Las empresas del sector afrontan el desafío de optimizar el impacto de sus operaciones y activar la creatividad e innovación en un escenario de mayor regulación. La articulación Nación-Provincias y los temas ambientales y administrativos en la mira.
Frente a un ciclo a la baja que se prolonga más de lo que los analistas inicialmente estimaron, las mineras tienen que optimizar su eficiencia en las operaciones y activar la creatividad e innovación, en un escenario de mayor regulación de los países receptores de inversión y la permanente aplicación de estándares internacionales, contextualiza Florencia Heredia, socia de la firma HOLT.
Para la name partner de Heredia, Lede Pizzurno + Terrel Abogados, los aspectos ambientales y sociales juegan un rol cada vez mayor en la planificación y conducción de los proyectos. «Asimismo, los aspectos de infraestructura que impactan especialmente en proyectos con influencia en más de una provincia requieren una adecuada y a veces compleja implementación legal», dice.
Con ella, coincide Luis Lucero, socio de Marval, O’Farrell & Mairal, para quien los empresarios mineros requieren lo mismo que cualquier otro que planea una inversión de alto riesgo, de capital intensivo y muy largo plazo: estabilidad y seguridad en las leyes y marcos normativos, y un muy sólido andamiaje institucional.
Para el socio de MOM, en lo específico, el principal desafío es que «el Gobierno nacional pueda ejercer un liderazgo y coordinación efectivos respecto de las políticas a implementar por los gobiernos provinciales».
Más específicamente aún, se deben derogar «las leyes que prohíben indiscriminadamente la minería a cielo abierto y el uso de ciertas sustancias», dice. En otras palabras: «que pueda haber minería ambientalmente responsable en todos los lugares en que la geología lo justifique».
También para Hernán Zaballa, titular de Zaballa – Carchio, los desafíos tienen un carácter general, «alineados con lo que el Gobierno está haciendo en cuanto a eliminar restricciones cambiarias, tratar de mejorar la imagen del país para volver a los mercados financieros internacionales, bajar la inflación».
En relación a las normas que se aplican a la industria, «podrían ser objeto de actualización y perfeccionamiento, pero, en general, no han resultado ni resultan, en la medida en que las autoridades las cumplan debidamente, un inconveniente para los inversores», dice.
Ausente en el Código de Minería, el cierre de minas podría cobrar mayor importancia en los años venideros, advierte.
Ignacio Celorrio, socio de Quevedo Abogados, divide los desafíos legales para el corto y largo plazo. Dentro del primer grupo, habla de la eliminación de leyes destinadas a impedir la actividad minera o tomar renta previo al inicio de explotación, junto con el restablecimiento fáctico de los derechos emanados de la ley 24.196; la modernización, simplificación y supervisión del actuar administrativo en los procedimientos de permisos; el dictado de normas que habiliten esquemas modernos de financiamiento; la reducción de costos burocráticos, y acciones que eviten la tenencia de propiedades para especulación inmobiliaria.
Los de largo plazo son más ambiciosos, dice, pero también más importantes. Entre ellos, destaca la actualización de los principios del Código de Minería a la industria moderna y a los objetivos actuales de la política en la materia; una mejor distinción de la regulación aplicable a las etapas de exploración y evaluación de proyectos, y una revisión jurisprudencial profunda respecto de la utilización de principios generales en materia ambiental, concluye.
El Cronista