Al conocido recelo que ha mostrado el empresariado frente las reformas en curso, especialmente ante el anuncio de reforma constitucional, comienza a surgir un nuevo foco de incertidumbre: el proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización del país.
La iniciativa se enmarca dentro de la agenda de descentralización y en enero se le ingresaron indicaciones sustitutivas para incorporar un mecanismo de regulación para la transferencia de competencias desde el nivel central a las intendencias.
Después de ser despachado por el Senado, hoy el texto legal se discute en la Cámara de Diputados y ya está despertando la inquietud en algunos gremios por sus eventuales impactos económicos.
De hecho, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) está inquieta por algunos elementos que contiene este proyecto, en particular, por uno de los apartados de la iniciativa referida al ordenamiento territorial. La principal preocupación de la multigremial son las dificultades que se podrían generar en la localización de proyectos de inversión, en particular, los relacionados a infraestructura energética.
La CPC apunta a que dadas las atribuciones que entrega el proyecto de ley a los gobiernos regionales para que a través de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) determinen de manera vinculante la localización de infraestructuras de energía (generación eléctrica), se «podría dificultar el desarrollo de proyectos energéticos por la falta de conciliación entre el desarrollo local que defina el gobierno regional con el desarrollo energético que requiere el país».
En esa línea, también el proyecto señala que el PROT podrá disponer, con carácter vinculante, áreas de protección de recursos naturales y del patrimonio paisajístico, histórico y cultural. Frente a esto, el gremio indica que esto se establece «sin la coordinación necesaria con la institucionalidad establecida actualmente para esta materia y con el agravante que el tema se discute en el proyecto de ley en trámite que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas».
Así, a juicio de la multigremial que preside Alberto Salas, «la dispersión de instrumentos y la falta de claridad del marco normativo relativo al ordenamiento territorial, podría generar conflictos para su aplicación y superposición de competencias por el territorio, creando incertidumbre que dificulta la ejecución de los proyectos de inversión».
El debate en las ramas
A nivel de las ramas que integran la CPC, el análisis y discusión en particular de los impactos sectoriales que tendría esta iniciativa está comenzando a desarrollarse.
Si bien para la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) el proyecto de descentralización es un tema prioritario y manifiestan especial interés de que avance a paso firme, les genera preocupación lo que detalla la iniciativa al establecer el concepto de «área metropolitana».
«El proyecto crea y regula de manera genérica y muy básica las ‘áreas metropolitanas’. Sólo dice que serán conurbaciones sobre 300 mil habitantes y que el Decreto Supremo que las reconozca determinará funciones y atribuciones que tendrán los gobiernos regionales en dichas áreas», explica el gerente general de la CChC, Sergio Cavagnaro. Por esto, plantea que es «indispensable que exista mayor detalle sobre esta nueva figura administrativa y cómo puede afectar entre otros aspectos la planificación territorial».
Además, sobre el nuevo instrumento de planificación, puntualiza que les preocupa que «los contenidos del PROT no queden íntegramente contenidos en la ley, ya que según el proyecto estos serán definidos en un posterior Decreto Supremo que dictará el gobierno. Nos gustaría que todo se discutiera ahora dentro de la ley, ya que eso daría más tranquilidad a la industria sobre las futuras regulaciones que nos afectarán», dijo.
Pero, en términos generales, la CChC apoya la pronta aprobación del proyecto. De hecho, destaca lo referente a normas sobre mayor transparencia en la gestión de los gobiernos regionales.
En la Cámara Nacional de Comercio (CNC) se encuentran analizando y consultando con sus asociados el proyecto. Su presidente (s), Manuel Melero, explica que si bien valoran legislar para entregar mayor autonomía e independencia a las regiones, en términos generales, les preocupa la forma en que se plantea la transferencia de competencias del gobierno central a nivel regional. «Aún faltan definir mecanismos y criterios claros y objetivos que no dejen espacio a discrecionalidades», asegura.
Melero, además, recalca que medidas como la creación de un plan regional de ordenamiento territorial con el fin de transferir la facultad de planificar el territorio exclusivamente a las regiones, «no son suficientes ni atacan el problema en su raíz».
El dirigente de la CNC agrega que junto con la transferencia de competencias se requiere, primero, avanzar en otros aspectos que son aún más relevantes como incentivos a las empresas ubicadas en zonas aisladas y sistemas regionales de gestión de capital humano.
En la Sofofa un grupo de expertos se encuentra monitoreando el tema y en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) informaron que están atentos al avance de la iniciativa legal.( DF)