Osvaldo Jesús Paiva Marín, de 48 años, fue formalizado por el fiscal Francisco Caballero por el delito de estafa reiterada, luego que la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuviera por defraudar a al menos 45 personas de Rancagua. El imputado ya había sido condenando en tres ocasiones por el mismo delito y tras salir de la cárcel, en julio de 2015, habría vuelto a estafar.

La detención del imputado se materializó en plena vía pública cuando los detectives estaban dando cumplimiento a diversos decretos en el sector céntrico de Rancagua, percatándose de la presencia de un hombre conocido para ellos, ya que en ocasiones anteriores había sido detenido por la PDI y en la actualidad estaba siendo sindicado como quien estaba estafando nuevamente.

Fue así como los oficiales controlaron al hombre y el registró arrojó que contaba con dos órdenes de detención pendientes por el delito de estafa y adoptando el procedimiento de rigor, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua.

Según la información de la PDI, en la unidad había más de 30 denuncias por estafas, donde el imputado se hacía pasar como contratista de la minera Collahuasi, ubicada en el norte de país, ofreciendo suculentas remuneraciones de trabajo, pero para poder optar al puesto, citaba a los interesados a realizarse un chequeo médico en diferentes clínicas y mutuales de seguridad de la ciudad previa cancelación de dinero.

Los afectados con las ilusión de un nuevo trabajo, muchos renunciaron al puesto que encontraban en ese entonces, concurrían a realizarse los exámenes médicos pero al llegar a los diferentes centros de salud se percataron que no habían sido inscritos y que no existía ningún examen para ingresar hasta la cuprífera ubicada en el norte del país.

Con estos antecedentes y debido a las estafas reiteradas la Fiscalía formalizó cargos en contra del imputado, solicitando al juez de Garantía, Mauricio Silva, la Prisión preventiva. Pese a que el abogado del imputado se opusiera a la cautelar, por la falta de diligencias, el magistrado acogió la medida y el imputado fue enviado hasta la cárcel de Rancagua por 80 días tras ser considerado un peligro para la sociedad.

El plazo estimado para el cierre de la investigación fue de 80 días y durante ese período Osvaldo Jesús Paiva Marín deberá permanecer en un módulo de seguridad para resguardar su integridad física tras recibir amenazas por internos que serían familiares de las supuestas víctimas de estafa.( El Tipógrafo)