«Cuando hablamos de certeza jurídica no sólo es para las empresas, sino también para las comunidades, para quienes participan en los procesos de participación ciudadana, para los alcaldes y los gobiernos regionales», dice.

¿Cuáles son, a su juicio, las propuestas más relevantes?

Primero, considero importante que reconocemos la existencia de proyectos estratégicos de gran complejidad técnica y territorial, por lo que el SEIA tiene que distinguirlos para evaluarlos de una manera distinta. De este modo, podríamos identificar y concluir en una etapa preliminar si el proyecto es factible o no. Además, hay propuestas que profundizan los procesos de participación ciudadana.

¿Cómo se van a implementar las recomendaciones?

Algunas son propuestas de gestión. Por lo tanto, reconocemos que hay un espacio de mejora de nuestra gestión para mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Pero hay otro conjunto que implicarán modificaciones reglamentarias, en particular el Decreto Supremo 40 que es el reglamento del SEIA, y hay otras que tendrán que ver con la modificación de la Ley General de Base del Medio Ambiente (19.300).

¿Qué pasos vienen ahora en la implementación de los cambios?

Durante lo que queda del segundo semestre de este año vamos a   analizar en detalle cuáles son materia de Ley y cuáles son de índole reglamentaria. Por eso, esperamos en este año poder hacer una modificación al reglamento del SEIA.

¿Esto qué implicaría?

Procedimientos para evaluar, procedimientos para hacer participación ciudadana y mayor certeza jurídica de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) ya otorgadas, entre otros aspectos.

Si encuentran que varias propuestas requieren cambios legales, ¿podrían hacer un único proyecto de ley?

Podría ser perfectamente, pero habrá que ver en su momento cuál será la mejor fórmula legislativa, pero hay un conjunto de recomendaciones que van a requerir modificar la Ley 19.300.

¿Enviarían ese proyecto en lo que resta del año?

Tenemos que evaluar fundamentalmente cuáles serán las materias reglamentarias.

¿Una vez que se apliquen los cambios, los proyectos podrían tener mayor agilización?

Nunca ha sido nuestra obsesión disminuir los tiempos de tramitación, sino que fundamentalmente darle mayor claridad al proceso de evaluación y, por ende, mayor certeza jurídica a los permisos otorgados.

¿Con esto se le dará mayor certeza tanto a los privados como a las comunidades?

Sin duda .Cuando hablamos de certeza jurídica no sólo es para las empresas, sino también para las comunidades, para quienes participan en los procesos de participación ciudadana, para los alcaldes y los gobiernos regionales.

¿Considera que realmente escucharon a los actores que participaron de la comisión?

Por supuesto. Ese fue el propósito y el valor que tiene este informe. Nosotros tuvimos un diálogo genuino con distintos actores, usuarios del sistema, evaluadores, académicos, ONGs, y ellos podrán decir mejor que nosotros lo bueno que tiene usar una metodología participativa como esta.( La Tercera)