Un total de 3,5 millones de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios y altos ejecutivos de SQM, fueron entregados por la minera no metálica al Ministerio Público. Este hecho permitirá investigar la eventual existencia de nuevos delitos tributarios y presuntas irregularidades vinculadas a aportes a campañas políticas.
A través de un oficio de fecha 22 de diciembre, la compañía accedió a entregar la información que, en paralelo, sirvió de base para que el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling elaborara un informe sobre los controles internos de la firma, pagos cuestionados y una evaluación de riesgos de soborno.
Según el documento firmado por Ed Waitzer, presidente del comité Ad-hoc de SQM, “la compañía no tiene inconvenientes para poner a disposición del Ministerio Público la información solicitada, tanto en lo que se refiere a la solicitud de 3,5 millones de correos electrónicos, como respecto de la solicitud de 92.520 correos electrónicos, que corresponden a ‘documentos relevantes identificados’”, dice el oficio enviado a la fiscal Carmen Gloria Segura.
El mismo texto asegura que “por razones técnicas y a fin de asegurar que se trate de exactamente la misma base de datos utilizada por el estudio de abogados Shearman & Sterling LLP en la confección de su reporte de fecha 15 de diciembre último, le agradeceremos que los personeros técnicos del Ministerio Público tomen contacto con la siguiente persona”, detalla el documento, que entrega los antecedentes de un funcionario de Estados Unidos.
Los antecedentes enviados al estudio de abogados norteamericanos, y al que ahora accederá la fiscalía, concluyeron que no existía evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse para favorecer a la minera no metálica. Sin embargo, enumeró 10 potenciales riesgos de sobornos relacionados con personas expuestas políticamente.
También detectó presuntas irregularidades en la empresa, que llevaron a que SQM realizara tres rectificaciones tributarias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por US$ 14.747.125 en seis años. Asimismo, da cuenta de 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos rectificados. Los mayores pagos se registraron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012, período de comicios municipales.
Orden a la PDI
Como una forma de acelerar la obtención de antecedentes, la fiscalía solicitó a la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI coordinarse para acceder a “la base de datos utilizada por el estudio de abogados Shearman & Sterling LLP en la confección de su reporte de fecha 15 de diciembre de 2015”.
En medio de las pesquisas ordenadas por la fiscalía, además se solicitó información a la minera no metálica sobre “la estructura societaria del holding SQM, indicando la estructura orgánica de SQM S.A., SQM Salar y el resto de las filiales, directorios, estatutos y gerentes de las mismas; así como también informar cuáles son las sociedades controladoras”. También se requirió el organigrama SQM S.A y sus filiales, “indicando la estructura por departamentos o unidades (…) y el nombre de las personas que ocupan cargos directivos” entre los años 2009 y 2015. Este antecedente, aseguran fuentes de la investigación, permitirá determinar eventuales nuevas responsabilidades de sus ejecutivos.
Citan a ex tesorero del PPD
RR El 28 de diciembre pasado, el Ministerio Público ofició a la PDI para “ubicar y citar a prestar declaración en dependencias de la Fiscalía Nacional” a seis personas vinculadas a la investigación del caso SQM por presunta emisión de documentos ideológicamente falsos.
Entre los citados en calidad de imputado se encuentra Luis Matte Lira, quien entre 2010 y 2012 formó parte de la mesa directiva del PPD que era presidida por la actual alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá.
En el mismo listado se encuentra Rodolfo Maira y Eugenio Salazar Rojas, vinculados al abogado y brazo derecho del ex controlador de SQM, Julio Ponce. Asimismo, fueron citados los hermanos Eva, Marcia e Israel Mujica Ladrón de Guevara, todos ellos ligados al ejecutivo de SQM Luis Saldías.
Un informe de la PDI, de fecha 30 de diciembre, reveló que “con fecha 3 de diciembre se tomó contacto telefónico con el imputado, quien para estos efectos señaló que se coordinará su citación directamente con su abogado Marcelo Torres Deffau. De esta forma, con fecha 11 de diciembre de 2015 se coordinó con éste último la citación del imputado para el 4 de enero”. Correa es amigo del ex ministro Rodrigo Peñailillo e integrante de la denominada G-90 del PPD.( La Tercera )