Una suma de todos los miedos. Así se podría definir lo que enfrenta hoy la mayor productora de cobre del mundo y, hasta hace unos años, el pilar del fisco chileno: Codelco. La estatal enfrenta una caída del precio del cobre que ha golpeado sus ganancias hasta dejarlas prácticamente en cero; afronta niveles históricos de inversión cuando no tiene cómo financiarlos y ya tiene altísimas deudas. Y, por si fuera poco, conflictos sindicales amenazan con paralizar algunos yacimientos.
Este año hay negociaciones colectivas que consideran 3.524 trabajadores. Pero en 2017 las tratativas abarcan a 6.546 personas, de las cuales unas cinco mil corresponden a Chuquicamata.
En estos momentos tiene lugar en Salvador una tensa negociación colectiva: se quebró la relación entre la compañía y los trabajadores, que rechazaron la oferta de la empresa. Los sindicatos de la división más pequeña de Codelco amenazan con huelga; la compañía responde que si paran, cerrarán la faena. Los dirigentes intentan aquietar los ánimos porque saben que esta admonición, hoy más que nunca, está cerca de concretarse.
Y en Chuquicamata, donde han surgido varios movimientos sindicales como el Comando de Trabajadores Unidos o el Frente de Trabajadores Mineros, se viene una negociación con seis sindicatos Rol B de trabajadores, que engloba a más del 80% de la fuerza laboral de la otrora división más grande de Codelco. Tanta es la tensión que en la estatal ya se habla de «la guerra popular».
Salvador: Préstamo o cierre
Salvador está en alerta. El sindicato al que pertenece y lidera el director más antiguo de Codelco, Raimundo Espinoza, rechazó la negociación colectiva anticipada y también la oferta de la empresa, consistente en cero reajuste y un bono de fin de conflicto de $2,5 millones. La próxima semana se vota la huelga, pero la compañía habría hecho otra propuesta: un bono un millón de pesos más alto. Los trabajadores la rechazaron, porque quieren además un préstamo blando de $2 millones.
Así las cosas, el sindicato está dispuesto a paralizar el yacimiento.
«Codelco no cederá», dicen en la estatal. Y dan cifras. Un día de huelga en esta división le cuesta a la corporación US$ 692 mil en términos productivos. Un mes sale US$ 21 millones. Acceder a lo que proponen los sindicatos cuesta US$ 25 millones, pero es un costo estructural, que se eterniza y eleva la ecuación final. «No es sustentable y tendríamos que cerrar Salvador», sostienen en la casa matriz de Huérfanos 1270.
Pero en el desierto nortino responden que eso no es cierto. «Fuimos los que más bajamos los costos de todo Codelco, hoy estamos en números azules», asegura un dirigente que pidió reserva de su nombre por temor a represalias de otros líderes gremiales.
En la estatal rectifican esa aseveración: redujeron los costos en 63%, pero solo para quedar en cero, no perdiendo plata, pero tampoco generando ganancias. «Si accedemos a la petición de los sindicatos, volvemos a los números rojos», sostienen.
En la interna, algunos dirigentes de Salvador buscan aquietar los ánimos y convencer a las bases de que lo mejor en esta coyuntura es mantener los trabajos, en espera a que mejore el precio del cobre y Codelco realice el proyecto Rajo Inca, que dará continuidad a la operación del yacimiento. Y destacan que aunque la administración ha desvinculado a supervisores y a gerentes, no ha tocado a los Rol B (trabajadores) de Salvador.
Sin embargo, el ánimo de los trabajadores es ir a la huelga, porque estiman que ya han hecho su sacrificio bajando costos. Entre 2013 y 2016, los costos de la fundición bajaron 20%, mientras que los de la refinería lo hicieron en más de 40%. Y hacen ver que en Los Bronces, de Anglo American, están ofreciendo un bono suculento (ver recuadro), por lo que la minería está en ajuste, pero no en crisis.
Chuquicamata: cuatro razones de una histórica negociación
Si la negociación en Salvador es compleja, el escenario pinta peor en Codelco Norte. La otrora mina a cielo abierto más grande del mundo, Chuquicamata, afronta a comienzos de 2017 la negociación con seis sindicatos que engloban una base de casi cinco mil trabajadores de los poco más de seis mil que tiene la división.
La administración liderada por Nelson Pizarro intenta no escalar el conflicto. El discurso público de Codelco pone énfasis en el aumento de productividad que debe encarar toda la compañía para poder salir de la crisis.
Los problemas en Chuquicamata abarcan cuatro flancos.
El plan de la administración es no ofrecer reajustes y proponer un bono de $2,5 millones a sindicatos que en años anteriores recibieron más de $10 millones al término de negociación. Según cálculos de Gustavo Lagos, del Centro de Minería UC, cada trabajador propio de Chuqui le cuesta a Codelco $57,8 millones en promedio al año. En la administración de la estatal añaden que es la división con mayores pérdidas y costos más altos, con bajas significativas de producción, con más ausentismo y enfermedades profesionales.
Lagos agrega que si hay huelga en Chuqui, aumenta la posibilidad de que la empresa opere en números rojos.
La empresa quiere simplificar los términos del contrato colectivo, dado que existen más de 100 anexos dependiendo de los turnos, las labores concretas, las distintas instalaciones y otras características específicas, que hace que logísticamente sea engorrosa su administración. Estos cambios son rechazados por los trabajadores, que acusan de querer restar beneficios.
Existe un alto riesgo de que la negociación colectiva se empalme con el despido de cerca de mil trabajadores en el tránsito de mina a cielo abierto a explotación subterránea. En todo caso, oficialmente Codelco señala que aún está por definirse la cifra de despidos.
Independientemente del número, los sindicatos quieren minimizar las desvinculaciones y que estas se hagan mediante planes de retiro, pero la compañía dice que no tiene plata para ello. Y es que el plan de retiro de 2010, cuando salieron 2.218 trabajadores de Chuqui, costó casi US$ 500 millones.
«La explotación subterránea requiere no solo un tipo de trabajador distinto de los que predominan en la operación a rajo abierto, así como una cantidad menor de trabajadores, sino que además se requiere que los costos laborales por trabajador sean menores para que el proyecto sea rentable», explica Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining.
La negociación se realiza en un año de elecciones, con lo cual el riesgo de politización del conflicto es muy alto. Pero no está claro quién gana con esto. Un director de Codelco sostiene que «si hay huelga, en este contexto de poco crecimiento, las demandas de los trabajadores parecerían excesivas. Mal que mal, se habla de bonos millonarios».
Otro miembro de la mesa estima que la «popularidad de la Presidenta Bachelet crecería 20 puntos si hoy paran los trabajadores».
Al respecto, la presidenta del sindicato 3, Liliana Ugarte, señala: «La negociación ciertamente será compleja, dado el afán de Codelco de endosar los perjuicios de la crisis a los trabajadores e intentar compensar una pésima gestión productiva y de costos al recurso humano».
«No estamos dispuestos a sacrificar los beneficios que hemos conseguido en 60 años de existencia como organización sindical y seguiremos dando la pelea por la igualdad para nuestros trabajadores nuevos, cuyos sueldos y beneficios fueron desmejorados a contar del año 2010», agrega.
La presión para atrasar Chuqui Subterránea
Codelco debe realizar cinco proyectos estructurales para evitar la caída de su producción en el próximo decenio. Estos son: Chuquicamata Subterránea, RT Sulfuros, Nuevo Nivel Mina El Teniente, Desarrollo Futuro Andina -ex Andina 244-, y Rajo Inca. Chuqui está en plena construcción y a inicios de agosto recibió un espaldarazo de la autoridad ambiental: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decretó en un informe que el proyecto que espera alargar la vida útil de la emblemática mina en 40 años, cumple con todas las normativas.
Pero hay directivos dentro de Codelco y en el Gobierno que quieren que disminuya el ritmo de ejecución de Chuquicamata Subterránea, debido a su alta inversión y a que este proyecto implica un despido masivo de trabajadores.
Pero una postergación comprometería la posición de liderazgo de la estatal en el mundo cuprífero, implicando menores aportes al fisco por concepto de excedentes para los años venideros.
«Nelson Pizarro no quiere pasar a la historia como quien provocó que Codelco perdiera su sitial de mayor productora del mundo de cobre», señala un cercano al presidente ejecutivo.
El máximo ejecutivo de la estatal ha realizado un fuerte recorte de costos, que también llegó a la cartera de inversiones, que se ha rebajado dos veces y pasó de costar US$ 25 mil millones a poco más de US$ 18 mil millones.
LA NEGOCIACIÓN CON SEIS sindicatos de Chuquicamata se realizará en un año de elecciones, con lo cual el riesgo de politización del conflicto es muy alto.( Fuente: El Mercurio )