Recientemente el gobierno ha lanzado a través de diferentes canales el slogan “Chile en Marcha”.
Esta frase, sin duda captura el camino que está tomando nuestro país en materia económica, y donde la minería ha tenido un rol fundamental.
Hace unos días conocimos la positiva noticia de que se llevará adelante la segunda fase de Quebrada Blanca luego de concretarse una alianza estratégica con Sumitomo Corporation.
El proyecto considera una inversión cercana a los US$5.000 millones y permitirá extender la vida útil de la operación en 25 años, además de la creación de 11 mil puestos de trabajo durante su construcción y otros 2.000 en la operación.
Esto se suma a otros anuncios de mineras que demuestran la reactivación de esta actividad. Recientemente se materializó el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Rajo Inca de Codelco, al tiempo que la estatal anunció sus planes para explotar litio en el Salar de Maricunga.
A esto se suma la aprobación por parte del directorio de Antofagasta Minerals de la iniciativa para ampliar Minera Los Pelambres y los planes de Anglo American para expandir Los Bronces.
Como gobierno, sin duda estas noticias muestran que hemos dado los pasos adecuados para atraer inversión minera a nuestro país, la misma que hace años estaba paralizada ante los bajos precios de los commodities y la incertidumbre regulatoria que generó algunas reformas que impulsó el gobierno anterior, como es el caso de la tributaria y la laboral.
Si bien celebramos este escenario de reactivación ya que sin duda aportará dinamismo a la economía y generará miles de empleos en un futuro cercano, también implica un desafío.
El desarrollo de estos proyectos pondrá a prueba nuestro sistema burocrático y nuestra institucionalidad.
Es por ello que el Ministerio de Minería desde abril está trabajando con el mundo privado y los servicios del Estado en identificar los principales “cuellos de botella” presentes en la tramitación ambiental de un proyecto minero, así como en la posterior obtención de permisos sectoriales.
Este proceso se inició con una mesa de trabajo que sesionó 23 ocasiones y fue conformada por siete instituciones permanentes y donde se solicitó la participación de 11 órganos de la administración del Estado con competencia ambiental y sectorial.
Si bien el proceso de diagnóstico culminó en el mes recién pasado, este dio pie para una segunda etapa, a través de la instauración de mesas especializadas con el objetivo de dar solución a desafíos urgentes, como es la adecuación de garantías financieras para los cierres de faenas, cuya modificación legal ingresaremos durante los próximos días.
Hoy Chile está en marcha y no tenemos duda que prontamente el trabajo que se está realizando para destrabar la inversión generará un impacto directo en el crecimiento de Chile y en mayor bienestar para la población.(Pulso)