«Aquí va a haber lucha… Y se va armar la trifulca…», canta una voz anónima en un video publicado en YouTube contra el proyecto hidroeléctrico Añihuerraqui, en Curarrehue, Región de La Araucanía. Para evitar que se concrete, comuneros mapuches de Troncura ya presentaron recursos ante la Corte de Apelaciones de Temuco y otro en la Corte Suprema. Ambos fueron desechados, pero ahora se jugarán una tercera carta: ir a los tribunales ambientales.

Al caer en la esfera de los tribunales, Añihuerraqui replicó la trayectoria de los proyectos de inversión mineros y energéticos, entre otros, que a lo largo de los años y a partir de reclamos de comunidades u ONGs terminaron judicializados. Muchos de ellos, pese a contar con todos los permisos ambientales.

Nadie, ni empresas afectadas ni abogados del «rubro» se atreven a dar una cifra exacta sobre el número de iniciativas que han corrido la misma suerte. Unos hablan de varias decenas; otros, de un centenar.

Los proyectos de inversión resistidos por comunidades y que eventualmente pueden terminar en el estrado de un juez son numerosos. Hace unos días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó un «mapa de conflictos socioambientales», donde se mencionan 52 casos activos a nivel nacional, algunos de los cuales ya están en los tribunales (ver infografía).

Hito inicial: caso Ralco

El fenómeno comenzó hace poco más de dos décadas, con la entrada en vigencia de nuevas normas ambientales. Entre los hitos iniciales se menciona a Ralco, hidroeléctrica de Endesa que antes de concretarse enfrentó una suma de obstáculos por la ofensiva que desataron en su contra las hermanas pehuenches Nicolasa y Berta Quintremán, a comienzos de los 90.

Desde entonces, estos litigios se han multiplicado. Algunos con gran resonancia pública, especialmente cuando se trata de megaproyectos. Un ícono dentro de la nómina es HidroAysén, iniciativa de Endesa y Colbún que pretendía levantar cinco centrales en la Patagonia. Luego de una batalla judicial que se prolongó por años, el actual gobierno zanjó la disputa, revocando el permiso ambiental respectivo, en junio de 2014.

Las empresas afectadas están convencidas de que el «desfile» de los proyectos por los tribunales forma parte de una estrategia. Llegan incluso al extremo de hablar de una «industria del obstruccionismo». La visión común de las compañías sobre el problema -socializada entre ellas- da cuenta de un mecanismo complejo en el que la operación del engranaje clave está en manos de abogados.

En algunos casos -dicen-, la palanca que mueve a estos profesionales está dada por una «convicción medioambiental». Pero aseguran que la mayor parte de las veces, la motivación sería económica. Como ejemplo se citan los 3 millones de dólares que el estudio de Ramón Ossa obtendrá por el acuerdo que alcanzaron hace tres meses la comunidad de Caimanes y mina Los Pelambres (Región de Coquimbo), en el marco del conflicto por el tranque de relaves El Mauro.

Aparte de ese monto, la oficina de Ossa cobrará otro millón de dólares, correspondientes a las costas (gastos) en que incurrió durante los casi diez años en que defendió a los pobladores. Estos últimos, a su vez, se beneficiarán -a través de distintas iniciativas- con más de 30 millones de dólares que la minera colocó sobre la mesa como parte de la negociación.

Monitorean inicio de proyectos

Los honorarios que obtienen los bufetes en estos casos son variables. Dependiendo de la naturaleza del pleito y del «calibre» de quien esté detrás del proyecto, esas ganancias pueden ir desde los 100 mil o 200 mil dólares, y llegar a cifras equivalentes o superiores a las conseguidas por Ossa, dineros que provienen, por ejemplo, de indemnizaciones judiciales o de «entendimientos» a los que los gestores de las iniciativas se allanan para no ir a los tribunales, o impedir que un litigio se perpetúe.

Los resortes del mecanismo empiezan a funcionar cuando los abogados toman contacto con las personas o comunidades que se sienten perjudicadas por un proyecto. Lazo que, según la visión de las empresas, se daría a partir del monitoreo que algunos estudios jurídicos hacen para detectar inversiones con «potencial» para generar un conflicto susceptible de ser llevado al estrado de un juez.

«Cacería» de clientes

En esos casos -se asegura-, son los abogados quienes «van» hacia los posibles clientes. A quienes, junto con hacerles ver los «riesgos» de un proyecto dado, les suelen ofrecer asesoría jurídica gratuita, tomando en cuenta que muchas veces se trata de personas modestas. También se reconoce que ciertos profesionales son abordados desde las comunidades, en razón del «nombre» que se han ganado por los resultados obtenidos en estas controversias.

La fase siguiente, según la visión de las empresas, es la judicialización propiamente tal: la presentación de demandas, querellas, recursos de protección u otras acciones ante los tribunales. Escenario que para estos proyectos es complejo y cuyos efectos pueden abarcar desde una pérdida de reputación ante la opinión pública hasta la paralización de una obra o una orden de demolición.

Pero hay también complicaciones colaterales, como protestas ciudadanas o cuestionamientos a través de las redes sociales. Fase en la que, según el parecer de las compañías, juegan un rol protagónico las ONGs ambientales.

Quienes han tenido dificultades con sus proyectos explican que, más allá de algunas suspicacias, cuesta rastrear una eventual colaboración entre esos organismos y los abogados. Pero hacen ver que estos se encuentran en un mismo lado de la trinchera, bajo la lógica de que el «rival de mi rival es mi amigo».

Cuando una iniciativa se judicializa, los tiempos involucrados se dilatan. Tanto, que las gestiones de los abogados se extienden a veces por años, lo que en círculos empresariales llama la atención, considerando que deben sufragar gastos de viajes, hotelería, peritajes particulares y asesorías legales (ver recuadro).

¿Grandes estudios tras bambalinas?

Entre los impulsores de los proyectos hay quienes sospechan acerca del apoyo financiero que los abogados recibirían de estudios más grandes, los que harían esos aportes a cambio de obtener más adelante una parte de las ganancias. Lógica de «compra en verde» que aplicarían también los profesionales que están en la primera «línea de fuego».

En el caso del estudio Ossa -ejemplifican-, las costas debieron ser del orden de los $70 millones anuales, considerando que recibirá $700 millones por los gastos efectuados durante la puja legal: casi una década.

Enfrentados a un proceso judicial, la negociación aparece ante las compañías como una buena alternativa, de cara a «bajar» los conflictos e intentar recuperar el tranco normal de las iniciativas, para evitar que el paso del tiempo las «sepulte». Cuando se toma esa decisión, pesa también el hecho de que entre las empresas está la percepción de que durante los últimos años una mayoría de conflictos ha sido zanjada por los tribunales en favor de quienes se oponen a los proyectos. En esa nómina figuran casos como Castilla, central termoeléctrica cuya construcción, en Atacama, rechazó la Corte Suprema en 2012.

Desenlace que en las empresas atribuyen a una doctrina supuestamente plasmada por algunos jueces de tribunales superiores, a través de sus votos y pronunciamientos públicos.

En la fase de la negociación, los abogados siguen siendo protagonistas, debido a que por su posición en el tablero se yerguen como los interlocutores naturales entre las compañías y sus oponentes. Ese rol de mediador también genera cuestionamientos, pues se hace ver que de un momento a otro «cruzan la calle» y entran en tratativas con las empresas.

Conexiones políticas

En las compañías sostienen que a esas negociaciones, ciertos abogados llegan con un «peso» implícito que va más allá de lo jurídico: las conexiones de algunos de ellos con figuras políticas, como sucede con los profesionales Lorenzo Soto y Marcelo Castillo, quienes han asesorado al senador Guido Girardi (PPD), legislador que en su trayectoria ha rechazado distintos proyectos de esta índole.

La política ha estado presente de otro modo en algunos casos: en el litigio por Pascua Lama intervino Patricio Rodrigo, director de la ONG Chile Ambiente, hoy cuestionado por aportes irregulares de SQM al PPD.

Desde el entorno de los proyectos que han pasado a los tribunales, se reconoce que la fase de diálogo con los abogados es «delicada», principalmente porque ahí se tratan los temas de dinero, materia que genera suspicacias hacia afuera; lo mismo que eventuales roces, y hasta quiebres entre los abogados.

Pasó, por ejemplo, en el pleito de Caimanes. Hasta hoy, un grupo minoritario de vecinos rechaza el acuerdo a que llegó la empresa con más del 80% de los pobladores. Y también hubo una fractura en el entorno de Ossa y Cía., el estudio que logró el acuerdo con la minera. Esteban Vílchez, abogado que defendió a ese bufete frente a una denuncia criminal enmarcada en el pleito, se alejó de dicha oficina.

«Existe una posición antagónica bastante pronunciada, pues ellos se apartaron del mandato que se les entregó, e impulsaron un acuerdo con Pelambres para cerrar juicios», plantea Vílchez. Hoy representa a los disidentes del acuerdo con la mina. «En relación a Esteban Vílchez, no tenemos mucho que decir; existe una denuncia por infracciones éticas en su contra», retrucan desde Ossa y Cía.

Abogados de una misma generación

Ramón Ossa, cabeza de esta última oficina, aparece entre los abogados que las empresas y los conocedores del tema identifican como «referentes» en materia de judicialización.

Grupo que, según la visión de las compañías, estaría formado por no más de una decena de profesionales. Todos ellos, especializados en temas medioambientales y conocidos por la serie de triunfos que se han anotado frente a distintos proyectos. Algunos de ellos litigaron en los primeros conflictos ambientales registrados en el país. Como Alex Quevedo y su socio, el ya mencionado Lorenzo Soto, quienes defendieron a las hermanas Quintremán en el caso Ralco. «Antes no existía ni siquiera como cátedra», recuerda el segundo.

Marcelo Castillo pertenece a la misma generación. De hecho, jugó un papel clave en la batalla judicial contra el proyecto HidroAysén: «El caso más importante que me ha tocado en la vida», él mismo anota.

Contemporáneo a ellos es otro profesional que mencionan en el mundo empresarial: Alonso Barros, doctor en antropología y abogado, quien en los últimos años pasó del mundo académico a trabajar con comunidades indígenas enfrascadas en conflictos ambientales, lo que, según él mismo revela, le ha valido el apelativo de «enemigo número uno» de las mineras, pese a que, por ejemplo, en el litigio de Pascua Lama ofició de «amable componedor» (mediador) para propiciar un «memorándum de entendimiento» con 25 grupos diaguitas, lo que se concretó.

Con matices, todos los abogados admiten que la percepción de las empresas frente al fenómeno tiene elementos válidos. Pero también que se ha «caricaturizado» su papel en estos pleitos, según previene Soto.

Saben que sus honorarios generan resquemores por los elevados montos. Sin embargo, subrayan que esas cantidades se pactan libremente con los clientes: «No hay una industria del litigio, sino solo un ejercicio profesional», advierte Castillo. Más directo, Soto, que es doctor en derecho, recuerda que «no somos un apostolado». Y se pregunta por qué no hay un escrutinio sobre los cobros que efectúan por sus asesorías «los grandes estudios».

Honorario de US$ 3 millones

Sobre los 3 millones de dólares que percibirá como honorarios por su rol en Caimanes, Ossa es elocuente: «Están sobre la mesa, no son parte de un acuerdo confidencial. Renunciamos a parte de lo acordado (previamente)».

Dentro del grupo hay quienes niegan haber percibido dineros susceptibles de sospechas. Como Castillo: «Jamás me he visto involucrado en un tema de compensaciones».

Tienen también claridad en cuanto a que en las empresas corren historias «negras» sobre su especialidad. Y que aquellas los miran con distancia, pero lo atribuyen a las posiciones antagónicas en que los dejan los pleitos. Con todo, reconocen que en el «rubro» hay profesionales cuyo desempeño puede ser objeto de reproches. Como aquellos colegas «inescrupulosos» que, según Barros, llegan a una determinada comunidad y «se aprovechan» para embarcarlas en un litigio.

Ossa lo resume así: «Creemos que existen profesionales que utilizan conflictos reales, con una mirada exclusivamente comercial». No obstante, hace hincapié en el carácter auténtico de los litigios. Lo que, como sus demás colegas, atribuye a las falencias u omisiones de los proyectos. «Nunca he armado artificiosamente un caso», advierte, a su turno, Castillo.

«No somos activistas»

Estos profesionales rechazan igualmente que el ejercicio de sus funciones se confunda con posturas ideológicas. «No soy un activista. Soy un abogado que actúa frente a las asimetrías entre las posibilidades de acceso a la justicia de los indígenas frente a las grandes empresas», sintetiza Barros. «Trabajamos con las herramientas del derecho, no hacemos activismo», coincide con él Soto.

Admiten, en todo caso, que algunos de sus pares tienen un perfil ecologista. Barros habla de profesionales que poseen una agenda en esa línea. «Quieren imponer un mundo utópico, financiado desde el extranjero», dice, en alusión a los aportes que reciben.

El desconocimiento que, según ellos, hay a nivel de opinión pública y de las empresas en torno a su trabajo podría explicar igualmente los cuestionamientos. Como aquel de que en un momento representan a personas en pugna con un proyecto y que luego aparecen asesorando a grandes empresas. Le pasó a Castillo, quien después de ser clave en la batalla contra HidroAysén, prestó servicios a Agrosuper, frente a los cuestionamientos a su planta de Freirina: «No hay una contradicción en eso; es un ejercicio profesional».

Algo similar plantean en torno a las versiones de que como abogados ambientalistas «perseguirían» a sus clientes para poder representarlos. «Efectivamente hay quienes funcionan así y van a las comunidades a ofrecer sus servicios; no es nuestra práctica», asegura Ossa. Lo mismo dice Soto: «Me sobran clientes. Los selecciono. Soy un abogado conocido».

Tampoco dan crédito a la visión de que algunos de ellos hacen valer tácitamente sus conexiones políticas. Soto y Castillo, a quienes se suele vincular con Girardi, lo atribuyen a un «imaginario» y a un «mito».

Menos validez aún otorgan a la percepción de las empresas en cuanto a que sus gestiones en tribunales se verían favorecidas por una presunta sintonía de algunos altos magistrados con el ideario medioambiental. «Es una afrenta al Poder Judicial», sentencia Soto.

Ello, en el entendido de que se trata de conflictos reales, apunta Barros. Que si se ganan ante los magistrados o terminan en acuerdo con una empresa, es porque tienen fundamento: «No los inventamos los abogados».

La visión de las compañías apunta a que la judicialización de los proyectos evidencia, finalmente, una falla del Estado en sí. Ello, pues muchas de esas iniciativas han pasado los distintos tamices de la autoridad ambiental. Mismas inversiones que después terminan empantanadas, por decisión de otro brazo del aparato público: el Poder Judicial.( El Mercurio )