El Vicepresidente del Senado y presidente del MAS, Alejandro Navarro, a través del abogado medioambientalista Lorenzo Soto, recurrió a la Corte Suprema para exigir el cumplimiento a cabalidad del fallo emitido por el máximo tribunal
chileno, que fijaba una serie de condiciones precisas para permitir la reanudación de la termoeléctrica Bocamina. La Corte deberá responder en un plazo de 5 días a partir del 8 de junio, según informó la oficina de prensa del parlamentario.

A juicio del senador del MAS, «existe una seria contradicción entre lo ordenado por la Corte Suprema y lo obrado por la Superintendencia de Medioambiente, toda vez que el máximo tribunal estableció condiciones específicas para la eventual reanudación de las faenas de la central Bocamina, las cuales no se han cumplido».

Navarro indicó que «la Corte ha sido clara en señalar que la termoeléctrica no podrá reanudar sus operaciones hasta no ofrecer garantía de que implementará medidas que den solución al problema relativo a la succión de agua de mar y biomasa».

Así mismo «el fallo indica que Bocamina deberá tener afinada la instalación del desulfurizador de la unidad I, comprometido en la Resolución de Calificación Ambiental, cuestión que a la fecha tampoco ha sucedido».

El líder del MAS sostuvo que «no vamos a permitir la reapertura de Bocamina, con los mismos filtros que causaron el grave daño a la biota, la succión de las algas y de especies hidrobiológicas».

Para el senador Alejandro Navarro esto se explica porque «la Superintendencia de Medioambiente, contraria a resoluciones anteriores, permitió la reanudación de funciones hasta la instalación del filtro definitivo, sólo con el sistema de mallas y burbujas, el que es insuficiente para impedir la succión de biomasa».

«Es excesivo e inconstitucional que la SMA haya otorgado un plazo de 13 meses a Bocamina para instalar filtros en las tuberías de succión de agua de mar, por lo que mientras tanto, Bocamina seguirá succionando recursos marinos, provocando un daño irreversible al medio ambiente», agregó.

Añadió además que «la SMA se deslindó de su responsabilidad, encomendado a la Comisión Evaluadora Ambiental de la región del Biobío, organismo compuesto por los seremis y el intendente, para resolver bajo criterio político y no técnico la reapertura de Bocamina».

Finalmente Alejandro Navarro dijo que «la Corte tiene un plazo de 5 días para responder, y rectificar sus fallos anteriores, debido a que los hechos dan cuenta de un grave incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal».( EYN)