Las variaciones en el precio del cobre y los cambios constantes en la cartera de proyectos, han instaurado un escenario de preocupación entre los trabajadores de la industria minera.  Tras los recortes en las líneas operativas, hoy también se hacen ajustes en líneas administrativas y gerenciales, con tal de hacer frente al actual ciclo del metal rojo.

El Abra, Collahuasi, Antofagasta Minerals y Codelco, por nombrar algunas empresas, han reducido parte de su dotación, la que suma y sigue en las diversas faenas del país. Es por esto que la Federación Minera de Chile (FMC), que agrupa 18 sindicatos de la gran minería privada, ha planteado una estrategia de largo plazo en la que el debate constitucional sea un eje fundamental, con el objetivo de redefinir el estatuto del trabajo minero y la titularidad de los recursos naturales.

Revista Norte Minero conversó con el presidente de la FMC, Gustavo Tapia, sobre el panorama actual; los desafíos de los sindicatos como protagonistas de las discusiones, las medidas de las autoridades idóneas y los trabajadores a subcontrata para los cuales se pronostica mayor impacto en este ciclo.

¿Cómo ve el actual panorama en la industria minera, en la que ha habido y se anuncian despidos en importantes compañías del rubro?

En relación a la oleada de despidos en la Industria Minera, la Federación Minera de Chile advierte con inquietud la pasividad del Estado, en efecto, éste  paradójicamente es el dueño, conforme al  sistema constitucional, de los recursos del subsuelo, sin embargo, no realiza ni intervención ni pronunciamiento en cuanto al cese de su explotación; tampoco respecto al compromiso de las fuentes de trabajo que son afectadas por decisiones especulativas de transnacionales que se acostumbraron a la renta económica del súperciclo y hoy buscan preservar recursos para una nueva era de precios altos.

La Gran Minería opera y puede operar en una línea de precios mucho menores, con esta excusa las mineras no han hecho otra cosa que “depurar” el ambiente laboral, eliminando a los trabajadores que les son molestos, particularmente los afectos al ausentismo en virtud de enfermedades profesionales, muchas veces adquiridas en las mismas faenas de que son despedidos, son desechados.

¿Son los bajos precios y la inestabilidad del mercado argumentos sólidos para que se genere baja en capital humano? ¿Cómo debiesen actuar las mineras para mitigar el impacto en situaciones como estas?

Los precios son bajos solo relativamente, en términos reales el precio del cobre tiene un precio un 41% superior al del año 2005, fecha en que se evaluó la mayor parte de los grandes proyectos mineros en actual operación, por tanto, la excusa no es válida. Las grandes mineras se han limitado a reducir los costos, la experiencia indica que esto produce resultados mediocres, lo que no han hecho es analizar el fenómeno de manera integral, no se ha analizado el efecto de las economías de escala, ni tampoco los rendimientos decrecientes del capital, sólo se han limitado a instalarse en una trinchera y estigmatizar a los trabajadores como responsables de la baja en la productividad. Lo que falta son administraciones creativas, capaces de reconvertir esta industria como lo ha hecho la del petróleo. Uno de los elementos fundamentales es la mantención y reclutamiento del talento, de manera paradójica las administraciones locales no han hecho más que estimular la mantención con programas de retiro, con eso lo que se logra es que un operador de maquinaria pesada con 20 años de experiencia termine administrando una mini  flota de taxis colectivos, eso desde el punto de vista del “capital humano” es un despilfarro evidente.

¿Cómo ha visto usted la preocupación de los sindicatos en este sentido y de los trabajadores en general? ¿Cuál es el ambiente que se vive en las faenas?

Los sindicatos mineros son organizaciones fuertes y participativas. Las empresas mineras de forma concertada han instalado un clima de temor, avaladas por los medios de comunicación que informan de modo tendencioso. Los trabajadores hemos sabido apreciar nuestra renta en el periodo de precios altos, esto a costa de trabajo y movilización, en general todos conocemos el negocio y las variables involucradas y no toleraremos “se nos meta la mano al bolsillo” cuando los especuladores de metales lo pretendan. Nos espera una etapa de mayor conflictividad en que se pondrá en juicio la capacidad de movilización de los sindicatos. Los mejores resultados estarán de la mano de los mejores organizados.

¿Cuáles son las medidas que pueden tomar las autoridades idóneas para evitar la decisión de despidos?

El Estado es un ente pasivo respecto a los despidos, quizás se podría pedir al gobierno una actitud más enérgica en torno a exigir a las empresas sus compromisos al momento de ofertar proyecto. Las transnacionales mineras cimientan enormes utilidades bursátiles en estos proyectos de papel, esta renta financiera se asienta en buena medida en el prestigio de las instituciones del país en que se desarrollará la actividad. Sin embargo, vemos después de los años proyectos desnaturalizados o modificados al punto de ser irreconocibles, autoridades cooptadas y redes de corrupción, fundamento de gasto improductivo. Las autoridades debieran exigir el funcionamiento conforme al modo en que se presentó en los planes de operación o en los Estudios de Impacto Ambiental, sin embargo, existen pocas herramientas jurídicas vinculantes y menos aún energía o voluntad política para hacerlo.

En ocasiones anteriores usted se ha mostrado crítico ante el Artículo N° 161 del Código del Trabajo que hace alusión a las “Necesidades de la Empresa” como término de contrato. Ante este panorama incierto ¿cuál es la crítica que se hace al rubro?

Nos resulta pertinente puntualizar en esto una crítica al rubro. Cuando se habla de la inamovilidad laboral y la supresión del Art. 161 nos referimos a que, en nuestra concepción, el Estado tiene un interés relevante en la explotación de la riqueza minera, un interés estratégico y público, en aras de esta titularidad del recurso pretendemos del Estado una postura activa, en la que los trabajadores que prestamos servicios en la empresa minera debiéramos tener un estatuto distinto, pues servimos al interés general de la colectividad, en definitiva dueña de los recursos naturales. Si se quiere debiéramos tener un estatuto laboral semejante al de la administración pública.

 ¿Qué ocurre en el caso de los contratistas? ¿Cómo está la situación de ellos?

Los contratistas son el “chivo expiatorio” del discurso de la productividad, las primeras víctimas de los programas de ajuste, la situación de ellos es más compleja. Sin embargo, desde el punto de vista de la normativa viene una noticia importantísima en un debate soslayado, me refiero al proyecto de ley de subcontratación impropia. Éste prohíbe las fórmulas de externalización del giro principal, de prosperar se acabaría la subcontratación falsa y el tratamiento de los trabajadores que en ellas prestan servicios como empleados de segunda categoría. Estamos esperanzados y volcaremos nuestras energías en este proceso.

Como Federación Minera de Chile nos hemos planteado una estrategia de largo plazo en la que el debate constitucional es un eje fundamental, de esta suerte no queremos dejar pasar la oportunidad para invitar a todos los trabajadores mineros a aunar fuerza en torno a los objetivos trascendentes que nos hermanan, entre ellos la ya comentada redefinición del estatuto del trabajo minero y la titularidad de los recursos naturales, entre otros, materias que sólo pueden ser abordadas en una nueva Constitución. Nuestra misión es dignificar al trabajador minero y sólo lo haremos posible si nos convertimos en un protagonista del cambio constitucional.

( NM)