Parlamentarios de la zona creen que los buenos resultados de Codelco no pasan por una reducción de personal. Ward, cree que no se está aplicando un criterio correcto y que si existe una sobreadotación debieran salir quienes no aportan a la organización y llegaron por favores políticos.
Las justificaciones para aplicar un «plan de guerra» en Codelco existen, aunque se pensó que los trabajadores quedarían al margen de esos planes. Pero esa posibilidad desde la administración central nunca fue desechada, sino que también formó parte de las medidas de contingencia necesarias para afrontar la baja en el precio del cobre y el encarecimiento en los procesos.
Fue así que justo con el ajuste de cinturón en gastos, operaciones y contrataciones se incluyó el despido de trabajadores y hace un par de semanas comenzó en la línea de supervisión donde fueron desvinculados 350 en todo Codelco. No se descarta que en los próximos días corran similar suerte algunos mineros roles B.
Si bien se entiende que es necesario aplicar una política de ajustes, el diputado Felipe Ward y el senador Pedro Araya, manifestaron su desacuerdo con estas medidas.
Ward, cree que no se está aplicando un criterio correcto y que si existe una sobredotación debieran salir quienes no aportan a la organización y están ubicados en la empresa más que nada por favores políticos.
Es más, el legislador dijo que hoy recurrirá a la Contraloría General de la República para que ordene una auditoría desde el 2005 a la fecha y verifique las denuncias que ha recibido. Y exigió que sobre esos resultados desvincular a quienes realmente están cometiendo irregularidades.
Mientras el senador Pedro Araya (Ind.) cree que el despedir a trabajadores no es el camino para mejorar los resultados de la empresa. Más aún si el valor de la libra de cobre posibilita mantener márgenes de ganancia.
A su juicio las desvinculaciones tienen un amparo más en la mala administración que en una necesidad de contención de costos.
Interrogante que incluso puede englobar lo presentado por el diputado, porque si hubo una política de contratación sustentada en el favoritismo, claramente perjudicó una buena administración. Y esos problemas no pueden resolverse con despidos, sino con un trabajo de limpieza laboral y que el informe de Contraloría podría ayudar a resolverlo si así existiese.( El Mercurio de Calama)