antes de fin de año se cerraría una etapa clave en el juicio civil que mantiene Glencore contra Antofagasta Minerals, en Argentina, pues la firma chilena comenzaría a realizar el cierre ambiental del botadero que las enfrenta. Pero, las mineras creen que el conflicto seguirá por varios años.

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¿Cómo ven que el fiscal argentino considerara razonable el plan de cierre?

El fiscal tomó el plan conceptual, vio que cumple todos los propósitos que tienen este tipo de medidas e hizo un análisis objetivo. Con esto, le damos tranquilidad a la provincia de San Juan de que no está pasando, ni pasará nada malo con la presencia del botadero.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Estamos terminando de entregar la ingeniería de detalle a las autoridades argentinas. En paralelo, estamos avanzando en los permisos de cierre. En Argentina, tenemos que reunirnos con las autoridades para saber qué permisos necesitamos, mientras que en Chile tenemos prácticamente todos los permisos para hacer el cierre. Lo que nos falta es un permiso de paso ocasional, que ya hemos solicitado. Esto tiene que pasar por un trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores y tienen que ponerse de acuerdo los dos gobiernos, lo que debiera ser rápido.

El fiscal dijo que en octubre se aprobaría el plan…

Si el 31 de octubre tenemos todos los permisos y aprobaciones, el 1 de noviembre partimos con las operaciones para ejecutar el cierre.

El plan completo puede tomar entre ocho meses y un año, dependiendo de las condiciones climáticas.

¿Y el retiro de los 500 neumáticos?

Es lo primero que vamos a hacer y sólo requiere del permiso ocasional. Tomaremos esos neumáticos y los llevaremos a nuestra faena minera, ubicada en territorio chileno. Esto demoraría dos o tres meses.

Termina esta etapa, pero sigue el tema de fondo…

Glencore seguirá insistiendo en el retiro de los escombros, donde lo que está haciendo es intentar forzar algún acuerdo indebido. Ellos no han hecho nada en su proyecto Pachón -donde está instalado el botadero- y claramente están poniendo más empeño en las acciones judiciales contra nosotros que en desarrollar su iniciativa.

Pero Glencore los ha acusado de dilatar el juicio.

No es así. Hemos ejercido nuestro legítimo derecho a la defensa y lo seguiremos haciendo, porque queremos ganar el juicio. Si bien no manejamos los tiempos de la justicia argentina, estimamos que como mínimo durará unos cuatro años más. Por ello, vamos a ejercer todos los derechos que nos corresponden, dejaremos clara la situación y no aceptaremos ser extorsionados por Glencore, ni nadie. Creemos que hay que ganarse los dólares haciendo minería y no mediante litigios artificiosos.

¿Hacen algún mea culpa como empresa?

Nosotros construimos y operamos todo conforme a los permisos que teníamos, no actuamos de manera negligente, culposa, ni dolosa. Acá hay una situación que es desafortunada, por cierto. Nadie, en su sano juicio, va a ir a dejar un botadero de roca, que no es más que eso, a territorio que no es el suyo, ni menos a un Estado extranjero.

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¿Cómo evalúan el plan de cierre que presentó Amsa?

Lo entregaron atrasado: seis meses después de que el juez dictó la medida cautelar y cuatro años luego de dejar abandonado el botadero. Además, sólo es una solución provisoria respecto a los daños causados.

El fiscal argentino es proactivo para lograr un pronto cierre ambiental.

Demuestra las preocupaciones de las autoridades argentinas por la existencia de una escombrera ilegal en su territorio y que Amsa debe hacerse cargo de esto, pues no cuenta con ningún permiso ambiental y además contamina. Asimismo, la escombrera ni siquiera está construida bajo las normas ambientales de los permisos otorgados en Chile, ya que les falta el canal de circulación, entre otras cosas, y también botaron cerca de 500 neumáticos, lo que está prohibido tanto en Chile como en Argentina.

Esto se suma a los seis casos que tienen de violaciones ambientales en el país, como el juicio por el tranque El Mauro, lo que confirma que Amsa tiene una conducta que se repite.

¿Las obras podrían empezar antes de fin de año?

La propuesta que presentaron ante los tribunales argentinos no está completa, le falta aún la ingeniería de detalle. Sin embargo, Glencore dijo que dará todas las facilidades para que se puedan ejecutar estas obras.

¿Qué viene luego?

Vamos a seguir insistiendo con el tema de fondo: que Amsa retire los escombros que botó ilegalmente en el proyecto Pachón. Esto está pendiente de que se resuelva y tendrá que dirimirlo el juez del juicio, lo que podría durar mínimo cinco años.

¿Ven posibilidades concretas de ganar el juicio?

Acá hay que destacar que la legislación argentina establece que cuando una empresa es víctima de un daño de este tipo, como ocurre con Glencore, el autor del daño, es decir, Amsa, debe deshacer o retirar aquello que causa el daño. Por lo tanto, nuestra posición está fundamentada y respaldada en base a la legislación transandina. Si Amsa considera que retirar los escombros es poco razonable y les resulta caro, es un problema de ellos y tendrán que hacerse cargo.

¿Ustedes buscan una indemnización tras esto?

Tienen que indemnizarnos por el tiempo que han ocupado nuestros terrenos ilegalmente, sin pagar nada y, además, por todos los perjuicios que han causado y que seguirán causando, pues el juicio sigue en desarrollo. Por ejemplo, Glencore ha tenido que incurrir en toda clase de informes técnicos, asesorías de ingeniería y jurídicas.

¿En qué está actualmente el proyecto Pachón?

Se están analizando otras posibilidades de desarrollo a una escala menor, que requieran de un plan de inversión más bajo, el cual inicialmente era de US$ 6.000 millones para producir cerca de 400.000 toneladas. La reformulación debería estar definida durante el próximo año.
Fuente: La Tercera/Gabriel Alvarez