Tras una denuncia formulada por la organización social denominada Marea Ciudadana, la Contraloría Regional ordenó al municipio de Río Verde, iniciar acciones de cobranza a las empresas que componen el grupo Mina Invierno, por concepto de patentes municipales atrasadas. Serían un total de ocho las empresas que registran deudas por este concepto, acumulando un insólito total de treinta y tres años de patentes atrasadas. Así mismo, el ente contralor ordenó la realización de un sumario administrativo al interior de la municipalidad de Río Verde “tendiente a determinar las eventuales responsabilidades que se desprendan de la situación observada”
Debido a una denuncia previa, la municipalidad de Río Verde instruyó a estas empresas para que solicitaran las patentes comerciales respectivas, lo que ocurrió a partir del mes de julio del año 2013, sin embargo, en esa ocasión el municipio no realizó el cobro retroactivo de esos permisos, más los reajustes, intereses y multas respectivas. La organización Marea Ciudadana solicitó al municipio que les informara el detalle de las acciones de cobranza realizadas. No conformes con la respuesta recibida, interpusieron un reclamo formal en la Contraloría Regional por una supuesta denegación de acceso a la información.
Tras analizar los antecedentes, la contraloría evacuó el Oficio N° 2226 de fecha 18 de mayo, en el que señala que el municipio de Río Verde “deberá evitar la entrega parcial de los antecedentes que le sean requeridos en virtud de la citada ley de transparencia, debiendo proporcionar la información en forma oportuna y cabal, a menos que exista una causal legal que lo impida, lo que será validado en un próximo proceso de fiscalización de esta entidad de control”.
Pero la Contraloría fue mucho más allá, y tras analizar los antecedentes de fondo concluyó que “se advierte incumplimiento de lo establecido en los artículos 23 y 24 del decreto de ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales”, y que, “la Municipalidad de Río Verde ha dejado de hacer efectiva su obligación de cobrar las patentes municipales”.
Así mismo, la Contraloría le recuerda al Municipio de Río Verde que “a través de los dictámenes N°11.721, de 2006 y 22.013, de 2009 se ha señalado que… las municipalidades que sorprendan a contribuyentes realizando ese tipo de actividades sin haber requerido dicha autorización están obligadas a aplicar las sanciones previstas por la referida omisión y a cobrar, con los reajustes e intereses que procedan, el monto de la patente que corresponda a todo el tiempo durante el cual se estuvo ejerciendo la actividad lucrativa en esas condiciones”
El contralor Regional, Don Cesar González, señala que cualquier alcalde “se encuentra legalmente habilitado para decretar la clausura de los negocios que funciones sin patente, de manera que al tomar conocimiento de ese tipo de situaciones ha debido actuar en consecuencia”.
Las acciones a favor de la municipalidad para el cobro de impuestos prescriben en tres años, por eso la contraloría señala que “correspondía que al momento del pago por parte de las empresas antes mencionadas, sus desembolsos correspondieran, al menos, a las patentes de tres años anteriores a la fecha de presentación de los antecedentes”.
Para el presidente de Marea Ciudadana, Darío Ramos, “el municipio fue alertado por una denuncia, correspondía que la alcaldesa clausurara a las empresas involucradas, y ordenara el cobro de las patentes atrasadas hasta por tres años, así como el cobro de las respectivas multas e intereses contemplados en la ley, nosotros nos preguntamos ¿por qué nada de eso ocurrió?, le solicitamos información pública y se negó a entregarla, ahora tendrá que responder por sus actos ante la comunidad y ante la Contraloría”, concluyó enfático el dirigente social.( Radio Polar )