El 15 de diciembre pasado, la fiscalía recibió una copia del informe que el estudio de abogados estadounidenses Shearman & Sterling elaboró a petición del comité ad hoc de directores de SQM, constituido para indagar los antecedentes que vinculan a la minera con el financiamiento irregular de campañas políticas.

El estudio resumió nueve meses de investigación en 81 páginas, donde junto con exponer hallazgos sobre controles internos y pagos cuestionados -especialmente a 159 personas políticamente expuestas-, también planteó 10 casos en que hubo riesgo de soborno.

Para su trabajo, la consultora recolectó 3,5 millones de correos intercambiados entre ejecutivos de la empresa y terceros. De estos, 930 mil se revisaron en detalle y  92.520 correos fueron calificados como “relevantes”.

Son justamente estos documentos los que el Ministerio Público solicitó a SQM para su pericia.

En un oficio dirigido hace un mes al presidente del comité ad hoc de la minera, Edward J. Waitzer, la fiscal Carmen Gloria Segura pidió remitir “la copia digital del servidor de la empresa, que contiene los 3,5 millones de correos electrónicos que fueron analizados por la consultora en la confección del informe”.

También solicitó, “en forma separada, el respaldo digital de los 92.520 correos que corresponden a ‘documentos relevantes identificados’, los cuales fueron seleccionados por la misma empresa”.

Además, se requirió indicar la forma de obtención y levantamiento de los mencionados documentos desde los servidores de la compañía, así como el encargado que hizo entrega de los archivos y las respectivas autorizaciones de la empresa.

Esto último apuntaría, según fuentes vinculadas a la investigación, a validar esos correos como medios de prueba. Esta semana, el Octavo Juzgado de Garantía certificó a la defensa del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, que el tribunal no ha autorizado medidas intrusivas, como el acceso a sus comunicaciones electrónicos, por los que éstos no podrían ser expuestos como pruebas en un posible juicio oral.

Por último, el oficio también solicitó los respaldos de las 24 entrevistas que Shearman & Sterling realizó durante su indagatoria. Trascendió que los abogados no levantaron actas sobre las entrevistas realizadas a directores y ejecutivos.

Aunque la fiscalía ya tiene varios correos electrónicos en su poder, el informe de los abogados norteamericanos incluye algunas novedades. Por ejemplo, un correo del abogado de SQM, Enrique Olivares, de agosto de 2012 y dirigido a la entonces secretaria de Contesse, señalándole que éste lo había autorizado a tomar contacto con políticos que recibirían aportes de la firma. En una segunda comunicación, Olivares señaló que había tomado contacto con Guido Girardi y Fulvio Rossi.

El reporte también lista a 20 proveedores top rectificados. Entre ellos aparecen firmas vinculadas a Luis Saldías (asesor de Julio Ponce); Cristián Warner (ex asesor de Marco Enríquez-Ominami); Sebastián Piñera; Giorgio Martelli; Cristina Bitar; Marcelo Rozas; Carlos Ominami y Pablo Longueira.

El informe enumera 10 casos donde hubo riesgo de soborno, entre ellos los asociados al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; Fulvio Rossi; Jaime Orpis; Pablo Longueira; Robeto León, Giorgio Martelli y Cristián Warner.( La Tercera )