Los representantes del sector privado esperan conocer antes de este jueves el reglamento que establecerá los requisitos que deberán cumplir los proyectos de responsabilidad social para poder ser reconocidos tributariamente como gastos. Acción Empresas, la Confederación de la Producción y del Comercio, Sofofa, Consejo Minero, Generadoras de Chile y otros gremios tendrán acceso a este texto -realizado por equipos de las subsecretarías de Hacienda y Economía-, que anteriormente ya recibió observaciones de más de 30 representantes de empresas, ONGs y asociaciones de trabajadores.

La finalidad de este instrumento es que los gastos para desarrollar proyectos sostenibles sean reconocidos como necesarios para el giro del negocio de las empresas, y puedan ser restados en la determinación de la utilidad para efectos del pago de los impuestos.

Hasta ahora, este tipo de gastos aparece en muchos casos como «gastos rechazados» por el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que implica que las inversiones de las empresas en equipamiento, luminarias u otro tipo de mejoras en la infraestructura de las comunidades aledañas a las operaciones queden afectas a lo que se llama un impuesto sanción de hasta 40%.

Hasta ahora, los únicos gastos que son aceptados por el SII son los que se incluyen en las Resoluciones de Calificación Ambiental y, por lo tanto, la novedad con esta iniciativa estaría en la inclusión de proyectos enfocados en ámbitos tanto sociales como económicos.

De hecho, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, afirma que «se debe dejar de considerar estos desembolsos como donaciones o filantropía y entender que los gastos en desarrollo sostenible forman parte de las estrategias de largo plazo de las empresas, que les permiten tener mejoras en productividad». Esto es refrendado por el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino: «Hoy no es posible desarrollar los proyectos si no inviertes en las comunidades donde te instalas. Eso es una realidad».

Reglamento para proyectos sostenibles, no para financiar camisetas

Una vez que esté operativo este reglamento, vendrá el desafío «de identificar aquellos proyectos de las empresas hacia sus comunidades que efectivamente tengan que ver con sostenibilidad. O sea, si van a financiar camisetas con el nombre de la empresa, no nos parece», señala Ignacio Larraechea, gerente general de Acción empresas.

Los gremios agregan que esperan que este reglamento establezca procesos simples y económicos.

El vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Transelec, David Noe, asegura que este cambio contribuirá aún más en el desarrollo de las comunidades: «Si es que no tuviésemos que pagar esta penalidad -del 40%-, el presupuesto destinado a relacionamiento comunitario podría destinarse íntegramente a estos fines», sostiene.

El director de políticas públicas de Sofofa, Rafael Palacios, agrega que además «fomentará el desarrollo de alianzas público-privadas», mientras que el vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, destaca que «puede beneficiar a todos, porque en muchos territorios alejados la empresa no puede reemplazar al Estado, pero sí puede cooperar con las necesidades que más valoren las comunidades».

Requisitos deberían tener costo cero

Según explica la abogada Alejandra Vallejos, quien es secretaria ejecutiva del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, la nueva norma exigirá constancias similares a las pedidas por los bancos en la solicitud de un préstamo. «La idea es que los trámites de las empresas para probar su sostenibilidad tengan costo cero, pues son papeles que generalmente ya tienen para ejecutar sus proyectos», afirma la abogada, y agrega que deberán ser consultados con las comunidades, se exigirán procedimientos transparentes, con auditorías de terceros y altos estándares éticos.

«Tenemos que dejar de considerar estos desembolsos como donaciones o filantropía y entender que los gastos en desarrollo sostenible forman parte de las estrategias de largo plazo de las empresas, que les permiten tener mejoras en productividad» .
Alejandro Micco, subsecretario de Hacienda( El Mercurio)