso, recibiendo vastas inversiones mineras y aumentando rápidamente su producción. El profesor Gustavo Lagos, de la Universidad Católica, comentaba en carta a este diario sobre la imponente feria empresarial minera celebrada recientemente allá, la que en su opinión ha eclipsado a nuestra Expomin. Un estudio de la consultora Plusmining ha llamado la atención acerca de que más del 80% de los proyectos nacionales son expansiones de minas existentes. En Perú sucede al revés: los yacimientos nuevos representan tres cuartas partes de la cartera de proyectos y su monto total es 47% superior al nuestro. La diferencia puede obedecer a que nuestro desarrollo minero es anterior, pero también, como acota Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, a que las dificultades políticas y judiciales que enfrentan tales proyectos se han probado mayores: «La señal que se ha estado dando -dice- es la de no desarrollar nuevos proyectos, sino simplemente expandir faenas ya existentes». Por cierto que el malhadado proyecto Dominga es un ejemplo de ello.
La preocupación por facilitar las inversiones es compartida por las principales candidaturas presidenciales. Tanto el ex Presidente Piñera como el senador Guillier han hablado de instalar una instancia en la administración del gobierno -incluso en La Moneda, plantea este último- para ayudar a los inversionistas en la azarosa tramitación de sus proyectos. La idea es valiosa. En el gobierno anterior operó algo semejante desde el Ministerio de Economía y el actual la ha aplicado en el de Energía. Pero más allá de sus méritos, la solución de fondo parece tener que ver más con la modificación de leyes y reglamentos -por ejemplo, en lo ambiental y lo indígena- que con una mera mejoría en su tramitación. Es comprensible que los candidatos prefieran no herir la sensibilidad ambiental o indigenista de potenciales votantes con propuestas que pueden ser mal entendidas, pero si plantean con claridad los cambios que propugnan, el voto puede conferirles el mandato ciudadano necesario para, llegados al gobierno, vencer las dificultades políticas y actuar en consecuencia.( El Mercurio)