Los beneficios ocultos que los sindicatos de Chuqui no quieren transar

Los sindicatos 1, 2 y Minero de Chuquicamata tienen beneficios excepcionales pactados en sus contratos colectivos que Codelco está tratando de reparar. De hecho, en estos días la estatal quiere rebajar los costos de las prestaciones de seguros de salud, los que se podrían reducirse en hasta 55% si la minera los administra. También están estudiando acciones contra el Sindicato N° 2, por una deuda de US$ 16 millones.


Vergüenza ajena es el sentimiento que más sienten los dirigentes sindicales de Codelco que no están vinculados con Chuquicamata. Es que los trabajadores de la centenaria división de la cuprera están siendo cuestionados por la propia dirigencia sindical del mayor productor de cobre del mundo.

¿La razón? Es que a raíz del llamado a paro que está convocando Chuquicamata y cuyo apoyo masivo se conversará formalmente el próximo 17 de julio en una reunión ampliada de presidentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), se están conociendo detalles de los beneficios que ostentan los trabajadores de Chuqui, algunos de ellos pactados en los contratos colectivos y que son calificados como “únicos” dentro de la FTC.

Se trata de préstamos millonarios y también de roles únicos vinculados con la administración de los seguros de salud, dental y catastróficos que ostentan los dirigentes sindicales de la división ubicada en Calama, los que han abierto las sospechas al interior de la cuprera respecto de malas prácticas que finalmente perjudican las finanzas de Chuquicamata. Y son esos beneficios los que los trabajadores del norte no quieren poner sobre la mesa en las conversaciones que se tienen que retomar entre la dirigencia sindical y la administración de la minera para enfrentar la transformación de Chuquicamata.

Este cambio es vital y, según ha dicho el propio presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, es necesario para evitar que la división desaparezca. Por eso, el plan que se diseñó contempla la salida de 1.700 trabajadores de Chuquicamata hacia el año 2022; de ellos, 1.100 deberían salir bajo la modalidad de “planes de egreso alternativos”. Pero hoy el diálogo no está fluyendo entre las partes. Es que Codelco debe pactar un incentivo para renovar la dotación de la división, pero alejado de los niveles que se alcanzaron en años anteriores. “Estamos obligados a dejar la historia atrás, debemos convencernos de que no podremos sobrevivir si no estamos dispuestos a hacer estos cambios. En eso estamos trabajando y eso es lo que estamos impulsando”, dijo Nelson Pizarro el pasado 11 de julio.

Cambios en salud

Uno de los cambios que hoy está impulsando la estatal -aun sin el apoyo de los trabajadores de Chuqui – es mejorar la forma de administrar los seguros de salud, tema delicado entre la dirigencia sindical, pues, según el contrato colectivo que impera en el norte, los sindicatos N° 1, 2 y Minero son los que administran y contratan los seguros de vida y de accidentes personales de la división.

Y desde hace más de una década, la aseguradora contratada es Chilena Consolidada, la cual, a su vez, contrata a Gestión y Servicios como administradora de las pólizas y encargada de entregar la asesoría legal y psicológica a los beneficiarios de quien resulte fallecido.

La idea de Codelco es, sin vulnerar el contrato vigente, hacerse cargo del pago de las primas, las que hoy son canceladas en partes iguales por Codelco y por los trabajadores. Esto, luego de que la minera, en conversación con Chilena Consolidada, llegara a la conclusión de que se podría obtener una rebaja de 55% en las pólizas actuales sin la participación de Gestión y Servicios, “debido a que los servicios de dicha empresa elevan considerablemente las tasas y, por ende, las primas cobradas”, explican en Codelco al ser consultada por Pulso.

“Esto implica que si la corporación lograra administrar directamente estos seguros, lo que depende exclusivamente de la decisión de los sindicatos por estar establecidos en los convenios colectivos vigentes, tanto los trabajadores como Codelco tendrían que pagar menos de la mitad de lo que actualmente deben costear. Esta mejora implicaría un ahorro en el contrato colectivo de al menos $ 900 millones al año”, detalla Codelco.

La minera explica también que esta misma modalidad imperaba en Radomiro Tomic entre 2008 y 2016, donde los seguros de salud, dental y catastróficos eran contratados por la firma, previa selección del sindicato, y donde Chilena Consolidada y Gestión y Servicios también prestaban el servicio.

“El 2016, al identificar el alto costo de las primas y motivado por la necesaria reducción de costos, Codelco determinó licitar el servicio en búsqueda de mejores alternativas de mercado, pues así lo permitía el contrato colectivo, logrando un ahorro de $ 1.400 millones para el período 2016-2018 con la misma cobertura y beneficios anteriores. Esto es un 33% más económico que el contrato anterior”, detalla la minera.

La voz de los sindicatos no se hizo esperar. De hecho, en las misivas que en las últimas semanas han entregado los sindicatos de Chuquicamata, llamando al paro, hablan de los cambios “unilaterales” que Codelco está haciendo en el sistema de salud y también hablan de vulneraciones de parte de la administración a los contratos colectivos.

Fondo de retiro

Pero el cuestionamiento principal que se hace desde el movimiento sindical contra Chuquicamata tiene relación con los planes de retiro, incentivo que la empresa entrega a los trabajadores que quieran dejar la empresa, adicionales al pago de indemnización por años de servicio pactado por ley.

En el caso de la división del norte, estos planes se vienen dando desde la década del 90, pero han sufrido importantes variaciones en el tiempo, llegando a pagarse un peak de hasta US$ 330 mil (más de $ 200 millones) por trabajador entre los años 2013 y 2016.

La cifra es completamente distinta a los montos que se cancelaban bajo la administración de José Pablo Arellano, quien puso un sello de austeridad en la minera, ofreciendo solo US$ 80 mil por trabajador e incluso mayor a lo pagado en la administración que lideró Diego Hernández, donde los planes de retiro fluctuaron entre US$ 160.000 a US$ 180.000 por trabajador.

Pero antes existía un fondo de retiro que mantenían los sindicatos N° 1, 2 y el Sindicato Minero, donde cada trabajador aportaba 1 UF mensual durante 20 años. El fondo operó bien cuando en Chuquicamata se iban 40 trabajadores, pero en 1993 los sindicatos ya no tenían recursos para responder y en aquella época los gremios solicitaron préstamos para solventar la salida de sus empleados, los que fueron entregados por Codelco y que quedaron formalizados bajo escritura pública.

Sin embargo, en el 2010, con Diego Hernández se diseñó un plan masivo de recambio generacional en la minera, que se dio con mucha más fuerza en Chuquicamata, y como forma de incentivar la salida se acordó incorporar como aporte adicional a los convenios colectivos, el monto equivalente que cubría el fondo de retiro de los trabajadores que pertenecían a esos sindicatos.

Hasta la fecha, los sindicatos N° 1, 2 y Minero de Chuquicamata tienen una deuda con Codelco producto de estos préstamos, morosidad que asciende a US$ 23 millones, según responde la compañía al ser consultada por Pulso.

“Respecto de la deuda acumulada entre 1993 y 2009, de cerca de US$ 23 millones, actualmente los sindicatos 1 y Minero se encuentran con los pagos de las cuotas mensuales al día. En tanto, el Sindicato N° 2, actualmente, amortiza en forma parcial sus cuotas mensuales y no ha indicado voluntad de corregir esta situación, por lo que la administración evalúa acciones a seguir”, indica la corporación.

De hecho, del total, indican fuentes sindicales, el sindicato que hoy lidera Liliana Ugarte adeuda US$ 16 millones.

En la FTC señalan que desconocen estos privilegios de los trabajadores de Chuquicamata, sin embargo, indican que si “hubiera algún acto que vulnere la legalidad vigente o, derechamente, no sea probo ni transparente, este debe ser investigado”, señala Juan Olguín, presidente de la FTC. Añade que de establecerse así, “la principal responsabilidad pasa por los administradores que permiten situaciones de este tipo”.

En Codelco, en tanto, explican que la actual administración, en la negociación colectiva que concluyó en diciembre de 2016, no incorporó planes de egreso en los contratos colectivos ni tampoco aportes a los sindicatos por concepto de retiro de los trabajadores. “Desde ese entonces hasta ahora, división Chuquicamata solo ha efectuado el ajuste de dotación de los trabajadores de Refinería. En dicho proceso, la administración determinó no realizar aportes a los sindicatos vinculados a esos planes de retiro”.

De hecho, en ese caso en específico, donde las partes conversaron la salida de 40 trabajadores, la estatal pagó, en promedio, US$ 154 mil por trabajador, cifra que es la que hoy está sobre la mesa para la transformación que se requiere para Chuquicamata.

“La transformación que enfrenta la división Chuquicamata para proyectarse hacia el futuro por otros 40 años a través de la explotación subterránea requiere la gestión de las dotaciones y su reducción en los casos que corresponda para asegurar un nivel de productividad que viabilice la operación. El costo de los incentivos a retiro determinados por la actual administración, obedece a los lineamientos de austeridad emanados desde el directorio a las actuales condiciones del negocio y concilian la retribución al trabajador con la sustentabilidad de la división”, recalcan en Codelco.

 

Codelco demanda a Héctor Rocco por deudas en salud por $ 400 millones

Una millonaria demanda interpuso Codelco contra el dirigente sindical Héctor Rocco en mayo pasado. En la acción legal, que actualmente está siendo tramitada en el 2° Juzgado de Letras de Calama, el abogado de la estatal, Nemesio Orellana, está solicitando el pago de $ 439 millones por servicios médicos que el presidente del Sindicato N° 1 de Chuquicamata utilizó cuando su papá, carga familiar de Rocco, estuvo enfermo, falleciendo en diciembre del año 2015.

El problema entre la división y el dirigente surge por diferencias en los tiempos en que el papá de Rocco fue considerado carga familiar del dirigente sindical. Según la demanda de la división ubicada en Calama, Héctor Rocco Gómez fue carga familiar del dirigente desde mayo de 2011 hasta julio de 2013, derecho que después fue suspendido por parte de la Caja de Compensación Los Andes, por haber recibido una pensión otorgada bajo la Ley 19.992 para las víctimas que fueron reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. “Como se verá, a partir del 31 de julio de 2013, el señor Rocco Gómez siguió recibiendo las prestaciones médicas hasta su lamentable muerte”, indica la demanda.

En la réplica que presentó Héctor Rocco, la abogada Margot Fernández indica que su representado llegó, hace algunos meses, a un acuerdo con su empleadora (la demandante) en torno a establecer que muchas de las prestaciones médicas correspondían a honorarios médicos y cirujanos y que, por tanto, a esta fecha se encontraban en calidad de prescritos. En ese sentido, señala que las partes consensuaron un valor final adeudado de $ 190 millones. Además, indica que las partes acordaron reducir el monto debido a una negligencia médica ocurrida en el Hospital del Cobre, lo que provocó el traslado del enfermo hacia Santiago. Por lo tanto, la abogada solicita “no dar lugar a la demanda con costas, declarando que el demandado de autos no resulta ser deudor de la suma pretendida en el libelo”.
Hasta ahora, las partes están a la espera del llamado por parte del tribunal a una audiencia de conciliación, la que aún no tiene fecha.( LaTercera)

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