Vocero del sindicato de Escondida: “Solo falta que Trump nos amenace con represalias”

El vocero del Sindicato de Escondida, Carlos Allendes, se refirió a las declaraciones que realizó el presidente del mismo, Patricio Tapia, quien fue grabado mientras se dirigía a los socios en una asamblea interna de la organización.En ella Tapia contó que tuvo contacto con Mario Livingstone (asesor del ministro del Trabajo), quien le preguntó “cómo veía la cosa”. Súper bien, respondió el dirigente. El asesor pidió que le explicara sus palabras, manifestando que la propuesta es lamentable para los trabajadores, por lo que harían efectiva la huelga. “Nosotros nos vamos 30 días de huelga y descolgamos al día 30 todos los viejos y nosotros”, dijo.

Sobre ello Allendes dijo que las frases que manifestó el presidente del Sindicato hay que contextualizarlas. “De verdad es impresionante la cantidad de todo tipo de presiones que nosotros recibimos, abiertas y encubiertas, de parte de políticos, gremios patronales, prensa empresarial. Por otro lado, se nos descalifica por algunos desde el prejuicio y la ignorancia, ya que se quedan con el publicitado tema del bono de término, que oculta que la empresa nos quiere volver a quitar beneficios, pero eso último se silencia. Solo falta que Trump nos amenace con represalias”.Agregó que “en esta lucha, como dijo Patricio, ¿quién ve por nosotros? Nos exigen responsabilidad con el país, ¿acaso quieren que por el bienestar del país aceptemos que nos quiten beneficios? No vamos a tolerar presiones de estos poderes fácticos que sirven a la empresa”.Respecto de las consecuencias para el país, Allendes sostuvo que “un mes de huelga en Escondida implican cerca de 40 millones de dólares menos en impuestos. Pero hay un detalle, la huelga hace subir el precio del cobre. ¿Sabe usted cuanto aumentan los ingresos de Codelco, que es de todos los chilenos, si sube sólo 10 centavos la libra de cobre? Alrededor de 400 millones de dólares en un año. Ese dinero no se va al extranjero, se queda en Chile. Pero esto no se dice, ya que los intereses que se esmeran en descalificar a los trabajadores, son los mismos que les encantaría privatizar a Codelco”.Por último manifestó que “son esos intereses y poderes fácticos los que están detrás de la grabación y difusión pública de una asamblea privada, lo que constituye un delito. Vamos a averiguar quién grabó, pero ya sabemos el medio y la periodista que difundió la grabación de conversaciones privadas. Hacía ellos irán las primeras acciones”.

Fuente: soychile

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