La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) alerta sobre el despido programado de 220 trabajadores de la Minera Sierra Grande.
El gobierno rionegrino ya confirmó el quite de subsidios que había comprometido con los inversores chinos para mantener la fuente de trabajo y los despidos se consideran “inevitables”, por lo que la localidad de Sierra Grande perdería su principal fuente de empleo y casi exclusivo motor económico.
La minería ha sido durante décadas el sustento económico de la pequeña población de Sierra Grande, de aproximadamente unos 8 mil habitantes, a 25 kilómetros de Viedma, la capital provincial. Entre 1973 y 1989 la explotación del hierro en manos de la estatal Hierro Patagónico Sociedad Anónima (HIPASAM) determinó el crecimiento de la localidad. En 1990 el gobierno de Carlos Menem decretó inviable la producción metalífera y la mina fue cerrada luego de un largo conflicto que finalmente dejó en la calle a más de mil trabajadores.
En 1993, ante la crisis económica y la devastación demográfica (habían quedado menos de la mitad de la población de más de 10 mil habitantes registrada a principios de la década), el gobierno de Horacio Massaccesi provincializó la empresay creó Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad Anónima (HIPARSA). Pero la empresa provincial apenas empleaba a 50 trabajadores para el mantenimiento de instalaciones y equipos en desuso. Un sector de la mina se concesionó para crear un circuito turístico de aventura llamado “Viaje al centro de la tierra”.
A partir de 2003 se intentó reactivar la explotación minera concesionando la explotación a empresas de capital extranjero. En 2006 una sociedad de capitales chinos, MCC Minera Sierra Grande S.A., se hizo cargo del proyecto y en 2010, ya con un plantel de 400 empleados, envió 54.000 toneladas de hierro concentrado a una siderúrgica china.
Ya desde principios de 2016 la empresa venía denunciando “sobrecostos” imposibles de asimilar, vinculados sobre todo con el precio del transporte marítimo. En una carta pública de Qifang Chen, gerente General, se afirmaba que la empresa “atraviesa dificultades financieras inesperadas y transitorias” debida a “factores externos” que habían generado una pérdida de más de un millón de dólares en tres meses. El texto también denuncia que las reuniones con la Secretaría de Minería no fueron positivas ya que se si bien se pudo avanzar en una disminución del precio de los fletes marítimos, no se eliminó el problema de los sobrecostos. Según la empresa, las cuentas no le cerraban ni siquiera después de la eliminación de las retenciones a la minería.
Por eso, en el mes de marzo del año pasado el gobierno provincial acordó un aporte estatal para sostener los empleos de MCC. Se comprometió un aporte global de 44 millones de pesos, con el compromiso de la empresa de mantener las condiciones y los puestos de trabajo, que entonces sumaban 413. El compromiso también incluyó la reincorporación de un centenar de despedidos y el compromiso de MCC de desvincular personal exclusivamente por renuncias o retiros voluntarios.
Los retiros voluntarios fueron avanzando y a principios de 2017 el plantel es de 260 trabajadores. En ese contexto el dirigente sindical de AOMA Ariel Arcos confirmó que en una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre la empresa y el gremio, MCC anunció la suspensión de la producción por seis meses y el despido de 220 empleados, pagando el 50% de la indemnización en efectivo y el resto en cuotas. Quedarán apenas 40 trabajadores para tareas de mantenimiento, a la espera de que aparezca un comprador para la empresa o mejoren los precios internacionales del metal.
Arcos manifestó: “Por el momento no se ha despedido a ningún trabajador de la mina, pero es inevitable y preocupante que se realicen los despidos y lo que nosotros estamos peleando desde Aoma Nacional es que se pague la indemnización de los trabajadores al 100%”. Y agregó: “Se está trabajando mancomunadamente con la Secretaria de Trabajo en conjunto con el gobierno provincial para conseguir los seguros de desempleo y otros subsidios para los trabajadores”.
La decisión de la minera se precipitó luego de que el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck de dejar de pagar los subsidios con los que la provincia estaba sosteniendo la producción minera. En diálogo con La Nación, el gobernador explicó: “No se puede hacer esto todos los años, no va a haber más aportes”. Luego detalló: “La empresa no puede seguir produciendo teniendo en cuenta lo que significa la diferencia del valor de la exportación y lo que le cuesta producir, el precio del hierro se paga 45 dólares la tonelada y la producción tiene un costo de 80 dólares”.
En estos días el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, viajará a la Ciudad de Buenos Aires para tratar de buscar con autoridades del Ministerio de Trabajo alguna solución al conflicto que condena nuevamente a la localidad a perder su principal fuente de sustento.
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