Encuesta del INE reveló que en el sector público 71.340 trabajadores son subcontratados y 230.580 dependen de empresas suministradoras. Medición incluye a Codelco.

El primero en reconocerlo fue el presidente de Codelco, Oscar Landerretche. Hace algunas semanas y en medio del conflicto que la cuprera estatal mantuvo con los contratistas, el ejecutivo confesó que las empresas mineras “hicieron crecer exponencialmente la subcontratación hasta un punto que penetró un área que no debió”. Pero el caso de la mayor empresa pública chilena no es aislado. En los últimos años, este modelo de contrato ha exhibido una tendencia al alza, impulsada, principalmente, por el Estado.

Según la última encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Estado tiene 899.510 trabajadores asalariados; 71.340 de ellos están subcontratados y 230.580 dependen de empresas suministradoras. Es decir, un 33% de los empleados con contrato que se desempeñan para el sector público cumplen labores que el Estado delegó a empresas externas dedicadas a la prestación de servicios especializados (ver infografía). Sólo en el último año los subcontratados por la administración pública aumentaron 26,2%.

Las cifras del INE también muestran que si se considera el sector privado, los trabajadores que realizan funciones a través de un tercero -conocidos por ello como “tercerizados” o “externalizados”- suman 977.570; 17% del total de asalariados del país.

De acuerdo a la misma base de datos, entre el trimestre abril-junio 2015 e igual período de 2014, se crearon 43.380 puestos asalariados externalizados. De estos, 31.560 o 73% se originó en el gobierno central (ministerios, servicios y reparticiones), empresas públicas y municipalidades.

En el último año la administración pública creó 35.720 puestos de trabajo asalariados; 88% de ellos vía subcontratación o suministro de personal a través de una empresa de trabajo temporal (EST). De hecho, según la encuesta, 76% de los 301.920 trabajadores externalizados del sector público se vincula con éste a través de la modalidad de suministro de personal. En el sector privado, en cambio, sólo 22% de los 675.650 empleos externalizados se pactan a través de una firma suministradora.

En los últimos cinco años la contratación directa por parte del Estado cayó 19%, mientras que la tercerización de personal aumentó casi ocho veces. Consultados por el aumento de la externalización en el sector público, en el Ministerio del Trabajo declinaron referirse al tema.

La polémica ley

El título VII del Libro I del Código Laboral regula el mecanismo de subcontratación y suministro de personal. La ley, aprobada en 2006, señala que en un régimen de subcontratación la firma contratista pacta con una empresa principal la realización de una obra, faena o prestación de servicios con trabajadores propios. En este caso, el jefe directo -quien da órdenes y paga remuneraciones e imposiciones- es el contratista y los contratos son indefinidos, según la Dirección del Trabajo (DT).

En el caso de las empresas de trabajo temporal o EST, éstas contratan a trabajadores y los pone a disposición de otra firma que demanda el servicio. Esta última es conocida como “usuaria” y se transforma en la jefatura directa del trabajador, aunque la EST debe pagar los sueldos y las obligaciones previsionales.

Al reconocer esa modalidad de empleo como más precaria, la ley establece que las empresas pueden recurrir a una suministradora sólo en casos específicos y por hasta 180 días. Con eso se intentó evitar que bajo un mismo empleador y con funciones iguales hubiese permanentemente trabajadores “de primera y segunda clase”: contratados y suministrados.

Minería y mujeres

Las fuentes de información son escasas al detallar qué hace el personal subcontratado en el sector público. La Dipres, ChileCompra y el Mintrab dicen no tener antecedentes.

Usando la encuesta de empleo del INE, un estudio de junio de este año de la Fundación SOL estimó que un 58,3% de los trabajadores de la minería son tercerizados. También que la externalización tiene alta incidencia en los rubros de electricidad, gas y agua (50,5%), enseñanza (35%) y servicios sociales de salud (34%).

Según LyD, la Encuesta Casen 2013 revela que un 41,4% de los trabajadores tercerizados realiza actividades inmobiliarias empresariales, 19,6% en construcción y 10,2% en transporte, almacenamiento y comunicaciones. La DT agrega que los sectores que más acuden a la subcontratación son guardia y control, servicios alimenticios, minería, servicios informáticos, construcción y servicios de aseo.

A fines de julio pasado, Landerretche dijo que los subcontratados en Codelco llegarían a 40.000. Si es así, equivaldrían al 56% del total de subcontratados por el Estado chileno.

“Se ha abusado del proceso de subcontratación, se ha metido a empresas contratistas en el giro principal de la mandante y eso muchas veces ha llevado a la precarización del empleo. Es el caso, por ejemplo, de la extracción de residuos domiciliarios o de las manipuladoras de alimentos subcontratadas en los programas de alimentación escolar”, afirma el senador Juan Pablo Letelier (PS), presidente de la Comisión de Trabajo. De acuerdo al INE, las mujeres son el 56% de los asalariados externalizados.

El abogado Fernando Villalobos, de Porzio, Ríos, García y Asociados, aclara que en países como México está prohibida la subcontratación de actividades del giro principal, aunque en Estados Unidos está permitido. En su opinión, las dificultades de esta modalidad se generan por las diferencias de remuneración para un mismo puesto entre un trabajador externo y uno directamente contratado”. Las distorsiones salariales, de hecho, son uno de los problemas que el presidente de Codelco, Oscar Landerretche, reconoció al interior de la estatal.

¿A qué se debe el incremento de la externalización? Villalobos asegura que permite reducir la carga administrativa y evitar la acción sindical, “ya que los trabajadores del contratista no pueden obligar a negociar colectivamente a la principal”. El punto en contra, admite, es que la empresa pierde el valor agregado que da la permanencia de un trabajador.

Para Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo, la subcontratación se verá aún más propiciada por la reforma laboral. “Las empresas se están preparando para la eliminación del reemplazo en huelga”, asegura.

La arremetida del modelo

El aumento de la externalización como modalidad contractual ha llevado a que los trabajadores del área busquen formas de organización.

Víctor Fernández, presidente del sindicato de la corporación Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, que realiza labores para el Sename, entre otras entidades, asegura que la situación del personal externalizado no está bien regulada. “No hay un protocolo ni reconocimiento a nuestra labor. Por lo general, las licitaciones duran entre uno y tres años, por lo que cada cierto tiempo estamos en incertidumbre y no podemos hacer carrera. Somos los mismos trabajadores que vamos rotando entre los servicios del Estado, que cada vez externaliza más”, asegura el dirigente.

Precisa que el Sename delega funciones en cerca de 350 personas jurídicas y que ha acentuado esa práctica, traspasando fondos públicos al sector privado vía transferencias corrientes a “organismos colaboradores acreditados”. Asegura que esas transferencias son el 63,79% del presupuesto de la entidad.

Otro punto que afecta a esos trabajadores es que la ley no les reconoce derecho a negociación colectiva con la empresa contratista, explica el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez. “La ley de subcontratación nació muerta. Poco tiempo después de su promulgación, Codelco fue a la Corte Suprema y ésta emitió un dictamen, señalando que si bien la ley se orientaba a internalizar trabajadores, la DT no tenía facultad para fiscalizar ni decidir quiénes debían ser internalizados”, recuerda.

“Ha habido abuso y es necesario mejorar la legislación”, dice Martínez. En el Congreso, la idea comienza a tomar fuerza.
Fuente: La Tercera/Nicolle Peña L.