En el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, tuvo lugar ayer la segunda audiencia de juicio por la denuncia que presentaron los dirigentes del sindicato de Radomiro Tomic, contra siete delegados que forman parte del movimiento que pide la censura y salida de la actual directiva, por los desencuentros que, aseguran, han tenido con las bases desde 2016. Proceso que finalizará el próximo martes 25 de abril, cuando el juez de a conocer la sentencia del caso.

El vocero de los trabajadores, Alexander Silva, explicó que el conflicto se desencadenó en diciembre del año pasado, cuando no se les pagó el bono que se suponía acordado por extender la jornada continua 7×7, lo que estaba aparejado a otras mejoras que se resolverían en la próxima negociación colectiva de 2018.

Génesis del impasse

«Ese bono, por $500 mil, debía pagarse en diciembre, no fue así y comenzamos a exigir el pago, porque además no hubo ninguna claridad por parte de los dirigentes, que decían que la empresa no los recibía. Fue así, que el 12 de diciembre el Turno Dos tomó el Punto Cero junto con los dirigentes», movilización que dio un vuelco luego que el gerente de Recursos Humanos emplazó a los directivos a que dijeran «la verdad» de lo acordado a las bases, detalló Silva.

«El acuerdo que habían firmado era totalmente distinto a lo que habíamos acordado, lo que se firmó era un acuerdo de Productividad y Mejores Prácticas. Nos dimos cuenta que firmaron algo a espaldas nuestras y hoy todavía no sabemos qué fue lo que se firmó. De hecho hemos pedido tres veces a la Inspección del Trabajo conocer el detalle y no nos ha llegado», criticó.

En esa oportunidad tres de los dirigentes firmaron su renuncia, mientras que un cuarto dirigente debía llevar esas renuncias a la Inspección del Trabajo, lo que nunca sucedió. «Fue cuando nos organizamos y hoy somos 11 delegados. Contratamos asesores jurídicos con nuestro dinero y organizamos reuniones para censurar a los dirigentes, pero antes de eso teníamos que hacer un cambio de estatutos», agregó el delegado, debido a que el actual sistema es demasiado protector del dirigente.

Luego de eso se votó el cambio de estatutos y se aprobó por 50%, y después la censura, que se acogió por un 54%, acciones que desencadenaron dos denuncias por parte de los dirigentes, las que Silva acusa también se hicieron sin consultar a las bases.( El Mercurio de Calama)