Con firma quincenal y arraigo nacional quedó el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, quien fue formalizado por el delito de falsificación de instrumento público, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el fallido proceso de licitación del litio en 2012.

La licitación, que se realizó durante el Gobierno de Sebastián Piñera, fue adjudicada en una primera instancia a SQM, pero fue invalidada luego de que se detectara que la minera no metálica incumplía uno de los requisitos en las bases, que implicaba no tener causas pendientes con el Estado.

Fraude ideológico

Según expuso en la audiencia el persecutor Carlos Gajardo, de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Wagner estuvo implicado con la información falsa entregada en un documento público, que aseguraba que SQM cumplía con los requisitos para la licitación, lo que no era tal.

Según el Ministerio Público, lo anterior constituye el delito de falsificación de instrumento público.

Gajardo aseveró que existió fraude de carácter ideológico por parte de la ex autoridad de Gobierno. «Cuando la persona decide voluntariamente hacer una afirmación en un documento público siendo una autoridad tan importante, eso es constitutivo de delito y tiene la voluntariedad y el dolo necesario», expresó.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, aceptó la solicitud de la fiscalía, que pidió las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional, por lo bajas que son las penas por ese tipo de delitos, previo acuerdo con la defensa de Wagner.

Sin embargo, el abogado querellante, Cristián Rosselot, pidió la prisión preventiva, por lo que recurrirá con esa solicitud a la Corte de Apelaciones.

«A la luz de los antecedentes y la gravedad de los delitos que se le están imputando, la única conclusión es estimar que esta persona es un delincuente peligroso, por tanto, debe permanecer en prisión», comentó el abogado, según consignó Emol.

El ex subsecretario de Minería de la administración anterior, ya había sido formalizado antes por los delitos de cohecho, fraude tributario y lavado de activos en el denominado Caso Penta.