Hoy estamos construyendo el futuro energético de Chile y, como nunca antes, todos estamos participando. Estamos viviendo una verdadera revolución y no sólo por el significativo cambio que está viviendo nuestra matriz energética, que en 2050 alcanzará al menos un 70% de energía renovable. Es una revolución energética, política, económica y social.

Estamos creando e implementando políticas públicas consistentes y consensuadas a partir de una Agenda de Energía que marcó el comienzo de un nuevo rol activo, directivo y orientador del Estado en el sector. Realizamos un análisis profundo y abierto de la situación energética de Chile y nos encontramos con alta concentración, baja competencia, altos y crecientes precios, poca participación ciudadana y un nulo reconocimiento a las comunas que son grandes generadoras de energía.

La Ley de Equidad Tarifaria es un reconocimiento a estas comunas, que por muchos años han hecho un gran aporte a la producción eléctrica sin obtener nada a cambio e incluso debiendo pagar precios más altos de energía que Santiago. Hoy estas comunas, tan importantes para el desarrollo del país, tienen una baja sustantiva en sus cuentas de luz.

Atacamos los altos precios de la energía potenciando la competencia. Pasamos de tener cuatro licitaciones desiertas durante el gobierno pasado, a recibir 84 ofertas y una baja del 63% en el precio de licitación comparado con 2013. Las políticas energéticas que estamos implementando tendrán efectos por décadas sobre la economía del país y la sociedad, mejorando nuestra competitividad, productividad y constituyendo un impulso al crecimiento económico.

Esta visión de futuro nos motivó a crear la Ley de Transmisión Eléctrica, que será clave para potenciar nuestros recursos naturales e integrar las energías renovables a nuestro sistema. Chile tiene la radiación solar más alta del mundo en el norte, un potencial hidroeléctrico tremendo en el sur y fuertes vientos a lo largo de su territorio. Un sistema de transmisión robusto y con holguras nos permitirá realizar la integración a gran escala de estas energías y a un precio más competitivo.

La generación ciudadana es otro componente clave para alcanzar una matriz energética segura y sustentable. Desde 2015, todo chileno puede convertirse en productor de energía y venderla al sistema, gracias a la Ley de Generación Distribuida (Ley 20.571). Para asegurar que esta transición no deje a nadie atrás, necesitamos sumar este potencial a través de la participación activa de las comunidades.

Por el lado del sector público, estamos impulsando la incorporación de esta tecnología en los techos solares de nuestros hospitales, postas, escuelas, liceos, los centros de la Teletón y tantas otras instituciones que hoy también están operando como plantas generadoras de electricidad.

Estamos comenzando una nueva era más limpia, sustentable, inclusiva y transparente, donde la colaboración entre el Estado, la ciudadanía y el sector privado comienzan a guiar la innovación y el desarrollo en beneficio de todos.

Thomas Edison dijo una vez que «nadie es consciente de su capacidad hasta que la pone a prueba». En Chile, hemos constatado con todo el ímpetu de nuestra naturaleza que tenemos una ventaja comparativa gracias a las energías renovables. El mundo está avanzando hacia la sustentabilidad y los países en desarrollo, como el nuestro, tienen el mayor desafío: deben guiar al mundo por rutas pioneras y desconocidas de desarrollo sustentable.

Las energías renovables liderarán el crecimiento del mercado mundial energético en 2020 y su aporte podría llegar a los 700 GW, donde las economías emergentes aportarán 2/3 de esta expansión, como pronostica la Agencia Internacional de Energía. Con un Estado que promueve la inversión, la competencia y la cooperación entre los productores y los consumidores, las energías renovables pueden alcanzar su potencial y convertirse en la fuerza que impulse nuestra economía.

Estamos así construyendo una Política Energética con legitimidad social.

( El Mercurio )