Pérdidas de margen de contribución por US$ 3,8 millones generó para Endesa Chile la protesta en una torre de alta tensión en Coronel por parte de tres manifestantes que se mantuvieron a 14 metros de altura -e incluso a 18 metros ayer- durante 22 días. Con ello, impidieron la operación de las dos unidades del complejo termoeléctrico Bocamina (500 MW) en los últimos nueve días.

La detención se registró luego que la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó desenergizar la estructura que transmite la electricidad que genera la planta por el riesgo para los huelguistas.

Los efectos financieros para la compañía incluyen también la detención de funciones que generó una ocupación ilegal anterior de la misma torre, el 23 de noviembre y que duró cuatro días.

En ambos casos, los manifestantes pedían que el complejo dejara de operar pues, según ellos, contamina el mar y el aire.

Tras el fin de la manifestación, a contar de las 17:15 horas de ayer, la generadora informó que «se están haciendo los trabajos para que en un plazo de 40 horas vuelva a operar la central Bocamina, que no ha podido aportar su energía al sistema desde el 30 de diciembre pasado».

Bocamina I y II contribuyen con 340 mil MW/h al Sistema Interconectado Central (SIC).

En un hecho esencial comunicado ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Endesa Chile explicó que «a nivel de sistema eléctrico esta situación impacta al alza en los costos globales de suministro de la demanda, provocando un aumento de los precios spot y el uso anticipado de reservas hidroeléctricas que en los próximos meses no estarán disponibles».

Primer intento fallido

Apenas sintieron que efectivos del Gope de Carabineros se trepaban a la torre de alta tensión, los tres hombres, de entre 38 y 45 años, dejaron la plataforma de madera en que dormían y escalaron hasta quedar fuera del alcance de los policías.

Eran cerca de las 6 de la madrugada de ayer y no solo el despertar fue sobresaltado para estos hombres, sino también para el grupo que abajo los apoyaba en un improvisado campamento. Hubo oposición al actuar de los policías, por lo que estos hicieron uso de bombas lacrimógenas.

Durante el día, y sin la base que retiró Carabineros, los manifestantes se mantuvieron sentados en los fierros de la estructura, a 18 metros de altura. «No hay fuerza física que les permita estar en esas condiciones por más de un día», dijo la gobernadora de Concepción Andrea Muñoz.

Y así fue, ya que no se arriesgaron a pasar otra noche y bajaron durante la tarde. Eso sí, en medio de reclamos de quienes antes los apoyaban.

Andrea Muñoz reconoció que el desalojo fue tardío, pero dijo que la petición «solo la conocí el día seis de enero (miércoles)». Pero fue el 18 de diciembre cuando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) pidió a la intendencia que Carabineros desalojara la toma. El documento ingresó a la oficina de partes el día 21 de ese mes y recién dos semanas más tarde llegó a la gobernación. «Se ordenó una investigación sumaria que arrojará los responsables», expresó Andrea Muñoz.

DETENIDOS
Los tres manifestantes enfrentan cargos por desórdenes e infringir la Ley de Electricidad( El Mercurio )