Cincuenta años atrás comenzaba el violento paro indefinido de la gran minería del cobre que concluiría, unos meses más tarde, con la muerte de 8 trabajadores del mineral El Salvador. Al gobierno del entonces Presidente Eduardo Frei Montalva, que también promovía profundas reformas económicas y sociales, el sangriento episodio le significó la condena definitiva por parte de la izquierda. En los últimos días, nuevamente los trabajadores del cobre -esta vez de las empresas subcontratistas de Codelco- protagonizan una violenta huelga ilegal, la que ya cobra la vida de un trabajador.
Las reminiscencias históricas son pertinentes. El actual conflicto laboral tiene varios de los rasgos del sindicalismo beligerante de los sesenta: un paro prolongado y violento, que trasciende el ámbito de la empresa, que atropella los derechos de los trabajadores no movilizados y plantea demandas incompatibles con las exigencias de la competitividad. Desgraciadamente, la reforma laboral propuesta facilitaría algunas de estas conductas, algo que en sus deliberaciones el Senado debería tomar en cuenta.
El conflicto ha sido impulsado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a empleados de empresas proveedoras de servicios de Codelco, y pretende transferir a esta el costo de sus reivindicaciones. Sus dirigentes parecen no reparar en la fuerte caída que está experimentando el precio del cobre, la cual podría acabar con los excedentes de la empresa. Es cierto que, más allá del conveniente desarrollo de una amplia red de proveedores nacionales, aparentemente Codelco ha extremado la «tercerización» de funciones esenciales, utilizando empresas subcontratistas para eludir los excesivos costos que le imponen sus propios sindicatos. Es lo que suele suceder con las legislaciones o prácticas laborales demasiado rígidas. Pero movimientos como el actual sugieren que ese expediente se ha tornado ineficaz, porque los trabajadores involucrados -cuyo total se estima en casi 40.000, el doble de los operarios de planta- pueden desplegar toda su capacidad de presión sindical y política sobre la empresa mandante, especialmente si ella es estatal, forzándola a hacerse parte en las negociaciones que buscan aumentar sus beneficios. Hay que destacar que por ahora la administración de Codelco se ha resistido a hacerlo.
El caso específico de la División Salvador es especialmente preocupante. Andrés Tagle, ex director de la minera estatal, calcula en más de US$ 700 millones sus pérdidas acumuladas desde 2012, hoy opera con costos directos superiores al precio del mineral y parece carecer de todo futuro económico. En su opinión, la mina hace tiempo debió ser cerrada por improductiva. Aunque ello exigiría pagar elevadas compensaciones a la población afectada, tal vez la irresponsable presión de los huelguistas ayude a Codelco y al Gobierno a adoptar tal decisión, difícil pero necesaria.
( El Mercurio)