El debut de los dos sistemas de impuesto a la renta -uno integrado con atribución de renta y otro semiintegrado- no será el único cambio que regirá a las empresas en el cuarto año de implementación de la reforma tributaria. Desde enero de 2017, un grupo de compañías sumará otra carga: el impuesto a las emisiones contaminantes producidas por fuentes fijas.

Se trata de un gravamen a las emisiones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes productivas, cuyas calderas o turbinas, individualmente o en conjunto, sumen una potencia térmica igual o mayor a 50 megavatios térmicos (MW). Este tipo de empresas se encuentra principalmente en el sector de generación eléctrica.

Pese a que en el gobierno evitan entregar la cantidad exacta de firmas que estarán afectas al nuevo tributo, acotan que las plantas que actualmente registran la potencia térmica sujeta al impuesto fluctúan entre 60 y 90. Algunas pertenecen a un mismo conglomerado.

Dado el alcance del impuesto, los ministerios de Hacienda, Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) avanzan en el diseño de un reglamento que publicarán durante el segundo semestre. Para ello, en las últimas semanas los equipos técnicos se han reunido tanto con las compañías involucradas como con organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial. “Nos hemos reunido con el sector regulado para abordar el sistema de monitoreo, registro y verificación que tendrán las emisiones y cómo se contabilizarán. Hay aspectos metodológicos que estamos trabajando”, afirma el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.

La mayoría de las operaciones que estarán sujetas al nuevo gravamen son termoeléctricas. La Asociación de Generadoras precisa que actualmente unas 20 compañías tienen una capacidad térmica superior a 50 MW. Entre ellas, AES Gener, Endesa, Engie (E-CL) y Colbún. En el equipo económico agregan que algunas celulosas -que no operan con biomasa- también podrían ser gravadas.

“Si la turbina o el proceso de calor es en base a un combustible de biomasa, no estará afecta. Pero si es fósil, lo estará. El impuesto no discrimina sectores, es transversal. Hemos detectado empresas que no son termoeléctricas y que están afectas”, asegura el jefe de la división de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Rodrigo Pizarro.

Recaudación anual

El informe financiero de la reforma tributaria -elaborado en agosto de 2014 por la Dirección de Presupuestos (Dipres)- prevé que el gravamen a las emisiones fijas recaudará unos US$ 184 millones al año. Sin embargo, Pizarro sostiene que las últimas estimaciones indican que sus aportes al Fisco podrían bordear los US$ 300 millones.

De hecho, en el equipo económico agregan que, de acuerdo a simulaciones preliminares basadas en las emisiones actuales, algunas firmas afectas podrían pagar entre US$ 1 millón y US$ 3 millones al año.

¿Cómo se aplicará? La ley establece un impuesto de US$ 5 por tonelada de CO2 emitida, carga que aportaría el 80% de la recaudación total. Pero una empresa ubicada en el desierto no pagará lo mismo que una emplazada en Santiago. Esto porque la norma también contempla otro gravamen que dependerá de la población que habita en torno a la planta, la calificación de la zona donde está ubicada y el tipo de material que emite.

Para calcular este último impuesto, se multiplicará la población de la comuna donde está la empresa por un coeficiente según el contaminante: US$ 0,025 para la emisión de NOx; US$ 0,01 para CO2 y para material particulado US$ 0,9.

Como segundo paso, Pizarro explica que lo anterior se multiplicará por otro coeficiente que dependerá de la calificación de la comuna: si es una zona latente de contaminación o una saturada. La carga tributaria final se estimará multiplicando ese resultado por las toneladas emitidas en el año calendario. “El fundamento del impuesto es cuánto daña a las personas. Busca gravar las externalidades negativas”, argumenta el economista.

Las empresas deberán declarar sus emisiones entre marzo y abril de 2017, pagando el impuesto correspondiente en la Operación Renta 2018.

Los inconvenientes

Pero la redacción del reglamento no ha sido fácil. En el oficialismo admiten que dado que fue una de las últimas medidas en incorporarse a la reforma tributaria, no se habría dimensionado adecuadamente su alcance ni cómo se llevaría a la práctica.

“En Hacienda hay dudas, porque algunos regulados afectos podrían decir que la forma de cobro es inconstitucional. Existe el riesgo de que algún privado termine llevando los protocolos a la Contraloría o a la Corte Suprema. Esto, porque en Chile nunca se han cobrado impuestos así. Siempre se aplican sobre cosas concretas, unidades fácilmente medibles. Este es muy variable”, admite uno de los asesores.

Hoy, empresas como las termoeléctricas reportan sus emisiones a través de un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (Cems). Este modelo es calificado como uno de los más exactos a nivel internacional, ya que monitorea horariamente a través de un filtro.

Pero no todas las industrias tienen Cems. Incluso, en el gobierno reconocen que “no es muy barato” y calibrarlo puede tardar más de un año. Algunas cementeras, por ejemplo, tendrían que instalarlo.

“No necesariamente todas las fuentes tienen un sistema de monitoreo en línea con la autoridad. Para que puedan registrar y monitorear, estamos haciendo un trabajo metodológico para que las fuentes que no tienen un sistema de monitoreo y registro continuo de emisiones puedan monitorearlas”, admite Badenier.

En ese escenario, una opción que se baraja es estimar las emisiones en base al consumo anual de combustible, lo que, según los entendidos, no sería un mecanismo fácil. Desde el sector privado opinan que la norma también debió considerar fórmulas de mitigación, como comprar bonos o acciones como reforestación.( La Tercera )