Multas y rol de autoridad preocupan a mineras en proyecto de REP

El proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) que impulsa el Ejecutivo a través del Ministerio del Medio Ambiente, tuvo la semana pasada un fuerte impasse con los medios de prensa, debido a los alcances que esta norma, de ser aprobada en el Congreso, podría ocasionar a la libertad de expresión, al castigar hasta con la prohibición de venta de productos los eventuales incumplimientos a las nuevas obligaciones de reciclaje.

Sin embargo, los periódicos y revistas no son los únicos productos definidos como “prioritarios” dentro de este cuerpo legal. Productores e importadores de aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, envases, medicamentos, neumáticos, pilas, baterías, plaguicidas caducados y vehículos, entre otros, forman parte de la lista que esta iniciativa legal obliga a monitorear sus desechos.

Si bien, la mayoría coincide en que el proyecto es un “paso positivo” para la normativa ambiental chilena, distintos son los aspectos que preocupan a las diferentes industrias involucradas en esta regulación.

Las normas referidas a los sectores industriales usuarios de productos susceptibles de reciclaje preocupa al Consejo Minero. Así lo explica su presidente, Joaquín Villarino. “Vemos que el proyecto establece una sobrerregulación para este sector,  que ya está sometido a una amplia normativa ambiental, principalmente a través del Seia y una completa institucionalidad fiscalizadora y judicial especializada”.

La industria minera también muestra su preocupación por los pisos establecidos para las multas en caso de incumplimiento. “Se fijan pisos exageradamente altos, de modo que por atrasarse un día en el cumplimiento de determinadas obligaciones, las empresas tendrían que pagar al menos una multa de $3.650 millones. Eso es absurdo”, sostiene Villarino.

Efecto en industrias

Iván Villar tiene toda una historia ligada al rubro de los neumáticos. Fue gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile y actualmente desempeña el mismo cargo en Econus, firma que se dedica a la gestión del reciclaje de neumáticos fuera de uso.

También participó en las etapas tempranas de la discusión de este proyecto, en 2007. Si bien considera que se trata de una “buena iniciativa ambiental”, reafirma que en el fondo se trata de una “ley económica”, por lo que extraña la participación de esa cartera en el proyecto.“Partimos mal al no involucrar al ministerio de Economía, porque esta es una política económica, de agregar valor para que alguien se encargue del residuo”, asegura Villar.

A su turno, el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), Gustavo Castellanos, dice estar de acuerdo con “el objetivo y fin” del proyecto, pero no así con sus alcances.

Desde la Anac cuestionan que se considere a los vehículos como un producto único y no como un conjunto de partes. “El proyecto no define lo que se entiende por un vehículo, lo que de acuerdo al estatuto automotriz es un conjunto de partes y piezas, componentes y conjuntos físicamente vinculados, que se comercializan como un todo completo”, señaló Castellanos.

No obstante, el secretario general de la Anac valora la disposición que ha tenido el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, que incluso les prometió, asegura, que esa cartera ingresaría una indicación para sacarlos de la lista de productos prioritarios.

La inquietud de Badenier

Como “sana y necesaria” califica el Ministro Badenier la discusión que se ha generado en torno al proyecto REP. Sin embargo, está preocupado por la “interpretación” de las disposiciones que a su juicio puede hacer la Asociación Nacional de Prensa, respecto de  las multas a periódicos, diarios y revistas, que podría llegar hasta la prohibición de venta de sus productos.

“Nos inquieta que la ANP interprete que alguna disposición de este proyecto de ley pueda implicar la afectación de determinadas garantías constitucionales”, dice Badenier. El ministro señala que es común que en la discusión parlamentaria se aprecien “efectos no buscados en las leyes”, y anticipa que ingresarán las indicaciones necesarias para enmendar “redacciones que puedan inducir a errores serios de interpretación”.

Respecto de las críticas sobre la ausencia del ministerio de Economía en la redacción de este proyecto, Badenier dice estar en desacuerdo con esa idea.

“Este es un proyecto de carácter ambiental, cuyo objeto fundamental es fomentar el reciclaje, en el que se advierten efectos positivos para la economía y que como todo mercado, acorde a nuestro modelo económico, establece responsabilidades para los regulados”, indica.( La Tercera)

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