En 90 minutos de debate, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes aprobó, por nueve votos a favor y dos en contra, la Declaración de Impacto Ambiental que permite a la mina Invierno incorporar tronaduras para remover el material sólido. Así, con explosivos, accederá con mayor facilidad a las reservas de carbón en el yacimiento que posee en isla Riesco, a 100 km al noreste de Punta Arenas.

La sesión fue presidida por el intendente de Magallanes, Jorge Flies, quien al comenzar la reunión dio paso a que los representantes de la empresa minera expusieran los alcances técnicos del uso de tronaduras. Explicaron que desde que comenzó la extracción a rajo abierto (2012) han usado máquinas para remover el material estéril, pero optaron por las tronaduras dado el desgaste de los equipos.

También expusieron miembros del grupo ambientalista Alerta Isla Riesco, quienes cuestionaron que la petición de la empresa no haya sido sometida a Evaluación de Impacto Ambiental ni a la participación ciudadana. Anunciaron que impugnarán en los tribunales esta decisión.

La comisión debió pronunciarse en base al Informe Consolidado que emitió el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes (SEA), que ya era favorable a las pretensiones de la empresa con el pronunciamiento técnico de 12 servicios.

Los seremis de Minería, Transportes, Agricultura, Obras Públicas, Energía, Economía, Medio Ambiente, la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental y el intendente votaron por aprobar el uso de explosivos; los seremis de Desarrollo Social y Salud, se manifestaron en contra.

Flies señaló que hay que actuar en línea de lo que indican los servicios públicos, pero lamentó la exclusión de la comunidad en el proceso de participación, lo que muestra una falencia del sistema actual de Declaración de Impacto Ambiental.

Sebastián Gil, gerente de mina Invierno, dijo que a fines de año iniciarán las tronaduras, con un máximo de cuatro a la semana.

SEGUIMIENTO
Diputado Juan Morano (DC), presente en la sesión, criticó las deficiencias del Estado a la hora de fiscalizar. ( El Mercurio )