A siete días del inicio de la huelga en Minera Escondida, el Sindicato N°1 y la empresa BHP Billiton acordaron volver a dialogar, aunque las partes aún no han convenido una fecha y la paralización sigue.

Luego de que diversos diputados empezaran a pedir un rol más activo del Estado en torno al conflicto laboral de la privada, el Gobierno tomó la iniciativa de mediar en esta compleja negociación colectiva que derivó en una huelga el pasado 9 de febrero y que ha paralizado el yacimiento de cobre que representa el 25% de la producción nacional.

«Nuestro interés superior es que las partes lleguen a un acuerdo y que, por lo tanto, esa huelga legal se resuelva por los canales que establece nuestra institucionalidad», afirmó Paula Narváez, vocera de Gobierno.

Esto, en referencia a la invitación que la Dirección del Trabajo (DT) envió el lunes a las partes, para que reanuden las conversaciones. Se trata de una mediación oficiosa que podría derivar en más reuniones para establecer un plan de trabajo.

El sindicato fue el primero en confirmar su participación. «Entendemos que la autoridad lo está solicitando por el bien del país, y estamos dispuestos a ir. Se habla de que somos trabajadores de la minería privada, pero somos de un área productiva importante y aportamos al crecimiento del país», aseveró Carlos Allendes, vocero del sindicato.

La empresa también aceptó la invitación de la autoridad, pero expresó su molestia por los incidentes violentos del sábado, que habrían sido propiciados por un grupo de encapuchados. «Valoramos este espacio convocado por la autoridad laboral, como una oportunidad para iniciar una nueva etapa en este proceso, que debe alejarse totalmente de todo hecho de violencia, bloqueos y actos de amedrentamiento hacia trabajadores y colaboradores, como los vividos estos primeros días de la huelga», enfatizó Patricio Vilaplana, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Minera Escondida.

Sobre actos violentos

En este contexto, la minera interpuso el lunes una denuncia criminal ante la Fiscalía de Antofagasta por los delitos de amenazas, daños y robos con violencia o intimidación, además de una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Antofagasta contra quienes resulten responsables por el incendio ocurrido el 10 de febrero.

Paralelamente, la compañía interpuso una demanda en contra del sindicato ante el Juzgado del Trabajo, por prácticas desleales, «por su negativa a proveer la totalidad de trabajadores necesarios para la realización de los servicios mínimos y por su participación en actos que, a juicio de la empresa, demuestran mala fe en el proceso de negociación colectiva», expresó en un comunicado.

Ley de Lobby
A través de esa ley, el sindicato pidió una cita con representantes del Ministerio del Trabajo. La reunión será mañana. (  El Mercurio)