Hasta hace poco, nuestro país podía preciarse de la confianza que se tenía en el sistema de regulación de empresas de servicios públicos. Aunque sus metodologías eran anticuadas, al menos los inversionistas sabían que no se encontrarían con sorpresas y que el espacio para las presiones políticas era limitado. Esta reputación es la que está en riesgo en la distribución eléctrica. Primero, por la inexcusable responsabilidad de la anterior administración de no dar curso a decretos tarifarios que se encontraban listos para promulgarse, lo que significó que, durante años, las tarifas no reflejaran el resultado de los procesos tarifarios.
Segundo, por la propuesta de este gobierno de equiparar los precios del suministro eléctrico en distintas partes del país. Esta idea, que parece justa a primera vista, esconde errores conceptuales e interviene en procesos que tienen lógicas económicas incompatibles. En los sistemas interconectados, la electricidad tiene precios similares; las diferencias en las tarifas aparecen porque el costo de distribución es distinto.
Una ciudad densa como Santiago tiene precios bajos porque los cables de la empresa deben recorrer cortas distancias para servir a muchas personas, a diferencia de lo que ocurre en una comuna rural, por ejemplo. Esa mayor densidad poblacional se refleja en una menor tarifa, lo que es razonable. Por el mismo motivo, el precio de la tierra y de los arriendos en Santiago es muy superior al de comunas rurales. Si se siguiera la lógica ministerial de eliminar diferencias «injustas», habría que elevar el precio de la tierra en esas comunas y bajar artificialmente el de los terrenos en Santiago. Es por lo tanto una propuesta injusta para los santiaguinos, que enfrentarán un impuesto implícito por vivir en la ciudad, en beneficio de regiones.
Hasta ahora la lógica regulatoria estaba basada en los costos de proveer el servicio, los que luego se traspasaban a los consumidores. Ahora ese procedimiento solo servirá para definir tarifas virtuales que luego se promediarán entre ciudades para eliminar las diferencias. Esta separación entre los resultados del proceso regulatorio y los precios efectivamente cobrados eliminará los incentivos a la eficiencia en el actual marco normativo.
Desde el punto de vista de la distribución, el proyecto dará origen a resultados inequitativos: los habitantes de comunas de bajos ingresos de Santiago subsidiarán con sus mayores tarifas a los habitantes de otras regiones, algunos de ellos agricultores de altos ingresos. Esos problemas de coherencia son el típico resultado de políticas que quieren alcanzar objetivos populistas (tal como ocurre con la gratuidad universitaria).
La propuesta ministerial plantea que aquellas comunas en que hay más de 200MW de capacidad instalada reciban un subsidio adicional en términos de sus tarifas. Esto al menos es consistente con la idea de un nuevo derecho de propiedad de las comunas sobre los recursos existentes en ellas. Bajo este nuevo derecho se debe compensar a la comuna incluso si los habitantes no sufren menoscabo porque en ellas se instala un proyecto eléctrico. La ventaja es que una vez establecido tal derecho, se lo trata como otro derecho de propiedad (aunque esta vez colectivo). El error en este caso no estriba en compensar a la comuna, sino en que la forma de compensarla sea en la tarifa eléctrica y no en un recurso fungible. ¿Acaso la comuna no tiene mejores opciones que el consumo eléctrico para utilizar los recursos provenientes del nuevo derecho de propiedad?
En suma, es una propuesta que erosiona las bases lógicas y los incentivos del sistema regulatorio y lo deja expuesto a presiones políticas. El ministro de Energía, que ha sido exitoso en otras áreas del sector eléctrico -incluyendo dar curso a los decretos tarifarios olvidados por el gobierno anterior-, ha sido mal aconsejado en este caso.
La propuesta de equiparar los precios del suministro eléctrico en distintas partes del país erosiona las bases lógicas y los incentivos del sistema regulatorio y lo deja expuesto a presiones políticas.
( El Mercurio )