La minería ha vivido el efecto de un espejismo creado por la escalada de precios, pero ahora con el cambio del ciclo económico y los precios a la baja, tiene un brusco despertar.
El siglo XXI se inició para la minería boliviana con una crisis de precios bajos, remontada recién a mediados de la década pasada, gracias a la expansión de la demanda china por materias primas y el escalamiento de los precios de los minerales; tanto así que entre 2007 y 2012 se llegaría a máximos históricos.
Pero el auge minero no solo fue producto de los precios altos; esto es algo que muchos olvidan. Tras años de maduración de actividades exploratorias –atraídas por los incentivos del Código Minero de 1997- ingresarían en operación tres grandes proyectos: San Cristóbal (2007); San Bartolomé (2008) y San Vicente (2009), con una inversión estimada en $us 1.500 millones: nunca antes se había dado una inversión minera de tal magnitud.
La confluencia de nuevas operaciones mineras privadas y una coyuntura de precios en alza explican el notable aumento de las exportaciones mineras, con un incremento de diez veces si se compara los valores exportados en 2011 y 2001. El gobierno de Evo Morales y el país se favorecieron con la reactivación minera y los ingresos fiscales consiguientes; lo que también impulsó la proliferación de cooperativas mineras.
La deriva populista
En lugar de aprovechar esa coyuntura excepcional de precios para potenciar la industria minera, descubrir nuevos yacimientos, ampliar operaciones mineras, conquistar nuevos mercados, impulsar el desarrollo empresarial de las cooperativas y poner en marcha una política minera de gran alcance y con visión de futuro, asentada en la atracción de inversiones, tal como lo hicieron otros países vecinos, los bolivianos hicimos todo lo contrario: nos dimos a la fiesta como si el trago y la música nunca fueran a acabarse.
La combinación de populismo político y desconocimiento de la realidad minera marcarían el naufragio. Creyendo que había que ajustar cuentas con los privados, se precipitó una subida de impuestos, sin importar el daño infligido a la competitividad minera. Luego, llevado por sus impulsos ideológicos o bien forzado por presiones sociales, el gobierno se aventuraría a nacionalizar y revertir contratos y concesiones de minas –a veces tan solo para intentar frenar las tomas de minas-, con el resultado de ahuyentar la inversión privada y convertir a Bolivia en país de alto riesgo para los negocios mineros.
Lo que ahora queda en pie es un pálido reflejo de lo que antes se veía como el despegue de un conjunto de proyectos mineros con apreciable capacidad tecnológica, financiera y gerencial. El sector minero privado está contraído y desmoralizado. Los dedos de una mano sobran para nombrar las empresas que todavía operan, y quién sabe hasta cuándo. De Mallku Qota, el más prometedor proyecto exploratorio de los últimos años (intervenido por el gobierno en 2012), no queda nada. Así y todo, la minería privada participa con más de la mitad de las exportaciones mineras; es el sector que más aporta en regalías y el pago de impuestos a las utilidades.
En la otra banda, vemos una minería estatal deficitaria y agobiada por personal excedentario, altos costos laborales y de producción, baja productividad, yacimientos agotados, métodos tradicionales, equipos y plantas obsoletas o capacidad instalada ociosa y múltiples carencias administrativas, técnicas y financieras. Aunque sea inverosímil, en Huanuni se ha construido el horno Ausmelt, después se hizo una nueva planta para el tratamiento de 3.000 Ton/día, pero ahora resulta que no hay el yacimiento que pueda suministrar el mineral necesario para esa planta y el nuevo horno. En un mundo racional primero se evaluaría la capacidad de extracción de la mina, para luego diseñar el tamaño de la planta y por último la dimensión de la fundición. Acá las cosas se hacen al revés.
Revivir el protagonismo de COMIBOL se ha revelado una quimera, al tiempo que se reeditan los fracasos de la nacionalización de los años 50. La vuelta al estatismo minero no ha significado la irrupción de una corporación estatal vigorosa y de probada capacidad productiva, exportadora e industrial, como se había prometido. Lo que hay es la expansión descontrolada de la minería cooperativizada, métodos artesanales o semimecanizados y de escasa productividad y elevados costos ambientales.
Las cooperativas tienen el mérito de trabajar minas que COMIBOL ya había abandonado, con técnicas selectivas para vetas angostas y de muy baja ley, y sobrevivir a bajos precios para luego, en una coyuntura de precios altos, obtener importantes utilidades, sobre todo en la explotación de oro. A tal punto es así que el sector cooperativo se ha transformado en una fuerza económica, social y política en ascenso. Ello no obstante, es impensable un verdadero desarrollo minero sustentado las cooperativas.
La crisis
La caída de precios detona una crisis severa que podría provocar el desplome de la minería, puesto que se solapa con problemas estructurales: estancamiento productivo, agotamiento de reservas y ausencia de nuevos yacimientos y proyectos mineros, altos costos de producción, atraso tecnológico y baja productividad, y sequía de inversiones. Esta es la realidad de una minería de baja competitividad y, por ello, muy dependiente de los altos precios para su rentabilidad y la sostenibilidad de sus operaciones.
Lo peor es que no hay una respuesta gubernamental a la altura de los problemas y desafíos. Se actúa como si la crisis fuera a resolverse por sí sola o, peor aún, como si no existiera. No existe ningún plan de contingencia, ninguna estrategia, ninguna propuesta seria y consistente. COMIBOL y Huanuni están perdidos en la impotencia, mientras que la minería privada continúa su repliegue, reduciendo operaciones y cerrando otras. ¿Y las cooperativas? tal vez no es mucho lo que pueden hacer, salvo apretar al gobierno.
Lo único pujante es el comercio ilegal de oro, cuyo crecimiento se puede rastrear en las cifras oficiales. Así, el valor exportado en 2014 como “oro metálico” ascendió a $us 1.382 millones; nada menos que el 35 por ciento del valor total de las exportaciones mineras del año. Aunque el vertiginoso aumento de las exportaciones de oro viene de antes, entre 2013 y 2014 el salto en el valor exportado ha sido nada menos que de 140 veces, con un incremento de casi el 100 por ciento en el volumen producido, que se sitúa en un máximo histórico de 39 T.M.F. Ello a pesar de los menores precios del oro en 2014. Entretanto, las denuncias de un posible contrabando de oro, para luego ser reexportado, suman y siguen.
La ingobernabilidad
Desde luego, poco o nada puede hacerse si no se revierte la pérdida de autoridad y gobernanza en la minería, convertida en campo de disputas rentistas y corporativas, con empresas e instituciones cuoteadas y capturadas por grupos de interés, y un gobierno rehén de las presiones sectoriales y casi sin margen para tomar decisiones autónomas, maniatado por la interferencia y el veto de sindicatos, cooperativas y facciones partidistas y desprovisto de capacidad y racionalidad técnica para conducir la política minera.
Enfrentar la crisis actual supone mucho más que manejo político. Hace falta liderazgo, profesionalismo, visión estratégica, concertación genuina con los sectores productivos; una política que modernice la industria minera y la haga competitiva. Bolivia necesita dos o tres proyectos de las dimensiones de Cristóbal y varios otros emprendimientos de menor tamaño pero gran eficiencia; y lo que sería deseable, asociados con cooperativas. Esto es, atraer inversiones mineras por varios miles de millones de dólares, lo cual tiene una condición fundamental: recuperar la confianza en el país para los negocios mineros.
Fuente: Opinión