Hace algunas semanas, la Embajada de Canadá, con el apoyo de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), organizó el seminario «La evaluación de proyectos de interés nacional: el sistema canadiense». La actividad, que contó con la presencia del ministro de Medio Ambiente y del subsecretario de Minería, tuvo por objeto compartir los resultados de la experiencia canadiense para enfrentar los desafíos de la evaluación ambiental de proyectos, dado el potencial de desarrollo de los recursos naturales y la tramitación de sus permisos.
De esa experiencia, los chilenos tenemos mucho que aprender, ya que Canadá tiene una de las mayores reservas de recursos naturales en el mundo y es un exportador de productos elaborados a partir de recursos naturales. El año 2013 estos productos (los elaborados a partir de recursos naturales) representaban cerca del 18% del PIB de Canadá. En ese entonces, el país del Norte enfrentaba desafíos muy similares a los que hoy afronta nuestro país en materia de procesos de aprobación ambiental. Entre estos se distinguían, por ejemplo, la duplicidad en la tramitación de los permisos dados los distintos requerimientos y criterios sobre una misma materia a nivel federal y provincial, así como grandes esfuerzos para coordinar y determinar quién era la autoridad competente; la superposición de la normativa y servicios públicos con competencia respecto de los proyectos y la ausencia de un enfoque de gobierno para llevar adelante consultas con los pueblos originarios, lo que repercutía en largos tiempos de tramitación con el consiguiente retraso en la ejecución de los proyectos.
Entendiendo la gravedad de la situación, el gobierno canadiense decidió formar una Oficina de Gestión de Grandes Proyectos (OGGP). El objetivo de esta oficina era liderar la revisión del proceso de evaluación ambiental para asegurar que se cuente con un mecanismo de evaluación eficiente y efectivo que permita materializar las oportunidades de inversión. Todo ello, manteniendo altos estándares ambientales.
En palabras de Jim Clarke, director general de la OGGP, el gobierno de Canadá hizo un diagnóstico crítico de la situación: «Percibimos que nuestra capacidad institucional y nuestro sistema eran ineficientes, los procesos eran demasiado largos y poco coordinados perjudicando la competitividad del país», dijo.
Mirando este escenario, a dos años de la revisión gubernamental, vemos que la iniciativa de la OGGP está dando resultados. La autoridad provee a los proyectos de una ventana única para las revisiones, se muestra proactiva para solucionar eventuales problemas asociados a estas revisiones y brinda un apoyo directo a lo largo del proceso de revisión, desde la evaluación ambiental hasta la aprobación de permisos. Muchos coinciden en que hoy Canadá cuenta con un proceso regulatorio más predecible y menos engorroso, enfocado en la evaluación de grandes proyectos (ya que requieren, además, una evaluación federal), con tiempos de aprobación que se han reducido de cuatro a dos años y con procesos de consulta a pueblos originarios coordinados y consistentes.
Volviendo a nuestro país, en abril pasado se creó una Comisión Asesora Presidencial para fortalecer el Sistema de Evaluación Ambiental, de manera de aumentar su eficiencia y confiabilidad. Tal como lo indicó el ministro Pablo Badenier, el desafío es «cómo mejoramos la evaluación y cómo esta les da mayor valor a los proyectos que se implementen en el territorio».
En este sentido nos parece que la experiencia canadiense es muy valiosa y una oportunidad de aprendizaje, tanto para la Comisión Asesora como para las entidades ambientales chilenas. El seminario organizado por la embajada y la cámara es un primer paso, sin embargo existen muchas oportunidades para seguir profundizando en esta y otras experiencias y adoptar algunas de las iniciativas de nuestro socio comercial, que cuenta con altos estándares ambientales y experiencia trabajando en el país. Aprovechemos estas oportunidades de trabajo con nuestros socios del Norte.
Canadá cuenta con un proceso regulatorio más predecible y menos engorroso, con tiempos de aprobación que se han reducido de cuatro a dos años y con procesos de consulta a pueblos originarios coordinados y consistentes.( El Mercurio)