La movilización de campesinos en la provincia arequipeña de Islay, sur del Perú, cumple un mes y medio de activada y sin visos de solución. Tres muertos: dos civiles y un policía, y más de 400 heridos conforman el saldo que hasta ahora deja la resistencia popular en contra de la extracción de mineral.

Sourthern Copper, compañía minera del Grupo México, ha sido la encargada de llevar adelante el proyecto Tía María, que implica, entre otras cosas, la explotación de gran parte de la superficie del Valle del Tambo, uno de los sitios más fértiles para la producción agrícola y ganadera en este sector del país.

Ubicada fuera del centro político de la capital peruana, la pelea de Islay creció en silencio hasta que el descontento campesino se desbordó. Una ruta similar siguieron, en el gobierno de Humala, varias manifestaciones sociales; el reclamo popular es aislado y minimizado hasta que se empiezan a contar los muertos.

Y es que en Perú la convivencia entre los megaproyectos de explotación minera y la vida tradicional de las comunidades de los Andes no es buena. La agricultura y la ganadería, prácticas vitales para el imaginario social de los habitantes de estos sectores se ven fuertemente afectadas por los planes de intervención que, como en el caso de Tía María, no terminan de explicar con claridad las formas de control para minimizar el impacto en el medioambiente.

La legitimidad que el Estado pretende dar a estos proyectos es nula frente a la necesidad colectiva de recibir respuesta sobre el destino de los recursos alrededor de los que han hecho sus vidas. Cajamarca y Piura, por ejemplo, son dos regiones en las que la intervención minera, apoyada por el gobierno central, ha intentado entrar en acción sin poseer una licencia social definida. El diálogo entre el Ejecutivo y sus mandantes es nulo en estos casos, quedando del lado de los pobladores el paro de actividades, cierre de carreteras y alteración del orden público, como vías necesarias para manifestarse.

Las cifras que refuerzan esta realidad son estremecedoras. Cajamarca, con el 40% del total de su superficie departamental concesionada a la minería, soporta actualmente cerca de 1.000 conflictos socioambientales; agua y tierra son las dos constantes que gobiernan el reclamo popular.

Aquí la paradoja: con 2.331 concesiones mineras, Cajamarca es también la zona donde se concentran los más altos índices de pobreza y extrema pobreza del Perú. Huancavelica, Cerro de Pasco, espacios donde el extractivismo de mineral está presente desde hace más de medio siglo, soportan problemas de anemia, alta deserción escolar, trata de personas, etc.

Ante esa evidencia, los nombres de ciudades como Tacna y Moquegua en los que la minería ha sabido empatar con cierto bienestar colectivo terminan por ser la minoría ideal.

Perú lidera la producción de oro en Latinoamérica y, a nivel mundial, ocupa el puesto número seis en ese rubro. En 2010, la consultora Price Waterhouse Coorp lo denominó como uno de los principales destinos de inversión en todo el mundo, teniendo en la actualidad una inversión en materia mineral que supera los $ 20.000 millones en megaproyectos. En ese mismo año, el último del gobierno aprista de Alan García, sumaban 193 los peruanos muertos por conflictos sociales frente al extractivismo. A puertas de terminar la gestión de Humala, más de 60 muertos se cuentan por igual concepto.

La última década ha sumado cerca de 253 muertos, entre hombres, mujeres y niños, que tienen a la presencia minera como coro de fondo. Esto ha hecho que el Perú sea considerado por Global Witness como el cuarto país más mortal para los defensores del ambiente.

Las protestas en Islay han empezado a pasar su factura política al gobierno de Humala. Una caída de cinco puntos porcentuales en el último mes lo hace dueño del 21% de apoyo popular, casi una tercera parte del 70% de rechazo que su figura tiene en el vecino país. La respuesta que ha dado el pasado 15 de mayo ha sido calificada como “tibia” por diversos frentes sociales, refiriéndose a la calificación de “necesaria” con la que el presidente mencionó la intervención de Sorthier Copper.

La respuesta de Humala ha enfocado la reflexión sobre cómo el Estado responde frente a estos conflictos sociales, cuya naturaleza política los convierte en discursos aglutinadores de inconformidad. La respuesta no ha superado la represión policial y penal, llegando en muchos casos a la modificación de leyes a favor del sometimiento y silenciamiento de los manifestantes.

Por esa vía se han propuesto leyes que permiten a la policía hacer el levantamiento de cadáveres en las protestas sin que sea necesaria la presencia de un fiscal, y que exoneran de responsabilidad cuando un policía o militar mata a un manifestante en una zona declarada en emergencia.

Los puentes de diálogo entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, son escasos. Esto hace que los problemas sociales tiendan a crecer de forma independiente, y se desaten cuando la magnitud de sus fuerzas es incontenible.

Los muertos que se registran alrededor de las protestas no representan únicamente las voces de oposición a la explotación, sino el carácter de un Estado cerrado al diálogo, y concentrado en la vía de la imposición y el orden como medio para el desarrollo.

Un panorama complicado en el que la empresa parece estar por encima de la voz popular. (I)( Correo)