Fue Verónica Pinilla, amiga y vicepresidenta del PPD, quien primero logró contactar el martes al ex ministro Jorge Insunza e informarle la noticia: la fiscalía había hecho trascender la decisión de iniciar una investigación de oficio por eventuales delitos tributarios, cohecho y negociación incompatible, a raíz de las asesorías que él prestó a Antofagasta Minerals (AMSA, brazo minero del grupo Luksic) mientras era diputado. Luego de una conversación con su esposa, se enteró de los otros antecedentes: esa mañana ya habían concurrido a su casa, cuando solo su hija se encontraba allí, funcionarios de la PDI enviados por el Ministerio Público a recabar información.
Cercanos al ex congresista aseguran que, aunque la decisión del Ministerio Público lo sorprendió, él está convencido de que ella obedeció a la presión pública para «equilibrar» las acciones de la entidad, hasta ahora concentradas principalmente en figuras de la UDI. Una presión que él dice haber notado desde el verano, cuando en Twitter activaba el buscador poniendo su nombre y advertía el número de veces que este aparecía mencionado por dirigentes de la derecha.
Los orígenes del vínculo de Insunza con la minera de los Luksic se remontan a mediados de la década pasada, cuando Eduardo Loyola presidía el Consejo Minero y lo invitó a dar una charla en su calidad de analista. Su intervención llamó la atención de las máximas autoridades de AMSA, quienes lo invitaron a conversar. Entonces recibió una propuesta: «explicarles» la política chilena. Para asumir el encargo, el ya diputado creó la consultora Virtus, diferenciándola de Sistema, su empresa de toda la vida. El trabajo consistía en la elaboración de un informe semanal que él redactaba personalmente los días domingo; ello, aun cuando en alguna oportunidad se lo habría encargado a uno de sus colaboradores más estrechos en Sistema, Mauricio Bugueño, actual jefe de gabinete del ministro Marcelo Díaz. Adicionalmente, cada cierto tiempo Insunza se reunía con miembros del directorio de AMSA, para exponerles sus visiones. La relación se mantuvo por siete años y culminó de común acuerdo en octubre de 2014, cuando las investigaciones sobre dinero y política empezaban a causar impacto público. Durante el período, Insunza habría totalizado pagos recibidos por unos $198 millones.
El ex congresista ha señalado a sus cercanos tener completa tranquilidad respecto de su situación; de hecho, el miércoles ya hizo llegar al fiscal Carlos Gajardo un pendrive con los informes que realizó para la minera. Hoy solo reconoce a quienes han estado con él haber cometido el error de mantener el vínculo con la firma siendo diputado. Y hace notar, como muestra de su independencia respecto de los intereses de la empresa, actuaciones como la que tuvo en el conflicto entre Pelambres y la comunidad de Salamanca, donde públicamente instó a la minera a buscar un acuerdo que acogiera las demandas de los afectados.
«Aguas del minero», su votación más polémica
Como diputado, Insunza participó al menos en dos votaciones que pudieron involucrar los intereses de AMSA. Una fue la adecuación de la ley de cierre de faenas mineras promovida por el actual gobierno, donde sus cercanos enfatizan que él actuó en defensa de los intereses de los pequeños mineros. Y el caso más polémico ocurrió en el primer semestre de 2015, cuando ya había terminado su relación con la firma de los Luksic. Entonces, siendo integrante de la comisión de Recursos Hídricos, participó en la discusión del Código de Aguas. En una acalorada sesión, cuando se debatía la modificación del artículo 56 sobre las llamadas «aguas del minero», el diputado, en lugar de sumarse a la postura de la Nueva Mayoría de terminar con esa figura, la rechazó y votó junto con sus colegas de derecha. El hecho motivó el cuestionamiento de ambientalistas, críticas que él desestimó, argumentando que la propuesta oficialista contenía errores; de hecho, a la semana siguiente presentó una nueva indicación para modificar la legislación existente, pero ya no siguió participando en la tramitación del proyecto, pues dejó el Congreso para ocupar fugazmente la Secretaría General de la Presidencia en el gabinete de Michelle Bachelet.
Quien presidía en ese momento la comisión, la DC Yasna Provoste, recuerda que su ex colega no fue el único oficialista que no apoyó el fin de las «aguas del minero», pues Mario Venegas (DC) se abstuvo. Dice que entonces sintió «tristeza» por la pérdida de la indicación, pero el hecho en sí no le despertó suspicacias. Hoy piensa que es un tema en que «la justicia tendrá que determinar si es que hubo prácticas reñidas con la probidad y la transparencia».
( El Mercurio )