El 3 de junio, el 16° Juzgado Civil de Santiago solicitó la liquidación forzosa de Omar Campillay Rojas, empresario nortino controlador de Transportes Tamarugal. Lo anterior de acuerdo a lo que Servifactoring solicitara dicha acción al tribunal de acuerdo a lo que dispone la Ley 20.720.

Esto no significa que ya se haya declarado la liquidación del empresario. Hay un procedimiento previo a la resolución tras la reforma que se realizara para efectos de quiebra.

En su resolución, el tribunal citó a las partes a una audiencia inicial en la que Campillay tendrá derecho a defenderse respecto a lo que exige el acreedor y acogerse a las alternativas que entrega la norma vigente sobre estas materias.

En tanto, en el marco de la solicitud de quiebra que hiciera Incofin Leasing a Transportes Tamarugal, el 20° Juzgado Civil de Santiago, a cargo de la jueza Gabriela Silva, ordenó de acuerdo a lo que dispone el Código de Procedimiento Civil al “secuestro” (retención) de una serie de bienes de la compañía.

Se trata de 42 semirremolques de distintas marcas de camiones de carga ligadas a la minería en el Norte Grande. En total, 90 máquinas de Empresas Tamarugual.

La compañía ligada a la familia Campillay enfrenta vencimientos por unos US$100 millones, según fuentes del mundo financiero, y a lo menos tres juicios en los que se le solicita directamente la quiebra.

La compañía opera una flota de más de 1.000 camiones, con más de 1.500 conductores, y presta otro tipo de servicios como rampas, acoplados y logística. En abril había recortado su personal en cerca de cien personas.

Tamarugal se había especializado en el sector minero, tanto en el transporte de mineral como de materiales peligrosos. Adicionalmente, ofrece servicios de abastecimiento, almacenamiento y logística, transporte de graneles y de cargas especiales.

Desde el sector minero plantean que lo que ocurre con esta compañía es una situación especial, producto de temas de gestión, pero que también se vio complicada por las medidas tomadas por las empresas mineras para hacer frente a la baja del cobre, recortando fuertemente sus presupuestos en la relación con terceros.

Fuentes ligadas al proceso señalan que las deudas totales alcanzan a los $65 mil millones, aunque en los procesos que se siguen en tribunales, y en los que explícitamente se le solicita la quiebra, hay comprometidos unos $900 millones.

Entre los bancos acreedores de la compañía figuran CorpBanca, Santander y BCI, entre otros.

En una de las demandas se plantea que los antecedentes expuestos y “el tiempo transcurrido de la época del incumplimiento, la complicada situación económica que de conformidad a los antecedentes con que cuenta mi representada afectan a la sociedad deudora (…) constituye sin lugar a dudas una presunción grave del derecho que se reclama”, consta en un documento firmado por la empresa Incofin Leasing. En ese caso particular se reclama la devolución de una serie de equipos otorgados en calidad de leasing por el demandante, y que incluye varios semiremolques y camiones. El pago mensual por una veintena de equipos alcanza las 465 UF más IVA a pagar los días 5 de cada mes, situación que dejó de acreditarse el 5 de febrero en adelante. De acuerdo con el contrato de arrendamiento, eso da lugar al cobro de la totalidad de la deuda.( Pulso)