La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) está en pie de guerra contra un grupo políticamente transversal de parlamentarios que tienen vínculos con empresas o negocios que podrían verse afectados por la nueva regulación que propone la Reforma Laboral del Gobierno.
“Ya que la Reforma Laboral está llegando a sus últimos meses de tramitación, todos los parlamentarios que tengan que votar en la sala, tanto en el Senado como en el tercer trámite en la Cámara de Diputados, que tienen empresas o estén vinculados como accionistas controladores, deberían inhabilitarse. Éticamente sería incomprensible que un parlamentario que tiene intereses creados estuviera votando la Reforma Laboral, sea como sea que vote”, sostiene el secretario general de la multisindical, Arturo Martínez.
El dirigente añade que “ha llegado el momento de que transparentemos este tema. No se puede entender que mientras se está buscando resolver problemas de ética en la política, sigamos permitiendo que gente vote en temas donde tienen intereses comprometidos. Antes que tengamos que presentar cualquier solicitud a las respectivas comisiones de ética para que se inhabiliten, ellos mismos deberían tomar la decisión de decir que tienen intereses cruzados y por ende, éticamente no están en condiciones de votar la Reforma Laboral”.
La alerta levantada por Martínez ha sido debatida al interior del comité ejecutivo de la multisindical y hace unas semanas ya fue advertida en parte por el vicepresidente, Nolberto Díaz, quien luego de que el senador Eugenio Tuma (PPD) se autodeclarara empresario y lanzara críticas a la CUT, pidió que éste se inhabilitara de la discusión en sala de la reforma.
El reclamo también da cuenta del quiebre entre la organización y un grupo de senadores del oficialismo ligados a la DC y al PPD que han presionado al Gobierno para postergar el debate ante la falta de un acuerdo con el fin de moderar aspectos claves de la iniciativa, como el no reemplazo en huelga y la titularidad sindical con extensión pactada de beneficios. Ante este escenario, el Ejecutivo ha advertido que no tendría los votos para aprobar el proyecto en la sala de la Cámara Alta.
En la CUT dicen que en el grupo transversal de legisladores que deberían inhabilitarse están: Andrés Allamand (RN), quien en su declaración de intereses aparece como socio y parte de la administración de las inmobiliarias Neuquén Uno y Neuquén Dos; Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) por Comercial Belgic, donde tiene el 50% e Inversiones e Inmobiliaria Belgique; el presidente de la DC Jorge Pizarro, que participa en inmobiliaria e inversiones Vista Azul Ltda. y Sociedad de Transporte y Distribución Perrot y Pizarro; Eugenio Tuma (PPD), socio mayoritario de inmobiliaria e inversiones Nuevas Raíces; y Andrés Zaldívar (DC), quien es socio de inmobiliaria Concordia S.A.
En el caso de los diputados figuran los UDI Ernesto Silva y Felipe Ward, y el PPD Daniel Farcas, quien tiene negocios en empresas familiaras y de asesorías privadas.
“Les pido a los senadores de la DC, del PPD y a los parlamentarios de todos los partidos, sean de derecha o de la Nueva Mayoría, que den un mensaje a la ciudadanía y que actúen de manera ética. De lo contrario, vamos a repetir lo que sucedió con la Ley de Pesca, donde había senadores que recibían plata de las empresas del sector y votaron igual, siendo que deberían haberse inhabilitado”, señala Martínez.
Precisa que “no me interesa como van a votar en la sala, pero si me preocupa que muestren que actúan de manera ética en la política y no defendiendo intereses particulares”.
Desde la CUT confirmaron, además, que ya solicitaron formalmente una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet para que la mandataria ordene el debate y se respete el acuerdo que suscribieron durante la campaña presidencial y la primera parte del período de Gobierno, en el que se estableció que el proyecto de modernización de las relaciones laborales iba a respetar los tópicos que fueron negociados con la organización sindical en las mesas de trabajo que hubo en la OIT.( Pulso)