La paralización de los trabajadores portuarios que se llevó a cabo en 2013 sigue repercutiendo en el país. En enero de este año, los exportadores e importadores comenzaron a pagar un impuesto que se estableció en la ley corta de puertos, cuyo fin es resarcir al Estado del pago realizado a los trabajadores del sector por los bonos de colación que no fueron pagados por los empresarios entre los años 2005-2012.
Fue precisamente el no pago de dicho beneficio el que desembocó en un paro en todos los puertos del país, que se extendió por 23 días en 2013. En esa oportunidad, los trabajadores normalizaron sus funciones tras el compromiso del gobierno de Sebastián Piñera de regularizar dicho pago, pero ello no se materializó y en septiembre del año pasado el Ejecutivo finalmente aprobó la iniciativa para regular el trabajo en puertos.
La ley incluyó un aporte de US$ 0,2 por cada tonelada transferida por los puertos chilenos o de US$ 0,025 del valor FOB de la tonelada.
Según datos del Ministerio de Transporte, a septiembre de este año se había recaudado por este impuesto US$ 7.098.071, lejos de los US$ 15,6 millones en promedio que el gobierno estimaba que se podía recaudar anualmente hasta 2018.
En el informe financiero de la ley se detallaba que el monto anual se alcanzaba considerando 120 millones de toneladas estimadas promedio, de las cuales el 70% corresponden a granel (líquidos y sólidos).
En octubre de este año, las exportaciones alcanzaron los US$ 5.039 mllones y las importaciones US$ 5.210 millones (ver infografía).
Fondo de modernización
En la denominada ley corta también se creó el Fondo de Modernización Portuaria, que según el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, busca “apoyar la ejecución de acciones para el mejoramiento institucional en el sector portuario en aspectos como el perfeccionamiento de los sistemas de información y de estadísticas portuarias, con miras a mejorar sus niveles de eficiencia y competitividad”.
Para que este fondo comenzara a operar, se dictó un reglamento especial, el que fue aprobado y publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de este año, firmado por las carteras de Hacienda y Transportes.
El fondo -administrado por el ministerio de Transportes y con duración hasta 2018- se financia con el aporte de transferencias que le hace el Tesoro Público según disponga la Ley de Presupuesto de cada año.
El primer aporte al fondo se realizará el 2016 y la totalidad de recursos dispuestos por la Dirección de Presupuesto (Dipres ) para su ejecución alcanza los $ 621.000.000, equivalente a US$ 872.448, considerando el valor del dólar del viernes que alcanzó los $ 711.
Para el próximo año, Transportes ha considerado llevar adelante tres estudios enfocados en mejoramiento institucional de puertos; diagnóstico y mejoramiento de los servicios de operación portuaria; y desarrollo de plataformas y sistemas de información para mejoramiento de eficiencia y competitividad. También se ha considerado desarrollar el Sistema Informático de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria.( La Tercera )