El juzgado de Jáchal y la justicia federal se disputan el proceso por posible contaminación que comenzó después de que en septiembre pasado se produjera un escape de 1 millón de litros de agua con cianuro en la mina Veladero.

La causa por la posible contaminación del ambiente que habría generado el derrame de un millón de litros de agua con cianuro en septiembre pasado en el río Potrerillos, en San Juan, aguas abajo de la mina Veladero, generó una contienda entre la justicia local de Jáchal y la justicia federal de la Capital. Los jueces Pablo Oritja, de Jáchal, y Sebastián Casanello, juez federal en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal reclaman la competencia en el caso que se originó por la rotura de una válvula luego del proceso de lixiviación con cianuro de la roca. La decisión sobre quién atenderá la cuestión debe tomarla la Corte, previo dictamen de la Procuración, conducida por Alejandra Gils Carbó, quien ya estaría analizando el expediente.

En las últimas semanas fue Casanello el que dictó varias medidas, con peritajes incluidos, que causaron gran revuelo en San Juan. Incluso se conoció un peritaje de la Policía Federal realizado después del derrame del 12 y el 13 de septiembre, que detectó sustancias tóxicas en ríos sanjuaninos. «Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 (de residuos peligrosos), por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación», sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

Esa causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia. En este expediente también se aceptó como querellantes a los vecinos reunidos en la asamblea Jáchal no se toca y se exhortó a las autoridades provinciales y nacionales a que repartieran agua segura y alimentos a la población afectada de Jáchal y el departamento de Iglesia.

Hoy se conoció un fallo de Oritja, también tomando la misma ley como base para su acusación. Él entendió que los nueve imputados actuaron de manera negligente, además de transgredir el artículo 56 de la ley Nacional de residuos peligrosos, la 24.051, por eso los procesó. Ese artículo le impone una pena de 1 mes a 2 años de prisión en suspenso (no es de cumplimiento efectivo) a quienes causen una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo «por imprudencia o negligencia… o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas». Además, a cada uno de los procesados les trabó un embargo de 100.000 pesos. Entre ellos no figura el imputado en la causa de Casanello, Guillermo Caló, ex director ejecutivo de la Barrick.

El reclamo por parte de la justicia federal obedece al carácter interjurisdiccional que podría tener la posible contaminación de la cuenca que incluye a las provincias de La Rioja, San Luis, Mendoza y hasta llegar a La Pampa.

Desde hace 8 años la Corte tiene bajo su análisis un expediente por incumplimiento de la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares por el proyecto binacional Pascua Lama.

LA Nación