Como algo “extremadamente raro y curioso” define el Presidente Ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, lo que ocurrió con la votación del proyecto minero-portuario Dominga en el Consejo de Ministros el pasado lunes, sobre todo, indica, por la forma intempestiva en que se realizó la citación de sus integrantes “entre gallos y medianoche”, plantea.

En efecto y como era de esperarse, durante la semana este tema ha generado un amplio debate y una seguidilla de declaraciones. Inició con la decisión del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, de retirarse de la sesión antes de que se realizara la votación. El secretario de Estado adujo que no contaba con un “análisis profundo de los nuevos antecedentes presentados”. De hecho, con posterioridad él mismo confirmó que solicitó aplazar la resolución en 72 horas. «Efectivamente lo hice, pero el presidente del comité -Marcelo Mena, ministro de Medio Ambiente-, sostuvo llevarla el día de hoy, algo que está totalmente en el marco de sus atribuciones», explicó.

Luego entró en escena otro actor relevante, el exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que fue mucho más enfático y sentenció en entrevista con La Segunda que con esto “el Consejo de Ministros llegó a su fin”.  En este sentido, criticó que “la decisión del Comité deja un sabor amargo desde el punto de vista de que las cosas se deben hacer mejor” y agregó que “no es posible que un Comité de Ministros se cite de un día para otro sin tener los antecedentes disponibles. La citación debe ser con 10 días de anticipación para poder preparar una buena decisión”.

Incluso hubo declaraciones adversas desde el propio gobierno. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, dijo que se tomaron “decisiones de forma apresurada” y agregó que “nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para ver el equilibrio que necesitamos tener entre la inversión y el mantener la sostenibilidad, tanto medioambiental como en la relación con las comunidades”. En este sentido, recalcó que el crecimiento del país es fundamental para satisfacer las necesidades de la población. “Sin duda alguna la inversión es fundamental para la nueva realidad a la que está enfrentado Chile”, puntualizó.

En general las críticas apuntaban al poco tiempo que tuvieron los integrantes de esta instancia para evaluar los informes del proyecto. Cabe destacar que la citación para asistir a esta sesión se conoció recién el viernes pasadas las 20:00 horas, por lo que se cuestionó si efectivamente en este plazo tan reducido se podría analizar todos los antecedentes.

De visita a la región, el candidato presidencial, Sebastián Piñera, también se refirió en duros términos a lo acontecido en Santiago. En entrevista con El Día, manifestó que la determinación fue “muy política, improvisada y apresurada” y que “el daño que le han causado a la Región de Coquimbo, que está tan deprimida, que tiene tanto desempleo, que necesita progreso, es tremendo”.

Fue la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, la que salió a poner paños fríos a la situación y recalcó que en la oportunidad funcionó la institucionalidad. “Lo que ha pasado aquí es que es que las decisiones se han tomado sobre la base de consideraciones de carácter técnico y siempre ha sido así», enfatizó.

Pero cuando todos creían que ya el tema comenzaba a calmarse, este viernes se produjo otra declaración que no dejó de llamar la atención. Esta vez de parte del candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, abanderado de gobierno, quien calificó de “Brutalidad” y “Escandalo” lo ocurrido el lunes. «Obviamente acá hubo una falta de definición previa del Estado que es el que tiene que definir las reglas del juego inicial y luego la evaluación del proyecto se hace técnicamente», puntualizó.

De todo esto expresa su visión Iván Garrido, quien señala que en esta instancia de profundizó la “ilegalidad y arbitrariedad” que se vio en marzo en la Comisión Regional. Argumenta que es imposible que en dos días los ministros hayan podido efectuar un análisis técnico acabado de un proyecto que tiene 3 años y medio de tramitación para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y otros 14 informes que solicitó la comisión.

Por ello, enfatiza, irán con todos estos antecedentes a los Tribunales Ambientales, donde continuarán los esfuerzos para sacar adelante el proyecto minero- portuario en La Higuera.

-Tras la decisión del Consejo de Ministros se ha generado gran debate, con declaraciones del ministro Céspedes y el ex ministro Badenier respecto a cómo se llevó a cabo la votación. ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de la empresa?

“Para representar como lo vemos nosotros, diría que está para record Guinness. Esto porque el 3 de agosto se ofició a los ministros y se subió a la página web el 4 de agosto donde se dice que se les cita el día 21 para atender los asuntos relacionados con Cerro Casale, que es otro proyecto minero al norte. El jueves 17 se hace una rectificación de ese oficio donde se cambia la hora de las 8:30 a las 7:30 de la mañana, lo que ya era curioso. El viernes 18 a las 20:51 minutos se sube un oficio bastante confuso que lo que dice es que hay sesión ordinaria y que ahora se va a ver Dominga, no se entendía si se adicionaba, si remplazaba a Cerro Casale y se desata la llegada  los informes que había pedido en Comité de ministros”.

-Claro, se dice que 5 de los 14 se subieron el mismo día.

“Sí, se hizo el mismo día viernes entre gallos y medianoche, literal”.

-Era un tiempo acotado…

“Creer que un proceso de 3 años y medio, complejo, como es un Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto minero, los ministros y sus asesores puedan tener a la vista el resultado de los nuevos informes, a la luz del expediente, y resolver en consecuencia toda esta información antes del lunes a las 7:30 de la mañana a nosotros nos parece record Guinness. O sea, creer de buena fe que esos ministros iban a evaluar el mérito de todo el expediente en dos días, sin ningún día hábil de por medio, nos parece que la pregunta habría que hacérsela al ministro o al gobierno, cuál era la intención. Yo no sé cuál era la intención, pero lo que sí digo y decimos como empresa es que nos parece extremadamente curioso o raro”.

-¿Hay alguna forma de que la empresa pueda impugnar esta decisión del Consejo de Ministros?

“De todas maneras y no solamente eso, sino que la argumentación que da el ministro Mena, el presidente del Consejo de Ministros, cuando hace la conferencia de prensa a nosotros también nos parece inaceptable. Quiero decir con esto que no es autoritario que nosotros no la vamos a aceptar, porque no nos corresponde, sino que es inaceptable en términos de que no es consistente con el expediente del EIA”.

-¿Cómo van a proceder?

“Lo que vamos hacer y no nos queda otra, es ir a los Tribunales Ambientales, es decir, judicializar el EIA de Dominga. Entiéndase que toda la institucionalidad medioambiental que depende del Ejecutivo se agotó y se profundizó la arbitrariedad, la falta de motivación y la ilegalidad que nosotros reclamamos en la Comisión Regional. Con lo visto a la fecha respecto al procedimiento que acabamos de relatar, más los argumentos que habría que ver después cuando se plasmen en la resolución final, a nosotros nos parece que es evidente la profundización en la falta del Ejecutivo y, por lo tanto por eso es que hemos planteado cosas tan fuertes como el daño a la democracia, a la institucionalidad”.

-¿Pero eso lo alegarán en los Tribunales Ambientales? ¿No consideran ninguna otra instancia previa?

“No, vamos a ir a los Tribunales Ambientales. Ahora claro, hemos analizado otras alternativas, pero las hemos desechado. Nosotros vamos a actuar dentro de la institucionalidad de nuestro país, creemos que es un valor y lo que muestra la institucionalidad es que si uno se siente agraviado, como titular tiene que ir a los Tribunales Ambientales. El problema es que tienen menos cintura, el Comité de Ministros tiene amplias atribuciones y por eso es que nosotros teníamos tanta esperanza en que pudiera acoger nuestra reclamación, porque si la acogía podíamos entrar en el fondo y ellos podían poner condiciones, podían cambiar cosas, etc”.

-Se refiere al aspecto técnico

“Si se dan cuenta, lo único que ha objetado la argumentación en la Comisión Regional y el Comité de Ministros para un proyecto minero grande, importante, solamente es el número de barcos, o sea es el puerto y es curioso, porque es un puerto incluso inferior, con menos impacto que el que se aprobó por la misma administración, por el mismo Comité de Ministros y que fue ratificado por el Tribunal Ambiental, que está más cerca de las áreas protegidas y que tienen más barcos”.

“Entonces uno dice, aquí hay un problema de igualdad ante la ley, de igualdad de condiciones y que en el fondo se quiere afectar un proyecto robusto, grande, importante, que no ha sido objetado, por 4 o 5 barcos mensuales, por lo menos nos parece curioso que esa sea la argumentación”.

-De hecho el intendente señaló que el problema no era la mina, sino que el puerto y dejó entrever que tal vez podrían sacar el mineral por otra terminal

“Lo hemos escuchado no solamente al intendente, sino que a varios otros actores técnicos, políticos de la Nueva Mayoría. A mí me tocó hablar con la senadora Adriana Muñoz y ella decía que en realidad dos puertos era imposible. Bueno, para eso estaba el Comité de Ministros, si hubiese habido voluntad nosotros hubiéramos estado completamente de acuerdo en sentarnos en una mesa a buscar una solución, pero de buena fe, en igualdad de condiciones. Pero ahí es donde está el problema, porque el Comité de Ministros tiene esa atribución, el Tribunal Ambiental no la tiene, ese manejo que da la institucionalidad, el Consejo de Ministros tiene amplias atribuciones para decir OK, lo apruebo, pero con estas condiciones”.

ASPECTOS TÉCNICOS

-Además se mencionó que las medidas de mitigación eran insuficientes

“Nosotros planteamos dos alternativas, una era un centro de estudios que ni lo han mencionado, que era vinculante, que tuviera legitimidad social y que pudiera permitir un ordenamiento marítimo, que es lo que han hecho todos los países desarrollados. Todo el borde de la costa oeste de EE.UU, la zona de San Francisco, lo que hace es tener un ordenamiento marítimo en atención a la realidad de las especies protegidas. Frente a la bahía de San Francisco, California, debe haber 6 o 7 santuarios de la naturaleza y el flujo de barcos es mil veces mayor al que hay aquí y están operando legítimamente y han inhibido de manera significativa el daño a las especies protegidas”.

“Entonces, claramente aquí lo que uno ve es una intencionalidad de sacarte de la cancha. Ahora, cuáles son las motivaciones, no las sé, lo único que nos preocupa es que nos dijeron que teníamos que jugar en una cancha, jugamos el partido de buena fe y ahora nos cambiaron las reglas en la argumentación para sacarnos y para decir que perdimos el partido dicen que no se jugaba así. Es realmente muy frustrante”.

-De hecho, el exministro de Medioambiente planteó que el Consejo de Ministros había llegado a su fin después de esto

“Nótese que el ministro Badenier lideró el Comité de Ministros que resolvió lo de Cruz Grande y utilizó de manera proactiva la institución de este Comité. Estaba la misma discusión, lo curioso es que ahí Oceana y Chao Pescao no alegaban como ahora, eso es algo que hemos dicho varias veces, pero nadie lo atiende. Lo que hizo él fue buscar cómo se resuelve esto en el mundo e integró rutas de navegación en el EIA y las medidas voluntarias que existían las pasó a obligatorias. Hizo lo que ocurre en el ejemplo que yo doy de San Francisco, donde se definen rutas particulares para barcos metaleros, para los de petróleo, que son distintos y tienen que ver con cómo se mueven, como se comportan los cetáceos o las especies y con zonas restringidas que están cerca de los santuarios”.

-¿Eso se incluyó en el EIA?

“Nosotros tomamos en profundidad eso mismo y lo mejoramos, mejoramos la línea de base que tanto critica el nuevo ministro. Hicimos un nuevo levantamiento, que son dos días, pero era para las rutas de navegación. La argumentación del ministro Mena dice que hay una línea base insuficiente y solamente de dos días, lo que indica claramente que desconoce el expediente o hay mala intención. No sé, yo no estoy acusando nada, pero lo que sí estoy diciendo es cómo puede entender uno eso, o lo mismo cómo uno puede entender cuando plantea que nosotros no hicimos un estudio sinérgico, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental en el ICSARA 3, que fue algo muy impactante para nosotros, nos solicitó que teníamos que incorporar las sinergias con Cruz Grande”.

-¿Trabajaron en eso entonces?

“Yo pedí una reunión con el director ejecutivo del SEA en Santiago, el señor (Jorge) Troncoso, para preguntarle cómo lo hacíamos, porque en particular había una medida de emisiones en el EIA de Cruz Grande de la que no habían datos, o sea que no se había entregado esa información. Entonces, cómo me hago cargo de una sinergia de emisiones cuando ellos no tienen datos, le pongo cero, qué hago, por eso fuimos a pedirle ayuda. Hay capítulos que hablan de la sinergia del proyecto Dominga con respecto a Cruz Grande y que el ministro Mena diga así de livianamente que hay una línea base deficiente y que no hay un estudio de sinergia nos parece raro. Entonces, o desconoce el expediente o hay mala intención”.

-¿Y esa mala intención usted cree que pasa por el tema político, a qué obedece?

“Yo puedo tener una opinión, pero responsablemente me la reservo y habría que preguntarle a él o la administración de la Presidenta Bachelet por qué han actuado de la manera que han actuado a través de su ministerio del Interior, con el intendente Claudio Ibáñez, por qué él dice que está sobre la ley y eso se acepta y por qué el señor Mena procedimentalmente a hace todo lo que nos hemos referido aquí. Entonces uno se pregunta ¿Cuál es la intención aquí? ¿Nos querían sacar?

EL PROCESO QUE VIENE

-Ahora deberán ir a los Tribunales Ambientales de Antofagasta al parecer. ¿Perjudicaría que se están recién conformando, que no tienen jurisprudencia?

“Lo racional es estimar que nosotros vamos a tener que ir al tribunal de Antofagasta, porque ellos han dicho que van a iniciar sus actividades el 4 de septiembre, por lo tanto, este Comité de Ministros tendría que emitir el informe o la resolución respecto a lo que ha esbozado en ministro a finales de agosto”.

-¿Qué plazos tienen ustedes?

“Una vez que el Comité de Ministros emite la resolución, tenemos por ley 30 días hábiles para apelar a los Tribunales Ambientales”

-¿Ya están preparando la reclamación?

“La estamos preparando. Enviamos un oficio al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental pidiéndole que nos entregaran todos los antecedentes de los oficios, de las citaciones, de las informaciones técnicas que distribuyeron a los ministros, porque queremos recrear el expediente y el procedimiento, que se ve raro. Queremos tener todo eso a la vista y además las declaraciones del ministro Mena y del ministro Céspedes, que lo que él dice es que pidió 72 horas para evaluar. Esperamos que en el acta del Comité de Ministros, que debería ser emitida lo antes posible, que da cuenta de lo que sucedió en esa sesión, esté lo que dice el ministro de Economía”.

-Se supone que expresamente pidió que quedara en acta que él solicitó aplazar la votación

“Y salió de la sala y cuando lo hizo, según trascendidos en la prensa, el ministro Mena habría decidido votar, cosa que también es muy rara ¿Por qué cuando un ministro pide más tiempo para poder evaluar no se le da?

-Según han señalado los medios también, Mena argumenta que lo hizo porque ustedes pueden haber utilizado el silencio administrativo y pasar directamente a los Tribunales Ambientales

“Si, pero habría que preguntarle a ellos quién les hizo esa amenaza y si es amenaza, porque es un derecho constitucional que tienen los titulares de pedirlo. Si el conoce el expediente, nosotros a partir del 10 de agosto en adelante teníamos la posibilidad de ir de silencio negativo. Esto ocurrió el 21, si hubiese sido así lo hubiésemos hecho los días anteriores”.

“Nosotros estábamos de buena fe esperando que el Comité de Ministros pudiera resolver de acuerdo al mérito de la reclamación y al mérito del expediente de los 3 años y medio. Íbamos a recurrir al silencio administrativo cuando viéramos claramente si se dilataba después de las elecciones, por un problema de timing de negocios, era difícil esperar tanto. Entonces ahí dijimos, bueno, tendríamos que evaluarlo. Pero nunca mandamos ninguna señal en ese sentido y además no corresponde que un titular amenace, si es un derecho. A nosotros nos pareció, y da cuenta de nuestra buena fe, que había que esperar de buena fe que el Comité de Ministros operara”.

-El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, de hecho criticó que se afectaría la inversión

“Es que es tan invidente si tu vez los datos. La institucionalidad medioambiental, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que el país le ha dicho que es el competente para hacer las evaluaciones ambientales dice, en el caso de Dominga, que recomienda aprobar. Aquí hay una inversión de 2.500 millones de dólares. Nosotros queríamos invertir ahora en noviembre cerca de 30 o 40 millones de dólares en las obras tempranas, donde íbamos a generar una cantidad de empleos y desarrollo que se iba a sentir y percibir en la región, porque nuestro objetivo era empezar a producir el 2020, porque así lo amerita el mercado internacional y lo señalan los indicadores económicos”.

-Él agregó que la inversión es fundamental para la nueva realidad que está viviendo Chile

“El crecimiento de la región va en recesión, entonces uno dice bueno, cumple la institucionalidad, aquí hay empresarios que quieren invertir y que van a generar empleo. Pero resulta que la señal que da el gobierno transgrede la institucionalidad ambiental y detiene la inversión, es doblemente grave. Me parece absolutamente consistente, coherente, que una autoridad de Hacienda como el señor Micco salga por lo menos a plantear la duda, me parece que habla muy bien de ellos, del ministro Céspedes, del exministro Badenier, es una discusión que hay que por lo menos hacer y preguntarse por qué, cuáles son las motivaciones para transgredir la institucionalidad y para detener el crecimiento, y las razones ustedes las saben, son políticas”.

“Habría que preguntarle al diputado Nuñez por qué está ensañado con nosotros, al senador Guirardi, que ha tenido campañas. Aquí dicen que es trucho y muchas cosas, pero si cumple la institucionalidad que ellos mismos participaron el confeccionar. Entonces, hay una inconsistencia profunda, nos dicen que tenemos que jugar este partido, jugamos el partido, la resolución del partido técnico es que ganamos, a ellos no les gusta y dicen no, no se tiene que aprobar, es complejo”.

FRASES DESTACADAS

“Cuáles son las motivaciones, no las sé, lo único que a nosotros nos preocupa es que nos dijeron que teníamos que jugar en una cancha, jugamos el partido de buena fe y ahora nos cambiaron las reglas”

“La argumentación del ministro Mena dice que hay una línea base insuficiente y solamente de dos días, lo que indica claramente que desconoce el expediente o hay mala intención”

“La señal que da el gobierno transgrede la institucionalidad ambiental y detiene la inversión, es doblemente grave”

“Es una discusión que hay que por lo menos hacer y preguntarse por qué, cuáles son las motivaciones para transgredir la institucionalidad y para detener el crecimiento, y las razones ustedes las saben, son políticas”( DiaroElDìa)