A principios del 2014, entre los objetivos prioritarios enunciados en la Agenda de Energía, quedó plasmada la necesidad de explicitar cuál debía ser la política energética de largo plazo para el país. En los últimos 30 años, recurrentemente nos habíamos enfrentado a diferentes tipos de crisis energéticas. El deber de enfrentar dichas crisis nos había sumido en una visión de corto plazo, en un sector donde las decisiones que tomemos hoy involucrarán cambios en las sucesivas décadas.

El desafío era cómo llevar a cabo un proceso de elaboración de política participativo inédito en Chile. Pasadas experiencias de documentos y estrategias energéticas sin la participación de la ciudadanía no habían conseguido mantenerse en el tiempo. Entre los principios necesarios para que la política energética se convirtiera en una política de Estado y no solo del gobierno de turno, la iniciativa debería ser validada social, técnica y políticamente.

Cumplimiento

Para dar cumplimento al primer elemento, se realizaron más de 130 talleres regionales, con una participación superior a las 4 mil personas, así como una consulta pública que recibió más de 700 comentarios. Esto nos tomó más de un año y medio, pero el esfuerzo era acorde al desafío que nos habíamos impuesto.

La decisión de llevar adelante un proceso altamente participativo se complementó con 27 actores clave del sector, a nivel nacional y regional, incluyendo representantes de ministerios e instituciones públicas, gremios, ONGs, sociedad civil y académicos universitarios, quienes con generosidad trabajaron arduamente en la preparación de la hoja de ruta que sirvió como insumo para el desarrollo del documento final de política energética.

El tercer elemento está directamente vinculado con el rol del Estado. Sin lugar a dudas, un pilar esencial de esta política es la iniciativa privada como motor del desarrollo energético, pero es necesario que el Estado articule a los diversos actores en torno a una visión compartida de largo plazo.

Es así que el proceso participativo de la política energética, Energía 2050, ha considerado cómo avanzar hacia un sector seguro y con acceso de calidad. Al mismo tiempo, que permita que la energía se constituya como un motor de desarrollo, sin descuidar que debe ser compatible con el medio ambiente. Adicionalmente, que se avance en eficiencia energética así como en el desarrollo de una cultura energética en toda la población.

Metas

Las metas que se han planteado al 2050 y al 2035 dan cuenta de estos desafíos. Un sector seguro requiere que los cortes de suministro eléctrico no superen a una hora al año al 2050. Para que la energía sea motor de desarrollo, debemos asegurar acceso universal y equitativo a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles.

Esto se complementa con la meta propuesta de que al 2050, Chile se encuentre entre los tres países OCDE con menores precios promedio de electricidad. Para avanzar en sostenibilidad ambiental, se determinó que 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables al 2050 y que el sector energético contribuya al cumplimiento de los compromisos internacionales como los de la COP 21.

Para avanzar en eficiencia energética, se apunta a que finalmente el crecimiento del consumo energético esté desacoplado del crecimiento del producto interno bruto, con medidas tanto en grandes consumidores, como en transporte y edificación.

Sin duda, Energía 2050 ha sido resultado de un proceso que debemos conservar y mejorar. Es por ello que el decreto supremo que la sancionó como la Política Nacional de Energía especifica un proceso de seguimiento de sus metas y una revisión cada cinco años de la Política, mediante un proceso igualmente participativo.

El país que todos los chilenos anhelamos para el año 2050 se está construyendo hoy y Energía 2050 es la estrategia consensuada que nos va a permitir modelar sistemáticamente y sin improvisaciones el país que recibirán las próximas generaciones de chilenos en materia energética.( El Mercurio )