La última vez que en Colombia se inauguró un proyecto minero a gran escala fue en 1995, cuando Drummond empezó a explotar un yacimiento de carbón de 10.000 hectáreas en el corregimiento de La Loma, en el occidente del Cesar. En los 20 años que pasaron desde entonces, y a pesar del auge de precios altos que experimentaron las materias primas y de que los títulos mineros se multiplicaron por cuatro en la última década, no entró en operación ninguna mina nueva.

Esta racha se romperá el próximo mes de agosto, cuando la empresa canadiense Red Eagle Mining comience la construcción del proyecto San Ramón en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos, ubicado 65 kilómetros al norte de Medellín. Se trata de una mina subterránea de la que se extraerán 50.000 onzas de oro cada año durante los ocho que durará inicialmente la explotación, lo que la convertirá en una de las principales productoras de este mineral en el país.

Para lograr este propósito, cada día se removerán 1.000 toneladas de tierra para tratarlas en una planta que ocupará 16 de las 500 hectáreas que comprende el contrato de concesión minera aprobado por la Secretaría de Minas de Antioquia. Rafael Silva, gerente del proyecto San Ramón, afirma que en ninguna fase del proceso se utilizará mercurio y que en la producción de cada gramo de oro se consumirán 40 litros de agua, de los cuales el 72 por ciento serán reutilizados.

Toda esta operación fue aprobada por Corantioquia a través de la licencia ambiental que le otorgó a la Red Eagle Mining en marzo de este año. Con ello se convirtió en el primer proyecto minero que logra ver la luz verde en una coyuntura muy convulsionada. Aunque los últimos gobiernos han apostado por un modelo de desarrollo basado en las actividades minero-energéticas, la realidad es que los intentos de materializar esta iniciativa en los territorios han estado marcados por múltiples conflictos y manifestaciones sociales.

Basta recordar las marchas multitudinarias, así como las controversias jurídicas y ambientales que han obstaculizado la ejecución de proyectos de la magnitud de La Colosa en el Tolima y Santurbán en Santander, por citar los ejemplos más representativos. De ahí la importancia de la puesta en marcha de San Ramón. Como explica Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, “en el gremio existe mucha expectativa por lo que puede representar San Ramón para el futuro de esta actividad en el país”.

Para explicar el hecho de que la Red Eagle haya obtenido la licencia de explotación en medio de este entorno, hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. El primero es que desde su llegada a Santa Rosa de Osos, en julio de 2010, constituyó un equipo de profesionales encargados de la relación con la comunidad. A diferencia de otras empresas que realizan sus labores exploratorias de una manera soterrada y casi secreta, la Red Eagle hizo ejercicios de divulgación desde el momento en que sus geólogos comenzaron a recolectar las muestras de suelos.

Thyana Álvarez, directora de Responsabilidad Social de Red Eagle en San Ramón, dice que esta decisión ha marcado la diferencia porque lograron desactivar muchos conflictos por medio de la entrega oportuna de información a los habitantes del municipio. “El error de muchas empresas es que no hacen los trabajos de cara a la comunidad y eso le genera muchas sospechas a la gente. Y luego, cuando la desconfianza ya está creada, es casi imposible revertir esa situación y recuperar la credibilidad”, explica Álvarez.

Para Silva, esto ha sido posible gracias a una política corporativa que busca que la empresa se inserte dentro de la sociedad y se convierta en un actor más dentro de ella. Verónica Zapata, funcionaria de la secretaría de desarrollo social de Santa Rosa de Osos, cuenta que la posición de la administración municipal ha sido facilitar la comunicación entre la gente y la empresa y aprovechar la presencia de Red Eagle para llevar a cabo varios proyectos que tenían represados por falta de financiación.

“Como los municipios no podemos oponernos a la minería en nuestros territorios, hemos tratado de asociarnos con Red Eagle para ejecutar obras como la construcción de centros deportivos y el mejoramiento de la infraestructura educativa, principalmente”, describe Zapata. Luego aclara que la idea no es que la empresa remplace al Estado sino que ambos puedan trabajar de la mano para que los réditos económicos que trae esa actividad se traduzcan en beneficios para todos los habitantes.

El segundo factor es que la Red Eagle ha entendido que hay lugares cuya importancia ecológica y ambiental no puede ser sacrificada bajo ninguna consideración económica. Muestra de ello es la renuncia a explotar un área de 5.000 hectáreas que, aunque tenía titulada a su favor, se sobrepone con el cerro San Jorge, una reserva en la que abundan los bosques de niebla y en la que nacen las fuentes de agua que abastecen los acueductos de Santa Rosa y de varios municipios del Valle de Aburrá. El cerro también es el hábitat de 80 especies de aves, de 140 árboles nativos y de mamíferos como el puma y el oso de anteojos.

Lo curioso es que esa zona no fue declarada por el Estado sino por un ambientalista llamado Rodrigo Castaño, quien aprovechó las 900 hectáreas que heredó de su familia para constituir la Fundación Guanacas y prohibir allí cualquier tipo de actividad que pusiera en riesgo ese espacio de conservación. “A finales de 2013, me enteré de que algunos trabajadores de la Red Eagle estaban explorando en los predios de Guanacas. Yo sentí que la labor a la que le había dedicado los últimos 25 años de mi vida estaba en riesgo de ser destruida”, recuerda Castaño.

Después de dos décadas, un nuevo proyecto minero ve la luz verde en Colombia. La transparencia y la construcción de consensos con la comunidad fueron las claves del proceso.

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